Representantes de 38 países de América Latina y el Caribe concluyeron este jueves 15 una reunión en la capital uruguaya instando a los gobiernos de la región a que evalúen la posibilidad de cambiar sus legislaciones sobre el aborto.
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo insta a los estados a “considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”.
El documento fue aprobado al término de la I Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que había comenzado el lunes 12.
“Nuestra evaluación es de algarabía. Las feministas llegamos aquí con una serie de propuestas claras que fueron tomadas íntegramente por los gobiernos y lanzaron una señal contundente al mundo de que en América Latina los derechos de las mujeres van in crescendo”, dijo Daptnhe Cuevas, de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
En diálogo con IPS apenas concluidas las negociaciones, la activista mexicana calificó el resultado de “éxito contundente” y elogió a los gobiernos por haberse comportado “a la altura de las demandas”.
El Consenso de Montevideo también llama a “asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados”.
El encuentro fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el gobierno de Uruguay, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reuniendo además a 24 organismos regionales e internacionales y a 260 organizaciones no gubernamentales.
El documento contiene más de 120 medidas sobre ocho temas prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró en El Cairo en 1994.
Las recomendaciones serán la contribución de América Latina y el Caribe a las reuniones de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU y de la Asamblea General, que se realizarán en Nueva York el año próximo.
La audiencia total en Montevideo superó las 800 personas, lo que representa uno de los encuentros intergubernamentales más grandes de los últimos años en la región, según Cepal.
Cuevas destacó que el movimiento feminista halló eco en los ejes centrales de sus reclamos, “como la ratificación del estado laico como una condición indispensable para el ejercicio del derecho de las mujeres”.
Efectivamente, el Consenso de Montevideo, en sus principios generales, reafirma “que la laicidad del Estado es también fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas”.
Al cierre de la conferencia, el subsecretario de Salud Pública de Uruguay, Leonel Briozzo, sostuvo que lo acordado es una muestra de que “El Cairo no va para atrás, sino para adelante”.
“Incrementamos significativamente lo que El Cairo planteó, y lo hicimos desde una diversidad de enfoques que fueron respetados de una forma absoluta y completa. Como región, que siempre tenemos el mote de desigual, estamos dando un ejemplo de democracia”, celebró.
“Pudimos llegar a un acuerdo donde nadie se vio pisoteado y nadie se vio ignorado. Esta construcción colectiva, con cerca de 130 acuerdos, la hicimos entre todos. Es un producto nuestro y es un producto para el mundo”, agregó.
Los países también se comprometieron a adoptar un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e intercultural.[related_articles]
Asimismo, acordaron invertir más en juventud, especialmente en educación pública, e implementar programas de salud sexual y reproductiva integrales, dando prioridad a la prevención del embarazo en la adolescencia, así como a tomar medidas para garantizar un envejecimiento de calidad.
Cuevas destacó como avance que se reconocieran los derechos sexuales y los derechos reproductivos como conceptos separados.
“Dimos un paso más al reconocerlos por separado. Lo que se aprobó hace 20 años en El Cairo se refería a los derechos reproductivos, pero no a los sexuales”, indicó.
“Ha avanzado la información, tenemos conceptos claros y sabemos que no necesariamente los derechos sexuales están vinculados a la reproducción. Son temas diferentes, hacen sujetos de derecho diferenciados y en esta ocasión logramos que así se plasmaran en el acuerdo”, agregó.
“La discusión distó mucho de las discusiones de otros momentos. Creo que el tono cambió sustantivamente, y cambió colocando a las mujeres como personas de carne y hueso”, indicó.
Además, se menciona claramente “el derecho a las orientaciones sexuales y las identidades de género. Las identidades de género pueden ser variadas y no se había dado el trabajo de indicarlo en un acuerdo regional. Por primera vez se incluye, no teníamos un antecedente en un consenso previo, y eso es muy importante”, añadió.
Teresa Lanza, coordinadora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia, dijo a IPS que «el siguiente paso es que esto se plasme en voluntad política y en presupuestos suficientes para que todo lo que se ha logrado aquí funcione realmente y haga carne en la vida de todas las mujeres de América Latina y el Caribe”.
Las activistas atribuyeron gran parte de los avances al liderazgo de Uruguay. “Tradicionalmente nos enfrentamos en muchos espacios en el sistema de Naciones Unidas a que el documento base suele ser un documento que no lastima demasiado los callos de nadie, y si empiezas a negociar a la baja no necesariamente vas a ganar”, dijo Cuevas.
“Uruguay puso un punto de partida al alza, y eso nos permitió una negociación en la que los países tuvimos posibilidad de un diálogo menos panfletario, y menos de ideologías de entrada”, explicó.
En su punto 88, el Consenso de Montevideo llama a “respetar y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, incluidos a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, prestando particular atención a los desafíos que plantean las industrias extractivas y otras grandes inversiones a escala global”, cuestión a la que inicialmente Chile había presentado reservas.
La líder quechua Tania Pariona, de la Red de Organizaciones de Jóvenes Indígenas del Perú, dijo a IPS que «ha habido un trabajo colectivo».
«Por el momento vemos que los estados han tenido cierta apertura para con la sociedad civil. Hay buena recepción, buena visión para lo que se quiere para el futuro de la región y eso es un avance”.
