Delegados del gobierno de Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron el domingo 26 acuerdos sobre la política agraria, un paso importante en las conversaciones de paz que se desarrollan desde hace seis meses en La Habana.
La firma de este primer documento que contiene los aspectos principales que hemos abordado es la “puerta de oro” para la continuación de los demás temas que estamos próximos a desarrollar y concretar, comentó a IPS uno de los negociadores de las FARC, Andrés París, poco después de que se dio a conocer lo convenido.
En su opinión, “con esto ya se pisa con pie firme hacia un acuerdo definitivo de fin del conflicto”, proceso que «se fortalece en la medida en que el gobierno profundice en su espíritu de cambio y de reforma, y si los colombianos ven en estas aproximaciones un futuro de paz, pero también cambios que los beneficien y mejoren sus condiciones de vida”.[related_articles]
Un diplomático latinoamericano cercano a las conversaciones dijo a IPS que es importante que las partes en conflicto hayan logrado una aproximación de posiciones en la cuestión del desarrollo rural y puedan avanzar hacia los demás asuntos marcados en la agenda.
La cuestión agraria es el primer punto de las negociaciones para la terminación del conflicto, que comenzó en 1964, y la construcción de la paz. En un comunicado conjunto, los delegados convinieron en titular el acuerdo “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”.
El texto aclara sin embargo que tales acuerdos “están condicionados” a lo que se logre en la totalidad de la agenda, puesto que uno de los principios que “guían estas conversaciones” es que “nada está acordado hasta que todo este acordado”. En declaraciones separadas, las dos partes abundaron al respecto.
“Los acuerdos que hemos construido hasta ahora, y a los que lleguemos alrededor de los siguientes puntos de la agenda de discusión solamente se aplicarán una vez tengamos el acuerdo completo para el fin del conflicto. O sea: no hay aplicación parcial de los acuerdos”, especificó Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno colombiano.
A su vez, el comandante guerrillero Iván Márquez afirmó que se ha avanzado, “con salvedades puntuales que necesariamente deberán ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final”. Al parecer, entre los puntos de desacuerdo figuran la extensión de los latifundios y de las propiedades extranjeras.
“Todo esto se hará con pleno respeto por la propiedad privada y el Estado de derecho. Los propietarios legales nada tienen que temer”, aseguró De la Calle, quien insistió en que lo convenido permite transformar de modo radical la realidad rural de Colombia, supera la visión tradicional de una reforma agraria y apunta a cerrar la brecha entre el país rural y el urbano.
Fuentes guerrilleras han asegurado a IPS que en Colombia, país donde no se hizo una reforma agraria, existen latifundios de hasta 100.000 hectáreas, mientras 87 por ciento de los campesinos carecen de tierras. Otros datos indican que el índice Gini de desigualdad rural es de 0,87, uno de los más altos del mundo.
Lo acordado, dice el comunicado, señala el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, buscando que el mayor número de habitantes del campo sin predios o con predios insuficientes puedan acceder a ellos mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz.
También se incluyen planes de vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. “El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado”, indica el documento.
“Pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental”, añade. Asimismo se propone buscar una base de protección social para erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición.
El siguiente ciclo de conversaciones se iniciará el 11 de junio, con el abordaje de la participación política, segundo punto de la agenda que abarca además el fin del conflicto armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y los mecanismos de verificación y refrendación de lo pactado.
Tierras campesinas
El presidente Juan Manuel Santos celebró el acuerdo alcanzado como un «paso fundamental» hacia «un pleno acuerdo para poner fin a medio siglo de conflicto».
«Continuaremos con el proceso con prudencia y con responsabilidad», expresó a través de la red social Twitter.
En esta etapa «estos acuerdos no pueden ser muy concretos. Son apenas un marco, la abstracción del acuerdo general», dijo a IPS el sociólogo Alfredo Molano, conocedor del conflicto por la tierra.
Después vendrá un procedimiento similar respecto de los otros cinco puntos, y el siguiente paso será concretar e incluso ponerle números a este esfuerzo.
Molano destacó que entre los puntos de consenso esté la formalización progresiva de todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia.
«Ahí estamos hablando de dos millones de hectáreas. Hoy día existen zonas de reserva campesina (ZRC) con un total de 800.000 hectáreas y están constituyéndose otras ocho que suman 1,2 millones de hectáreas», estimó en diálogo con IPS.
Las ZRC son una iniciativa campesina de propiedad colectiva. Fueron reconocidas por ley en 1994, aunque siguen librando la batalla para su reconocimiento pleno. De hecho, frenan la constante ampliación de la frontera agrícola sobre los bosques y se las considera una buena fórmula para revertir la creciente ampliación del latifundio.
Actualmente, 50 ZRC aspiran a su legalización, lo que cobijaría a cerca de un millón de campesinos y ocho millones de hectáreas.
