La nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental perjudica a los ciudadanos y comunidades en su consecución de reparación del daño al proteger los intereses de las empresas, denunciaron organizaciones no gubernamentales de México.
«El gobierno favorece a una ley que está lejos de que las comunidades obtengan reparación del daño. Permite contaminar y reducir la sanción económica si el establecimiento cuenta con autorización para sus actividades», dijo a Tierramérica la directora de la no gubernamental Fronteras Comunes, Marisa Jacott.
El Poder Ejecutivo tiene hasta el 1 de septiembre para publicar la ley aprobada en abril y que, así, cobre vigencia.
Esa organización, el capítulo mexicano de Greenpeace, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Colectivas instaron al gobierno a no publicarla para que regrese al debate parlamentario.
La ley requiere la comprobación del daño, el estado base del ecosistema antes del perjuicio y el nexo entre ambos.
