Las mujeres en distintas partes del mundo están expuestas a violencia doméstica, sexual y de género, a la explotación económica, mutilaciones genitales y matrimonio precoz. Pero el riesgo para las que pertenecen a comunidades aborígenes es especialmente alto.
En ese contexto, la Fundación Tebtebba defiende los derechos de las comunidades aborígenes y trabaja para la correcta implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Victoria Tauli-Corpuz, directora ejecutiva de la Fundación y presidenta de la Red de Mujeres Indígenas de Asia, conversó con IPS sobre cómo ellas pueden cuestionar las prácticas discriminatorias y qué cosas puede hacer la comunidad internacional para ayudarlas.
Tauli-Corpuz también trabajó como consultora para el informe: “Breaking the Silence on Violence Against Indigenous Girls, Adolescents and Young Women” (Rompiendo el silencio sobre la violencia contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes mujeres indígenas), un esfuerzo conjunto de diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El estudio pretende hacer frente al “‘silencio estadístico’ respecto de la violencia contra niñas y mujeres indígenas”.
IPS: En algunas comunidades, el sometimiento de las mujeres a los hombres y la violencia que sufren se consideran parte de su tradición cultural. ¿Cómo se puede hacer frente a esa idea?
[related_articles]VICTORIA TAULI-CORPUZ: La violencia contra mujeres y niñas viola los derechos humanos y no debe tolerarse de ninguna manera, aun cuando se la califica como “parte de una tradición local” o como algo “cultural”.
La violencia es una experiencia individual, aunque hay situaciones en que las mujeres que pertenecen a un determinado grupo, como las comunidades indígenas, corren un mayor riesgo de sufrir actos de este tipo debido a coyunturas históricas y actuales de colonización, dominación, racismo y discriminación.
Si hay prácticas culturales que promueven la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, es necesario criticarlas y cambiarlas con severidad.
IPS: ¿Cómo se pueden implementar medidas efectivas contra la violencia en las comunidades indígenas en las que la jerarquía interna de las obligaciones familiares y sociales es particularmente importante?
VTC: Se pueden implementar medidas efectivas si los organismos estatales y las organizaciones no gubernamentales dan ciertos pasos.
Pueden ayudar a fortalecer a las organizaciones indígenas para que atiendan el problema, documentar y registrar el fenómeno y asistir a los gobiernos locales para que implementen estrategias culturales y con enfoque de género para manejar estos asuntos y con presupuestos para que desarrollen programas.
También pueden crear conciencia entre las poblaciones indígenas (entre autoridades tradicionales y organizaciones aborígenes) sobre los derechos de mujeres, niños y niñas, así como sobre la violencia que sufren.
IPS: El colonialismo hizo que algunos pueblos indígenas internalizaran el racismo y que las mujeres aborígenes aceptaran la violencia. ¿Podría explicar el vínculo entre colonialismo y violencia contra las indígenas?
VTC: El colonialismo, ligado al patriarcado, privó a las mujeres indígenas de derechos básicos como ser dueñas y controlar sus propias tierras, territorios y recursos. Perpetuó el racismo y la discriminación que sufren a tal punto que algunas niegan su identidad indígena y tratan de emular las formas de los colonizadores.
Esa es solo una forma en que las mujeres internalizan su opresión, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la trata de personas y a la prostitución.
El alcoholismo y la drogadicción también fueron herramientas de los colonizadores para deshumanizar a los indígenas, y el patriarcado colonial reforzó o promovió el machismo entre los hombres. Todos estos son factores que explican la violencia que sufren las niñas y las mujeres indígenas.
Los esfuerzos de los colonizadores por extraer minerales, petróleo y gas de territorios indígenas también llevaron a construir enclaves donde los trabajadores vivían y llevaban mujeres prostituidas.
IPS: A veces, el estado exacerba elementos que generan violencia contra las mujeres y las niñas, y hasta puede ser él mismo responsable de perpetrarlas, como políticas discriminatorias o servicios de salud y educación carentes de perspectiva cultural. En estos casos, ¿qué pueden hacer las agencias de la ONU?
VTC: La ONU pude ayudar a facilitar canales u oportunidades para que las mujeres indígenas usen tratados como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o el Comité sobre los Derechos de la Infancia o el Comité de los Derechos Humanos, para presentar quejas contra políticas discriminatorias y programas estatales.
El representante especial del secretario general para violencia contra mujeres, niños y niñas también puede visitar países donde se denuncian casos de violencia contra poblaciones indígenas.
Los fondos y las agencias de la ONU, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas deben asignar más asistencia técnica y financiera para atender este tema a escala local, regional y global.
IPS: El informe de la ONU “Breaking the Silence” se basa en la idea de que la violencia contra las indígenas debe atenderse como un problema específico, incluido pero diferenciado de la violencia general contra las mujeres. ¿Se corre el riesgo de etiquetarlas con este enfoque? ¿De qué forma contribuye a resolver el problema?
VTC: Pedir que la violencia contra las indígenas se considere un problema específico solo establece el hecho de que si hay pocos servicios para atender a las mujeres y a las niñas en general, hay aun menos para las que pertenecen a comunidades aborígenes.
No se corre el riesgo de etiquetarlas. Solo es una cuestión de nombrar el problema para atenderlo de forma más adecuada y efectiva.
También permite aclarar que las mujeres aborígenes, generalmente, no concuerdan con utilizar la cultura o la tradición para justificar la violencia que padecen y para subrayar que las personas que con mayor eficacia atienden el problema son ellas mismas que, empoderadas, reafirman sus derechos en tanto que mujeres e indígenas.
