Los municipios colombianos de la costa del océano Pacífico están en la mira de traficantes de drogas y de armas, que impulsan el desplazamiento forzado en la región, sostiene un informe presentado este viernes 31 por la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Uno de los factores que disparan el desplazamiento de personas de sus hogares son «las disputas y estrategias de consolidación de dominios territoriales por parte de los actores armados», aseguró el director de Codhes, Marco Romero.
En esa región, el fenómeno «está condicionado por la ubicación geográfica, con un histórico abandono estatal que favorece el comercio de la droga, a lo que se suma el plan de gobierno conocido como la ‘locomotora minera’, que incrementó la producción desde 2009 y, con ella, la ambición de los actores armados», continuó Romero.
Colombia vive en guerra interna desde comienzos de los años 60. Actualmente, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla izquierdista del país, negocian una agenda de paz en La Habana. Pero en este país actúan diversos grupos armados, como mafias del narcotráfico y milicias paramilitares de extrema derecha.[related_articles]
El informe de Codhes –la fuente no gubernamental más respetada en cuanto a estadísticas de este fenómeno– indican que el año pasado 92.596 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares y lugares de origen en toda la región del Pacífico, lo cual equivale a 36 por ciento del total de desplazados en todo el país.
Desde 1999 se han desplazado en el Pacífico 863.334 personas, según las cuentas de Codhes, que también indica que 2012 fue el peor año en esa región y marcó un aumento de casi 22 por ciento respecto de 2011.
En el ámbito nacional, los casos registrados el año pasado fueron 256.590, es decir 2.556 menos que en 2011, cuando las víctimas sumaron 259.146.
Pero se dispararon los casos de desplazamiento masivo, un fenómeno que experimentó un aumento de 98 por ciento respecto de 2011.[pullquote]3[/pullquote]
«Se considera desplazamiento masivo cuando un solo episodio de violencia impulsa la migración de por lo menos 10 familias o 50 personas», explicó a IPS la investigadora Paola Hurtado, de Codhes.
En la región pacífica esta modalidad registró un aumento de 45 por ciento en los últimos dos años.
Las poblaciones más afectadas son afrocolombianas (51.938) e indígenas (18.154), que se concentran en los departamentos que tienen costas sobre el Pacífico: Nariño y Cauca (sudoeste), Valle del Cauca (oeste), y Chocó (noroeste).
«El caso de los afrodescendientes es dramático», dijo en la presentación del informe Ariel Palacios, de la no gubernamental Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
“Las políticas estatales de protección no son efectivas, y el racismo en las ciudades es nefasto. Por eso la mayoría trata de ubicarse en poblaciones pequeñas para disminuir la gravedad de la situación», describió Palacios.
Otra novedad es el desplazamiento intraurbano, dentro de las ciudades o hacia otras, al cual Codhes dedica buena parte de su informe y que atribuye a disputas entre bandas criminales por el control del tráfico minorista de drogas.
Romero apuntó que, «aunque resulta paradójico, en medio del conflicto y de la crisis humanitaria, el país se encamina a buscar soluciones de paz y de reparación de las víctimas, con la ley 1448 y los diálogos de paz que adelanta el gobierno nacional con las FARC».
Romero se refería a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya aplicación se inició a comienzos de 2012 para dar respuesta al principal fenómeno de la guerra, que es la contracara del desplazamiento: la apropiación agraria ilegal.
Esa norma «es positiva pues reconoció a las víctimas como tales, aceptando que, si el Estado no fue capaz de protegerlas, debe hacerlo ahora», dijo a IPS el coordinador de investigaciones de Codhes, Gabriel Rojas.
«También es positiva porque se le asignaron recursos económicos», equivalentes a unos 30 millones de dólares, añadió.
«Pero sabemos, y el ministro de Agricultura saliente (Juan Camilo Restrepo) lo aceptó: existen graves problemas de organización y registro, lo que ha dificultado los procesos y en algunos casos revictimizado a las personas, porque les genera ansiedad saber que existe un ley que las protege y que, sin embargo, en año y medio no ha logrado una implementación acorde», continuó Rojas.
Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento interno en el mundo. Las estimaciones oficiales y no gubernamentales se han ido aproximando y rondan los cinco millones de personas desde la década de 1980.
A tal punto llegó la situación que en 1998 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados abrió una oficina permanente en Bogotá.
IPS solicitó la opinión y las cifras de la gubernamental Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Y solo obtuvo la promesa de respuesta, «que no es inmediata», con el requisito de enviar una solicitud por correo electrónico.
«El desconocimiento de cifras oficiales se convierte en un problema. El último dato conocido rodeaba los 90.000 afectados por el desplazamiento forzado en 2012, pero es incierto», dijo Rojas.
