El gobierno de Pakistán suspendió la ejecución de tres hombres integrantes del movimiento extremista Talibán, ordenada por la justicia. Pero no se trata de una medida humanitaria, alegan dirigentes opositores.
“Detener las ejecuciones significa sucumbir a la presión del Talibán”, sostuvo Mian Iftijar Hussain, del Partido Nacional Awami (PNA).
Esa fuerza política, que gobernó la norteña provincia de Jyber Pajtunjwa desde 2008 hasta este año, asumió una fuerte prédica contra los radicales islámicos, por lo cual sufre constantes ataques de estos. El grupo armado Tehreek-e-Talibán Pakistán (TTP) ha asesinado a unos 800 dirigentes y simpatizantes de este partido.
Los radicales no vacilan a la hora de perpetrar sus propias ejecuciones y matar a gente inocente en ataques explosivos y suicidas, dijo Hussain a IPS.
“El Talibán mató a cientos de personas sin juicio previo, pero ahora llora por la ejecución de sus hombres, que fueron condenados por la justicia”, señaló.
Attaullah Jan, Mohammad Azam y Jalal Shah, miembros del grupo extremista Lasjar-i-Jhangvi (LeJ), vinculado al Talibán, habían sido sentenciados por un tribunal antiterrorista en 2004 por numerosos asesinatos.[related_articles]
El 30 de junio venció la suspensión de ejecuciones que había impuesto el ahora expresidente Asif Ali Zardari (2008-2013), por lo cual se dispuso que los tres convictos cumplieran su pena.
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán exhortó sin éxito al gobierno a que extendiera la moratoria. En las cárceles pakistaníes hay unos 8.000 reos que esperan su ejecución en la horca.
“El gobierno fijó las ejecuciones de los tres combatientes islámicos para el 20, el 21 y el 22 de agosto, pero decidió postergarlas a último momento”, explicó a IPS el activista Mohammad Irfan, de la organización no gubernamental Freedom for All (Libertad para todos).
La gobernante Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (LMP-N) “le tiene miedo al TTP, y por eso suspendió las ejecuciones”, afirmó.
El TTP ha asesinado a civiles y a soldados pakistaníes en todas las provincias del país, excepto en la oriental de Punyab. Sin embargo, luego de anunciadas las ejecuciones, los talibanes amenazaron con realizar ataques también allí.
Maulana Asmatullah Muavia, portavoz del TTP, advirtió en una declaración el 12 de agosto que el gobierno federal “tendrá que pagar un precio” si envía a la horca a los tres yihadistas.
“Hemos librado una guerra contra esos partidos políticos que se convirtieron en marionetas de los militares. Algunos elementos de las agencias de espionaje están intentando hacer que la LPM-N la emprenda contra el Talibán”, señaló.
El TTP alegó que el gobierno pakistaní cedió a la presión de Estados Unidos al ordenar la ejecución de los tres condenados.
Mientras, dirigentes del opositor PNA afirman que el gobierno postergó los ahorcamientos para evitar que el Talibán llevara la violencia a Punyab.
Esa provincia “siempre estuvo libre de combatientes, concentrados en Jyber Pajtunjwa, Balochistán y Sindh», porque el gobierno de Punyab proveía un “rincón tranquilo” al Talibán, dijo a IPS el senador del PNA, Muhammad Adeel.
“El TTP amenazó al gobierno con ataques como los que lanza contra el PNA si procedía con las ejecuciones. Vamos a esperar y ver qué pasa. Hasta ahora, la administración de Punyab está en la lista de amigos del Talibán”, señaló.
Shahbaz Sharif, hermano menor del primer ministro Nawaz Sharif, es el ministro jefe de Punyab. LeJ, Lasjar Toiba, Jamatu Dawa y otras organizaciones radicales tienen sus bases centrales en esa provincia.
“Durante años hemos exigido al gobierno de Punyab que actúe contra los combatientes islámicos, pero en vez de hacerlo los apoya”, dijo Adeel.
Líderes de la gobernante PML-N subrayaron que la condena a muerte correspondió a la justicia y que la decisión final es de su competencia, pero pocos dudan de que, cualquiera sea, obedecerá a presiones políticas.
Mientras, los archivos para librar órdenes de ejecución de otros cinco miembros del TTP fueron enviados al primer ministro para que este los dirija al presidente, informó el ministro del Interior, Chaudhry Nisar.
Las señales desde el gobierno indican que tampoco estas se llevarán a cabo, argumentan los opositores de la ANP, pero por las razones equivocadas.
