Refugiados sirios deportados ilegalmente

Refugiados llegan a la isla italiana de Lampedusa. Crédito: Ilaria Vechi/IPS

Organizaciones de derechos humanos presentaron evidencia de que Grecia, Italia y Egipto están deteniendo y expulsando ilegalmente a refugiados sirios.

Los informes fueron presentados por la organización alemana Pro Asyl, las italianas MEDU y Asociación para Estudios Legales sobre Migración (ASGI, por sus siglas en italiano), y la internacional Human Rights Watch (HRW).

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) también expresó preocupación por serios indicios de violaciones al principio de no devolución en Chipre, Bulgaria y Grecia.

Según ese precepto del derecho internacional, ninguna persona debe ser enviada de regreso a su país si allí corre peligro de sufrir persecución.

El martes 19, la Comisión Europea advirtió públicamente a Bulgaria y a Grecia que la expulsión de refugiados sirios era ilegal.

En tanto, Pro Asyl hizo circular un informe detallado el 7 de este mes basado en entrevistas a 90 personas que aseguraron haber sido expulsadas por los servicios de seguridad griegos desde octubre de 2012. Las entrevistas fueron realizadas entre ese mes y septiembre de 2013 en Alemania, Grecia y Turquía.

La mayoría de los refugiados eran de Siria, pero también había personas afganas, somalíes y eritreas.[related_articles]

Las violaciones a las normas internacionales y a los derechos de los refugiados parecen ser sistemáticas y organizadas, incluso con operaciones encubiertas.

Basándose en entrevistas a testigos, Pro Asyl estima que más de 2.000 refugiados habrían sido expulsados de Grecia en el lapso de un año, sin que se les diera la oportunidad de solicitar protección internacional ni protestar ante un tribunal.

En muchos casos, las víctimas se refirieron a agentes de seguridad, a veces enmascarados, que los empujaban a punta de pistola, les sacaban sus pertenencias y los maltrataban.

La organización subraya el caso de nueve hombres sirios expulsados de la isla griega de Farmakonisi, a quienes se mantuvo incomunicados y sometidos a golpizas.

“Hasta ahora no ha habido respuesta del gobierno griego a las acusaciones”, dijo a IPS el director de asuntos europeos de Pro Asyl, Karl Kopp. “La Unión Europea (UE), Frontex (la agencia de gestión fronteriza del bloque), el gobierno de Alemania y otros países tampoco admiten su complicidad en este escándalo de derechos humanos”.

“La UEexigió y financió medidas para detener a refugiados en las regiones (griegas) de Hebros y del Egeo. Frontex opera en básicamente todas las áreas donde hubo expulsiones”, dijo Kopp.

El 12 de este mes, Acnur pidió al gobierno griego que respondiera sobre pruebas sólidas de que habría organizado la deportación masiva de 150 sirios ese día, incluyendo varias familias con hijos.

Adrian Edwards, portavoz de Acnur, dijo en Ginebra que esa agencia de la Organización de las Naciones Unidas “recibió información de aldeanos de que ese grupo (de sirios) había sido detenido y transportado en vehículos policiales a un lugar desconocido, y no fue transferido a un centro de recepción”.

“Todavía no conocemos su paradero”, añadió. La agencia solicitó a las autoridades griegas que investigaran su destino.

Los refugiados habían llegado a Grecia cruzando la frontera nororiental de Hebros en las primeras horas de la mañana de ese día, antes de ser detenidos por la policía. Un equipo de Acnur visitó el sitio esa tarde.

El 13 de noviembre, MEDU y ASGI publicaron su propio informe denunciando la expulsión de sirios a Grecia desde puertos italianos. Entre abril y septiembre de este año, las organizaciones entrevistaron a 66 jóvenes que fueron deportados cuando intentaban refugiarse en Italia.

MEDU registró 102 casos de repatriaciones ilegales.

Loredana Leo, abogada de ASGI, dijo a IPS que la mayoría de los afectados eran solicitantes de asilo.

“Cuando llegaron a los puertos italianos luego de un viaje arriesgado, la mayoría eran incapaces de declarar su edad o de pedir protección debido a la falta de traductores. Algunos de ellos sufrieron violencia a manos de las autoridades italianas, y la mayoría no tenían identificación”, señaló.

ASGI se prepara para demandar a Italia y a Grecia ante la Corte Europea de Derechos Humanos, por “violar la Convención Europea sobre Derechos Humanos”, informó Leo.

HRW también advirtió este mes sobre la política de detenciones y de repatriaciones forzadas de refugiados, que estaría adoptando el gobierno de Egipto.

Más de 1.500 refugiados procedentes de Siria, incluyendo a unos 400 palestinos y a unos 250 niños y niñas desde dos meses de edad, estuvieron detenidos semanas y meses en Egipto.

La organización con sede en Nueva York también deploró que las autoridades egipcias aconsejen a los refugiados que abandonen el país, diciéndoles que la única forma de evitar la detención es trasladarse a Libia o regresar a Siria.

Según HRW, “más de 1.200 de los refugiados detenidos, incluyendo unos 200 palestinos, fueron coaccionados para que se fueran”, y decenas optaron por regresar a Siria.

Acnur llama a una moratoria global de las deportaciones de refugiados sirios.

Las autoridades de Egipto estiman que hay 300.000 sirios en ese país, de los cuales 125.000 están registrados en Acnur.

Además, hay entre 5.000 y 6.000 palestinos que llegaron también de Siria, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA).

“Egipto está dejando a cientos de palestinos procedentes de Siria sin protección… y en condiciones miserables de detención indefinida”, dijo Joe Stork, director de HRW para Medio Oriente y el Norte de África.

“Egipto debe liberarlos inmediatamente y permitir que Acnur les dé la protección que merecen según el derecho internacional”, añadió.

Estas denuncias aparecen en momentos en que se deterioran drásticamente las condiciones de los desplazados por el conflicto sirio.

Según los últimos informes, algunos refugiados sirios, ante la desesperación, están vendiendo riñones a redes de tráfico de órganos o a sus hijas y hermanas adolescentes a organizaciones de trata de personas.

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