La desaparición forzada de personas no necesariamente entraña la muerte inmediata de las víctimas. En México también es un medio de alimentar mercados de explotación y esclavitud.
México ha retrocedido «a la barbarie de los gladiadores romanos», dijo a IPS el abogado Juan López, asesor legal de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fuundec-Fundem), un grupo que nació para apoyar a familias que buscaban a sus seres queridos en el norteño estado de Coahuila y que por necesidad adquirió presencia nacional.
En el escenario mexicano, pautado por el crimen organizado y la militarización de la seguridad pública, las desapariciones de personas no siguen el patrón de décadas pasadas en este país y en otros de América Latina, marcados por las dictaduras, la represión ilegal a opositores y los conflictos armados.
Hoy le toca «a cualquier hijo de vecino», indicó López. Una parte no definida de estas víctimas caen en un «negocio alterno» que deja «pingües ganancias: una fuerza laboral a la que no se paga, pues está esclavizada», indicó.
Allí entrarían el reclutamiento forzado de jóvenes adolescentes y niños para llenar vacantes en las huestes de sicarios, laborar en la producción de drogas u otras tareas que requieren las mafias o para el tráfico de órganos.
«Hay informes confirmados» de autobuses detenidos por grupos armados que luego «se llevan a todos los hombres jóvenes», dijo López.
El perfil de las víctimas también ha cambiado, indica el análisis de casos denunciados. Primero, los desaparecidos eran hombres de entre 45 y 30 años, luego la franja de edad bajó a 25-20 años y a 19-17. Hoy también se secuestra a adolescentes, mientras que la proporción de mujeres creció a tal punto que ya constituye la mitad de las nuevas desapariciones, añadió.
En la actualidad florece en México la trata laboral y sexual, el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas y de armas. El central estado de Tlaxcala es epicentro de redes que captan mujeres en más de 20 distritos e, incluso, en zonas fronterizas, y las explotan en ciudades de este país y de Estados Unidos.
La Organización Internacional para las Migraciones sostiene que 80 por ciento de las personas traficadas en México son mujeres y niñas. Este país es el segundo, después de Tailandia, en cantidad de víctimas de trata enviadas a Estados Unidos.
[related_articles]Estas personas, «levantadas» en calles, pueblos y comunidades, pasan a engrosar «un mercado humano», y es posible que muchas «estén con vida», estimó López.
En los seis años del mandato presidencial de Felipe Calderón (2006- 2012), desaparecieron 26.121 personas, según la base de datos que el actual gobierno de Enrique Peña Nieto publicó a fines de febrero.
Nadie sabe qué pasó con ellas. El listado omite casos muy conocidos, según comprobaron las familias, e información, poca o mucha, recabada a menudo por los propios parientes.
Los relatos espantan: jóvenes a los que se obliga a pelear entre sí, hasta que uno muera, o a descuartizar viva a una mujer, como acto de iniciación y de alienación del reclutado. Grupos de hombres forzados a entrenamiento del que solo sobreviven los más aptos. Mujeres engañadas, esclavizadas y sometidas con amenazas contra sus hijos.
Brenda Rangel, de 35 años e integrante de Fundem, busca a su hermano Héctor, quien tenía 28 cuando policías municipales lo detuvieron, en noviembre de 2009, junto a otros dos hombres en Monclova, Coahuila.
«Pero no los pusieron a disposición de ninguna autoridad», dijo Rangel a IPS. Ella supo lo que ocurría porque su hermano pudo llamarla por celular. «La policía lo entregó a alguna organización ilegal». Al día siguiente, estaba en Monclova y ha movido cielo y tierra para encontrarlo. «Mi hermano está vivo», aseguró.
Rangel fue una de las oradoras más elocuentes en la marcha que organizaron madres de desaparecidos de todo el país el viernes 10 en el centro de la capital para reclamar que el gobierno movilice recursos para hallarlos.
«No hay dinero para buscar a los desaparecidos del pueblo», exclamó con voz potente y desgarrada.
Las madres, vestidas de blanco, recorrieron varias cuadras hasta el monumento del Ángel de la Independencia, gritando consignas como «Hija, escucha, tu madre está en tu busca».
Lourdes Valdivia, de 43 años, no sabe de su esposo José Diego Cordero, de 47, ni de su hijo Juan Diego, de 22, desde diciembre de 2010, cuando se fueron de cacería con ocho amigos y parientes. En un retén cerca de Joaquín Amaro, municipio del central estado de Zacatecas, los detuvieron policías municipales.
Con el pretexto de controlar sus permisos para cazar, los encerraron en la delegación policial, contó Valdivia enjugándose las lágrimas. Gracias a un menor al que dejaron ir y a un adulto que pudo escapar, Valdivia supo que «los sacaron en la noche y los entregaron a un grupo, supuestamente Los Zetas», una de las bandas mafiosas que operan en México.
También hay quienes desaparecen por un secuestro extorsivo, por haber presenciado un delito o por quedar atrapados en fuego cruzado.
El ingeniero de sistemas Juan Ricardo Rodríguez se reunió con su novia en septiembre de 2011 en un hotel de Zacatecas, donde él estaba trabajando, para afinar los planes de su boda. Cuando se marchaban, presenciaron que un comando armado se llevaba a tres hombres. La pareja intentó alejarse del lugar, pero también fue capturada.
Policías federales, que hablaron con los hombres armados, observaron toda la escena, dijo a IPS la madre de Rodríguez, Virginia Barajas, quien reconstruyó el hecho gracias a testigos.
Existen versiones de cientos de personas encerradas en depósitos, casas de seguridad de algún grupo ilegal o sitios aislados en zonas rurales.
Para otras fuentes, lo más probable es que los desaparecidos estén muertos, como indican los hallazgos de fosas comunes. Pero hay familias que recibieron restos que no son de sus seres queridos.
Los familiares siempre alimentan la esperanza, apuntó el jurista Santiago Corcuera, quien integró entre 2004 y 2010 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pero Corcuera también distingue varios patrones de desaparición.
Cuando los perpetradores son de alguna fuerza pública, lo más probable es que la víctima termine muerta. Pero hay «connivencia, por ejemplo, con la explotación sexual de mujeres y niñas», o con otro tipo de explotación de carácter laboral, «de apoyo al narcotráfico» y para engrosar las filas del sicariato.
En su opinión, la ley de víctimas que adoptó el gobierno de Peña Nieto es «una luz», porque establece mecanismos de reparación. Pero faltan protocolos de búsqueda, que deberían coordinarse entre los distintos estados y con otros países de la región, advirtió.
López fue más lejos: «El Estado no busca, no investiga. Y se opone a que las familias investiguen».
Según Human Rights Watch, en muchos casos los agentes públicos «dijeron a las familias que el avance de las investigaciones dependía por completo de los esfuerzos que estas realizaran».
