Yemen decide su futuro mediante un proceso de consultas políticas y sociales denominado Diálogo Nacional, que durará seis meses y en el que se procurará adoptar una nueva Constitución. Pero el primer paso es juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años.El debate es realizado en una conferencia que comenzó el 18 de marzo en la capital, a la que asisten más de 500 representantes de grupos políticos y sociales.
El Diálogo Nacional se propone unificar a una nación fracturada desde la renuncia el año pasado del presidente Alí Abdalá Saleh. Uno de los desafíos para lograrlo es juzgar los abusos cometidos durante su gobierno.
La violenta muerte de Nasser Asbahi es uno de los cientos de casos que salen a la luz en el proceso.
En la mañana del 18 de septiembre de 2011, Asbahi, un hombre de 34 años, padre de tres hijos, dejó más temprano su trabajo en la construcción para participar de protestas en Sanaa contra el régimen de Saleh, quien estuvo tres décadas en el poder.
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"Ese día, Nasser caminó en la última fila de la marcha, de la mano de un anciano", recordó su hermana mayor, Fikriah. "Pero cuando escuchó las balas, le dijo al hombre que se cubriera, y corrió a rescatar a las personas que estaban al frente" de la movilización.
Nasser recibió cuatro disparos de las fuerzas de seguridad del gobierno, una de ellas en la cabeza, dos en el pecho y la otra en el estómago.
Abdalá Al Alafi, de 17 años, estuvo también en el incidente. Cuando agonizaba, Nasser le instó a Al Alafi que abandonara el lugar. "Creo que es muy tarde para mí", le dijo.
Las fuerzas del gobierno mataron a Al Alafi en disturbios al día siguiente.
Se calcula que más de 2.000 personas murieron y otras 22.000 resultaron heridas durante las protestas contra el régimen entre 2011 y 2012.
La renuncia de Saleh en febrero de 2012, a cambio de inmunidad otorgada por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con apoyo de Estados Unidos, preparó el camino para la instauración del Diálogo Nacional y el ascenso a la Presidencia de Abdurabu Hadi.
Pero hay indignación pública por el acuerdo que logró Saleh, que le permite mantener su residencia en Sanaa, su grandes riquezas y su liderazgo en el histórico motor de la política yemení, el partido Congreso General del Pueblo. Hadi es el vicepresidente de esa fuerza política.
"El acuerdo de inmunidad de Saleh es un arreglo político del CCG", dijo la ministra de Derechos Humanos, Hooria Mashhour.
Pero no es reconocido a nivel internacional. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no lo reconoce "e, incluso (el asesor especial de la ONU en Yemen) Jamal Benomar, cuando fue consultado por la televisión, dijo que no era legal", admitió Mashhour.
Fikriah, la hermana de Nasser, es insistente en sus demandas: "Lo que queremos es justicia", señaló.
"No estamos buscando venganza, sino justicia. Saleh es millonario gracias a nuestro dinero, nos está matando y ni siquiera podemos interrogarlo. Cuando podamos cuestionarlo de igual a igual, ese día sentiremos algo de justicia", afirmó.
Pero Aziz Alsurmi, cofundador del Centro de Yemen para la Justicia Transicional, explicó que se requerirá de un largo proceso.
"Primero tenemos que constatar los hechos. Luego, encontrar a quienes posiblemente cometieron esos actos y establecer si pueden ser llevados a un tribunal. Y luego deben pedir disculpas. Esas violaciones (a los derechos humanos) deben ser aclaradas", señaló.
Alsurmi señaló que el proceso debía establecer los términos para eventuales acuerdos de inmunidad y para conceder reparaciones a las víctimas, así como los periodos que serán investigados.
Algunos yemeníes piden que se investigue a partir del fin del dominio británico en 1967, pero otros sugieren que sea desde el comienzo del gobierno de Saleh en lo que entonces se conocía como Yemen del Norte, en 1978, y otros desde la unificación del país, en 1990.
Seguramente "dejaremos a algunas personas insatisfechas si elegimos un marco de tiempo determinado", dijo Alsurmi.
Un informe fuertemente crítico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llevó a que el gobierno de Yemen decretara el 22 de septiembre de 2012 la creación de una comisión especial para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en 2011. Siete meses después, esta todavía no ha sido conformada.
Posteriormente se presentó el proyecto de la Ley de Justicia Transicional y Reconciliación Nacional, que la oficina del nuevo presidente rebautizó como Ley de Reconciliación Nacional y Justicia Transicional. El texto sigue estancado en el parlamento.
El sutil cambio de nombre no pasó desapercibido.
"El título cambió, lo cual es significativo", sostuvo Anne Massagee, del Centro Internacional para Justicia Transicional. "Es entendible que la gente esté molesta porque se proponga una reconciliación antes de que haya un proceso para hacer justicia", afirmó.
Con ella coincidió Alsurmi. La ley "procura dar más inmunidad, pero ya tenemos inmunidad", señaló. Además, "está limitada a 2011 y pone primero la reconciliación, lo que significa que antes habrá un pedido de disculpas a las víctimas y reparaciones, y quizás luego justicia".
Pero "no habrá pedido de disculpas por parte de los perpetradores. No veremos a Saleh diciéndole a la población que lo lamenta", sostuvo.
La presión la tiene ahora la comisión de justicia transicional del Diálogo Nacional, cuya creación fue anunciada la semana pasada y que tendrá como tarea estudiar los alcances y las ramificaciones de un proyecto de ley que pueda ser efectivamente aprobado en el parlamento.
La conferencia del Diálogo Nacional tiene 565 bancas, de las cuales 112 están ocupadas por el Congreso General del Pueblo.
Los grupos independientes de jóvenes, de mujeres y de la sociedad civil en general, que lideraron las protestas contra Saleh, tienen 40 asientos cada uno.
Partidos de oposición y otros grupos ocupan el resto de los asientos.
Además, el Diálogo Nacional exige una cuota de 30 por ciento de representación femenina y de 20 por ciento de presencia juvenil en cada una de las fuerzas políticas.
Baraa Shiban, quien fue designado por el bloque de grupos juveniles, tiene como principal objetivo en el proceso que se haga justicia por las violaciones a los derechos humanos.
"Tenemos que tener mucho cuidado de que cuando aprobemos una ley no parezca que se le quiera dar inmunidad a esas personas, sino que se pretende mirar al futuro", señaló.
La ministra Mashhour, por su parte, apuntó que, "si no se aprueba la ley, los problemas persistirán en el país".
"La venganza se propaga. Si las personas no reciben justicia, van a tomarla por su propias manos. No queremos ese escenario sangriento. Queremos justicia para todos", añadió.
