Imagine un orfanato de 300 niños abandonados por haber sido fruto de violaciones sexuales. Ahora imagine una aldea donde solo en el último año fueron violados 11 bebés de entre seis meses y un año y 59 infantes de entre uno y tres años.
La historia de la violencia sexual en los conflictos es tan antigua como la guerra misma. No distingue fronteras, condición étnica, religión ni edad.
La población de la República Democrática del Congo (RDC) conoce demasiado bien el sufrimiento de la violencia sexual. Según un informe del Ministerio de Género, solo en 2012 se reportaron 15.654 casos, un aumento de 52 por ciento en relación a 2011.
De estos delitos, 98 por ciento se perpetraron contra mujeres. En las zonas congoleñas de conflicto, la edad promedio de las sobrevivientes es menor a 21 años, y un tercio tienen entre 12 y 17 años. El año pasado, 82 por ciento de todas las víctimas no habían completado la escuela primaria.
Estos no son solo números. Se trata de niños concebidos en violaciones y abandonados, y también de mujeres y niñas que día a día soportan las secuelas físicas y emocionales de semejante agresión, y de hombres y niños que sufren en silencio la vergüenza y el estigma asociados a este delito.
Todos los sobrevivientes deben recibir la atención necesaria, y todos los actores involucrados deben unir fuerzas para permitir que reconstruyan sus vidas y evitar que estos hechos se repitan.
No fue este conflicto el que creó el flagelo de la violencia sexual que hoy enfrentamos en la RDC. Las raíces, en especial la desigualdad de las mujeres y el abuso de poder, han estado ahí durante siglos.
En la RDC y en todo el mundo, la violencia de género es el abuso más prevalente, pero menos reportado, de los derechos humanos.
El conflicto genera inseguridad y un entorno de impunidad, lo que a su vez exacerba la violencia sexual preexistente.
Para erradicar efectivamente la violencia sexual en los conflictos debemos redoblar la promoción de los derechos femeninos como derechos humanos, y crear mecanismos viables que pongan fin a la impunidad y envíen un potente mensaje de que este abuso de poder, extremo y dominante, no se tolerará. Debemos hablar fuerte y claro: se juzgará y se castigará.
La violencia sexual en situaciones de guerra, como la que vive el oriente de la RDC, presenta desafíos únicos. Según el último informe del secretario general (de la Organización de las Naciones Unidas, ONU) solo en esa parte del país operan más de 44 grupos armados, algunos procedentes de países vecinos.
[related_articles]Casi todos estos grupos han estado implicados en delitos sexuales. También se acusa a efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía. En este contexto, resulta particularmente complejo atraer a una amplia variedad de actores estatales y no estatales para garantizar que las violaciones no se usen como arma de guerra.
Los costos económicos y humanos de estos delitos y de otras formas de agresión de género son tremendos: incluyen la pérdida de vidas y sustentos, el rechazo de familias y comunidades y graves consecuencias para la salud reproductiva y mental, incluso con riesgo de muerte.
Pero la violencia sexual no es inevitable.
El gobierno de la RDC ha reconocido estas consecuencias y ha tomado medidas para modificar el discurso público ante este problema. En 2006 aprobó una ley que amplió la definición de violencia sexual y promovió sanciones más severas para los perpetradores.
En 2009, el país desarrolló la Estrategia Nacional sobre Violencia de Género, y en marzo de este año el gobierno y la ONU firmaron un comunicado conjunto, exponiendo las acciones concretas que las autoridades adoptarían para erradicar estos delitos.
Todos estos son pasos en la dirección correcta, pero es necesario hacer mucho más. Las leyes tienen que aplicarse, y se debe juzgar y condenar a los agresores.
Hacer que impere la ley en un territorio inmenso donde el derecho consuetudinario es, en muchos lugares, la única autoridad reconocida, representa un enorme desafío para las instituciones y los actores concernidos en el combate a la impunidad.
Sin embargo, la RDC no está sola en esta lucha. El sistema de la ONU, que incluye las fuerzas de mantenimiento de la paz, también tiene una responsabilidad directa en apoyar y facilitar las iniciativas nacionales.
Asumimos esta misión conjunta para la RDC para profundizar el compromiso político, potenciando la participación de las instituciones democráticas, los dirigentes políticos y la sociedad civil.
Nuestro objetivo es que los compromisos asumidos y el trabajo hecho por el gobierno y la ONU marquen una diferencia en las vidas de mujeres, niñas, niños y hombres que viven con temor cada día.
Nos comprometemos a trabajar hacia la eliminación de la violencia sexual en la RDC.
Para lograr avances significativos, necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, de todo el sistema de la ONU y del gobierno. También abogamos por una mayor atención de los donantes en los servicios básicos para los sobrevivientes, que incluyan educación, atención de salud, refugio, sustento y otras acciones psicosociales.
La violencia sexual en la RDC dista de haber terminado, pero trabajando juntos podemos poner fin a lo que durante mucho tiempo constituyó el mayor silencio de la historia, y escribir su capítulo final.
Eliminar la violencia de género y empoderar a mujeres y niñas constituyen la esencia de los cambios que este país debe adoptar para alcanzar la paz y el desarrollo.
Babatunde Osotimehin es subsecretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas y director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Zainab Bangura es subsecretaria general del foro mundial y representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos.
