La capital de Honduras ejemplifica la inseguridad que vive este país. En los últimos dos años, esta ciudad de calles encumbradas y angostas, donde viven 1,6 millones de personas, se convirtió en una jaula de verjas y portones de hierro en sus principales barrios.
En las zonas pobres la regla es otra: la gente tiene que pagar la extorsión de las maras (pandillas) que decretan horas de acceso y salida en los lugares bajo su control. En algunas de estas barriadas, las pandillas han delimitado su territorio con monigotes colgados en los tendidos eléctricos, constató IPS.
Esta sociedad secuestrada por la delincuencia escogerá entre propuestas represivas o integrales para mitigar el problema, en las elecciones del domingo 24.
En Honduras, con 8,5 millones de habitantes, se producen 20 homicidios diarios. Solo en 2012, se registraron 7.172 delitos, según el Observatorio de la Violencia de la pública Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Eso coloca a este país con el nivel más alto de homicidios del planeta, indica el último ranking de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con un índice de 96,1 muertes por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio mundial es de 8,8, el de América Central de 41 y el de América Latina de 29.
En la colonia (barrio) Peña por Bajo, en el sur de Tegucigalpa, hace tres meses la policía anunció orgullosa la recuperación de una decena de viviendas a los pandilleros. Pero un mes atrás, las maras destruyeron esas casas, y sus habitantes debieron huir a otra parte, una vez que los patrullajes policiales finalizaron.
La extorsión es lo que más afecta a los fatigados tegucigalpenses y de ella no se escapan ni los políticos, cuyos candidatos denunciaron a los medios que han tenido que pagar “tributo” a los delincuentes para realizar su proselitismo electoral.
En los últimos cuatro años, 2.607 personas debieron desplazarse por la violencia en Honduras, indica la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Karim Vargas es una víctima más, y no sabe hasta dónde los comicios de este domingo cambiarán su suerte.
Vive en Peña por Bajo, es recepcionista de un hotel y, aunque quiere seguridad, no está muy convencida de que la solución sea la militarización.
Esa es la propuesta del candidato del gobernante y derechista Partido Nacional (PN), Juan Orlando Hernández, quien promete mano dura contra la delincuencia.
Hernández, presidente del Congreso legislativo que su partido controla, es el artífice de la recién creada Policía Militar de Orden Público, destinada a labores de inteligencia para combatir el crimen organizado.
Sus primeros 1.000 efectivos comenzaron en octubre a patrullar las calles de Tegucigalpa y la segunda ciudad del país, San Pedro Sula, en forma improvisada y en plena campaña, sin haber recibido formación para atender la seguridad ciudadana.
“Una siente un poco de seguridad cuando los ve en las calles, pero sabemos que eso no dura, cuando se van, los mareros (pandilleros) vuelven, atemorizan y todo sigue igual”, dijo Vargas, de 28 años y madre de una niña de dos. “Todo es política y eso no me salva la vida”, añadió a IPS.[related_articles]
Hernández encabeza la propuesta más agresiva contra la delincuencia, eje de la batalla de promesas para elegir a quien sucederá a Porfirio Lobo el 27 de enero.
El politólogo Ernesto Paz dijo a IPS que este candidato intenta convertir “el voto castigo” contra las políticas del gobierno, “en un voto de miedo, veremos si lo logra”.
El abanderado del PN cree que tendrá éxito. “Voy a recuperar la paz y la tranquilidad de la mano de la policía militar”, afirmó a corresponsales extranjeros.
Hernández compite con otros siete candidatos, de nueve partidos políticos, en unas elecciones que van a consagrar el fin de la hegemonía del bipartidismo y el surgimiento de un abanico multicolor, después de un control histórico del poder del PN y del Partido Liberal (PL), de derecha más moderada.
A ellos se sumaban los también tradicionales Partido Innovación y Unidad, socialdemócrata, el Partido Demócrata Cristiano y el izquierdista Unificación Democrática.
El terremoto político, social e institucional que supuso el golpe de Estado de junio de 2009 contra Manuel Zelaya, entonces dirigente del PL, provocó la irrupción de cuatro nuevos partidos, en los que reposa la esperanza del refrescamiento de los poderes democráticos.
Son ellos el izquierdista Libertad y Refundación (Libre), creado por Zelaya cuando retornó al país en 2011, el izquierdista Frente Amplio Popular Electoral en Resistencia, el centroderechista Partido Anticorrupción y la Alianza Patriótica, de extrema derecha.
Estas elecciones pondrán también cierre a los efectos institucionales del golpe, porque los comicios de cuatro años atrás, en los que triunfó Lobo, se hicieron a la sombra del gobierno golpista y el nuevo presidente demoró meses antes de ser reconocido por la comunidad regional e internacional.
De hecho, el partido del presidente derrocado, Libre, tiene opción de arrojar al PN y al PL juntos a la oposición. Su abanderada es la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, quien llega a la jornada electoral con un empate técnico con Hernández en cuanto a intención de voto, según los últimos sondeos, realizados en octubre.
Castro tenía una intención de voto de 29 por ciento, frente a 27 por ciento de Hernández, mientras el tercero en disputa, Mauricio Villeda, del PL, mostró un notable repunte, lo que genera incertidumbre sobre los resultados.
Castro, como Villeda, se decanta por una política integral para combatir la delincuencia, que contemple represión, prevención y rehabilitación. En ese marco, propone una policía comunitaria, cercana a la gente.
Ramón Custodio, el defensor del Pueblo, lamentó a IPS la politización de la inseguridad, porque enfrentarla es una prioridad de Estado y “no debe ser una plataforma para generar votos”.
Custodio anticipa que quien gane las elecciones no resolverá los problemas de inseguridad. También plantea que Honduras debe ingresar en una era de pactos y reformas, para evitar una “caja de Pandora” que genere mayor ingobernabilidad.
En los comicios del domingo, además de la Presidencia para el próximo cuatrienio, se decidirán tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados principales e igual número de suplentes, y los alcaldes de los 298 municipios.
