Hartos de los derrames de hidrocarburos de instalaciones de la firma petrolera estatal de México, pobladores de dos comunidades del sudoriental estado de Tabasco acudirán a la justicia en busca de un resarcimiento por los daños causados al ambiente y a la agricultura.
Vecinos de las localidades de Cunduacán y Huimanguillo, que juntos suman más de 300.000 personas, presentarán en junio una demanda colectiva en contra de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex).
«Ha habido afectaciones varias; hicimos pruebas de suelo, sedimentos y agua, y ya están por entregarnos los resultados», explicó a IPS la directora de la no gubernamental Fronteras Comunes, Marisa Jacott.
Esa organización asesora, junto a la Asociación Ecológica Santo Tomás, a la población perjudicada por sucesos como derrames y explosiones y que se dedica esencialmente a la agricultura y a la pesca.
Su cobijo legal es la Ley de Acciones Colectivas, promulgada en 2011 y que permite a clientes descontentos con la prestación de bienes y servicios y a la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Consumidor querellar a empresas estatales y privadas. Sin embargo, la norma no contempla la reparación del daño.
La industria petrolera se instaló en la zona a comienzos de la década de 1950 y se expandió a partir de los años 70 con complejos petroquímicos, red de tuberías e instalaciones de almacenamiento, lo que suscitó un boom económico que, paradójicamente, no se tradujo en beneficios para la población local.
Al mismo tiempo, esa expansión desplazó a los tradicionales monocultivos de plátano y a la ganadería extensiva.
[related_articles]En 13 de los 17 municipios en que se divide Tabasco hay actividad petrolera, con una producción diaria de 500.000 barriles, según el Instituto Mexicano del Petróleo.
«Hay contaminación ambiental, destrucción de cultivos, tierras que ya no son tan fértiles. Eso ha causado que ya no puedan cosechar como lo hacían antes», dijo a IPS la activista Lorena Sánchez, directora del no gubernamental Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), que ha recibido quejas de los habitantes por esos hechos.
«Ha repercutido también en su alimentación y en problemas de salud respiratorios, en la sangre, y en la piel», enumeró.
El Codehutab ha presentado desde 2011 cuatro demandas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que solo han derivado en multas para Pemex, pero no en desagravios para las víctimas en las comunidades.
El último caso fue este año y se relaciona con la operación de siete quemadores de gas en el municipio de Paraíso, donde la organización tomó muestras de sangre a 50 niños de entre siete y 15 años de edad, 10 por ciento de los cuales presentaron alteraciones cromosómicas vinculadas por los epidemiólogos con la actividad industrial.
La Profepa calcula un promedio anual de 20 vertidos de crudo en Tabasco. Entre 2008 y 2012, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente registró 102 sitios contaminados por emergencias ambientales en el país, cuyo responsable fue Pemex y de los cuales tres ocurrieron en Tabasco.
Además de ese territorio, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y Puebla, en el este y sudeste, y sus rutas hacia la Ciudad de México son considerados vulnerables a la actividad petrolera.
Esta industria genera en la zona metales pesados, ozono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, como el benceno, sulfuro de hidrógeno, sales, amonio, cadmio y ácidos, todos nocivos para el ambiente y la salud humana, según las organizaciones.
Los académicos Manuel Pinkus-Rendón y Alicia Contreras, de la estatal Universidad Autónoma de Yucatán, concluyeron en un estudio publicado el año pasado que «el sistema socioambiental tabasqueño refleja un potencial de desarrollo regional bastante disminuido en relación con el que existía hace más de 60 años, como resultado del deterioro ambiental».
Para la investigación «Impacto socioambiental de la industria petrolera en Tabasco: el caso de Chontalpa», los autores entrevistaron a 200 habitantes de cuatro comunidades del municipio de Cárdenas, 65 por ciento de los cuales expresaron una percepción negativa de la explotación de hidrocarburos, especialmente de la contaminación y destrucción que produce.
«Es un caso que no ha sido atendido. Queremos que los jueces tengan los menos elementos para rechazarlo», declaró Jacott.
Los comuneros afectados presentaron en abril una queja ante la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, en 2004 entablaron una querella contra Pemex ante la Procuraduría General de la República, sin que el expediente avanzara.
Las organizaciones y los pobladores, que han tardado dos años en armar este proceso de demanda, luego proseguirán para denunciar los daños sufridos en el sudoriental estado de Veracruz, otro escenario importante de las actividades de la petrolera mexicana.
«Queremos que cumplan con las medidas de prevención. Lo único que Pemex hace es supuestamente reparar los daños, pero no invierte en el mantenimiento de tuberías y en vigilar la zona», reclamó Sánchez.
Las organizaciones piden la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de los ecosistemas en Tabasco, la difusión de políticas y lineamientos de Pemex para programas de prevención de derrames, contingencias ambientales, remediación de sitios contaminados y la sustitución progresiva de hidrocarburos por energías alternativas, así como la medición de los principales contaminantes atmosféricos en el territorio.
