Las decisiones del gobierno de Brasil para combatir las sequías en la región del Nordeste son un ejemplo de las desavenencias entre el poder político y parte de la ciudadanía, que estallaron en junio en inesperadas protestas callejeras.
Aun cuando abrazó una solución nacida de la población: diseminar reservorios para almacenar el agua de las lluvias, el gobierno de Dilma Rousseff lo hizo de forma tal que niega aspectos esenciales de la iniciativa, desconociendo una experiencia exitosa de una década, según autores de esa idea.
“No nos escucharon”, lamentó Naidison Baptista, un coordinador de la Articulación Semiárido Brasileño (ASA), la red que reúne a casi 1.000 organizaciones no gubernamentales, comunitarias, sindicales, religiosas y campesinas, creada en 1999 con el propósito de asegurar agua potable a las familias rurales pobres y vulnerables a las sequías.
La presidenta Rousseff anunció en julio de 2011 que, hasta el final de su mandato en 2014, el Estado federal distribuirá 750.000 cisternas en la zona del Semiárido, por medio del programa “Agua para todos”, incluido en su plan de erradicación de la miseria.
Eso hubiera representado el triunfo definitivo y con creces del movimiento iniciado por ASA, que registra 476.040 cisternas rurales hechas hasta el 17 de este mes, casi la mitad de su meta. Con las prometidas por el gobierno, se universalizaría el beneficio entre la población necesitada.
[related_articles]En el Semiárido, el interior del Nordeste de escasa pluviosidad, cuya extensión supera los territorios sumados de Alemania y Francia, viven 22 millones de los 198 millones de brasileños. Casi 8,6 millones de ellos son campesinos, según el censo de 2010.
Pero las cisternas ofrecidas por el Ministerio de Integración Nacional, encargado del programa gubernamental, son de plástico, fabricadas por empresas industriales y distribuidas a través de los gobiernos estaduales y municipales.
“Es el viejo modelo, sin participación de la población”, señaló Baptista a IPS. Se vuelve a la relación paternalista de las donaciones de gobernantes, generando dependencia de los beneficiados, pues no conocen el origen ni saben cómo mantener el producto. Sin involucrarse en el proceso de su construcción, no lo cuidan, apuntó.
En cambio, las cisternas de ASA son hechas de placas de cemento por albañiles locales e instalados por los mismos pobladores, que se capacitan en la gestión del agua para que dure los ocho meses de estiaje y permanezca siempre potable.
De esa forma las obras dinamizan la economía local, al consumir materiales y servicios de proveedores cercanos, ampliando las ocupaciones remuneradas en un mercado que carece de empleos.
Es una solución “endógena, autónoma”, que contribuye a la convivencia con el Semiárido y distribuye renta, definió Baptista.
Por su parte, el programa gubernamental concentra los ingresos en pocas empresas lejanas y refuerza la tradicional “industria de la sequía”, expresión que designa la explotación de la tragedia, cobrando precios altos para el agua sucia entregada en camiones-cisterna o su canje por votos.
Además, una cisterna de plástico cuesta 5.090 reales (2.300 dólares), reconoce el Ministerio de Integración, más que el doble del costo de una de cemento. Eso, multiplicado por centenares de miles, resulta “un mercado de gran lucro” para la industria, sostuvo Baptista.
ASA lanzó la campaña “cisternas de plástico PVC-estamos en contra”, luego del vuelco gubernamental a fines de 2011. Es una “trampa”, porque excluye a la población local del proceso y de la reproducción de la técnica, denunció.
El gobierno nacional argumenta que la producción industrial a gran escala es necesaria para acelerar la diseminación de los sistemas de almacenaje de agua potable y agrícola, en un momento de fuerte y prolongada sequía.
Pero es una “falsa” justificación, ya que ASA puede movilizar hasta 3.000 organizaciones locales y multiplicar sus acciones si contara con la financiación correspondiente, responde Baptista.
La decisión de las autoridades federales exigió un ajuste institucional, transfiriendo el protagonismo a los gobiernos locales, en desmedro de las organizaciones de la sociedad civil.
Como una primera consecuencia, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) suspendió su aporte financiero al Programa Un Millón de Cisternas (P1MC), que ASA impulsaba desde 2003 con apoyo diversificado de bancos, empresas y donadores extranjeros, además del gobierno nacional.
Pero una movilización de unas 15.000 personas el 20 de diciembre de 2011 en Petrolina, un polo de fruticultura irrigada del Nordeste, hizo que el MDS volviera atrás y firmara nuevos acuerdos con ASA.
Las cisternas de polietileno proliferaron desde el año pasado, pero enfrentan rechazos en ciertas comunidades. Algunas alcaldías, como la de Serra Talhada, en el estado de Pernambuco, tampoco las aceptaron.
El plástico se deforma con el sol fuerte y “el agua se calienta mucho, hace daño a la barriga”, se quejó Rosalina Maria de Jesus, una indígena de “más o menos 70 años”, del pueblo Pankararú, también de Pernambuco.
Las cisternas industriales abolladas por el calor fueron sustituidas y corregidas en las fábricas, pero igual quedó la desconfianza de que no resistirán mucho tiempo al sol tropical.
En algunos municipios abarrotan plazas durante semanas o meses ante la lentitud de las alcaldías en destinarlas a las familias. En uno de esos casos, Maracás, en el estado de Bahia, se incendiaron 830 cisternas de PVC, después de 40 días de permanencia en un terreno municipal.
Las de cemento, que se ha comprobado que duran muchas décadas, fueron creadas por un joven campesino que emigró en 1955 a São Paulo, donde aprendió a construir piscinas. Luego de volver a Bahia inventó las placas premoldeadas que permiten, en pocas horas, hacer el depósito cilíndrico que está erradicando la sed y salvando vidas infantiles antes acortadas por el agua contaminada.
Los dos tipos de cisterna conviven en la aldea Pankararú como en muchos municipios. Las de plástico reflejan un avance, dentro del gobierno, de la vieja concepción de “combate a la sequía”, que acumuló fracasos en la historia del Nordeste.
Su mayor obra actual es el trasvase del río São Francisco, diseñado para llevar agua a 12 millones de personas, principalmente urbanas.
El megaproyecto iniciado en 2007 asombra a la opinión pública por su costo creciente, actualmente estimado en 8.200 millones de reales (3.700 millones de dólares) y continuas interrupciones en la construcción de sus 713 kilómetros de canales a cielo abierto, haciendo temer un nuevo “elefante blanco” en el Semiárido.
En contraposición, ASA promueve la “convivencia con el Semiárido”, cuyo ejemplo más notable son las cisternas que atienden a la población rural difusa, la más afectada por las sequías.
La ambigüedad del actual gobierno, que destina a iniciativas de la sociedad, como ASA, recursos ínfimos en comparación con las abultadas inversiones en megaproyectos, estimula las actuales protestas callejeras.
En la población crece la desconfianza y se cree que las decisiones nacionales se convirtieron en negocios entre gobernantes y grandes empresas.
