Con cuestionamientos de la oposición, fuertes debates y amenazas de futuras denuncias de inconstitucionalidad, avanza en el parlamento de Argentina la propuesta de reforma del Poder Judicial, que el gobierno impulsa con el argumento de democratizar el sistema.
El paquete de iniciativas legales presentadas el 9 de este mes por la presidenta centroizquierdista Cristina Fernández incluye seis proyectos que tienen por fin, según expresó en esa oportunidad, "modernizar y transparentar el poder más importante del país, puesto que es el último lugar donde se decide la vida, la libertad y el patrimonio de los 40 millones de argentinos".
Por el Senado ingresaron los proyectos de ampliación y cambios en la forma de designación del Consejo de la Magistratura, que nombra y remueve jueces, de creación de tres cámaras de casación, para aliviar la acumulación de causas que llegan a la Corte Suprema de Justicia, y de regulación de las medidas cautelares, herramienta para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o causa pendiente.
Mientras, por la Cámara de Diputados entraron las iniciativas de acceso por concurso al funcionariado del Poder Judicial, otra que obligará a publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y una tercera que dispone la difusión pública de los fallos.
El conjunto de partidos de la oposición en el Congreso legislativo se negó a aportar ideas complementarias aduciendo que esas reformas solo persiguen el avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y amenazan la institucionalidad republicana.
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Uno de los proyectos más debatidos fue el que regula y pone plazos a la aplicación de medidas cautelares. La iniciativa, que surgió para evitar la suspensión prolongada de la vigencia de leyes, ya fue transformada en ley por las dos cámaras, tras incorporarse cambios propuestos por organizaciones de la sociedad civil.
Al presentar la reforma, Fernández había señalado que, mediante el recurso abusivo de una medida de este tipo, el grupo empresarial periodístico Clarín incumplía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vigente desde 2010, a la espera de una resolución judicial sobre el fondo de su demanda.
Pero organizaciones defensoras de los derechos humanos, ambientales, sindicales y otras advirtieron apenas ingresó el proyecto al parlamento que regular esas medidas fijando un plazo, como se proponía, iría en contra de múltiples derechos ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables.
Frente a esas alertas y críticas, el grupo de parlamentarios oficialistas aceptó exceptuar la fijación de plazos cuando sectores socialmente vulnerables encuentren comprometida "la vida digna, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria o ambiental".
Consejo político
También fue objeto de críticas el planteo de ampliar de 13 a 19 la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura y, sobre todo, el artículo que dispone que sus miembros sean elegidos a través del voto popular.
"El problema de esto es que un juez que quiera postularse para el Consejo deberá hacer campaña junto a partidos políticos", dijo a IPS el abogado Álvaro Herrero, de la Asociación por los Derechos Civiles.
Ese cuerpo está integrado hoy por un miembro elegido por el Poder Ejecutivo, tres jueces, dos representantes de asociaciones de abogados, un académico, dos senadores por la mayoría y uno por la primera minoría e igual distribución en el caso de diputados.
Finalmente, los diputados aprobaron el proyecto este jueves 25 y ahora vuelve al Senado para que se expida sobre los cambios introducidos. Una de esas modificaciones es que el manejo del presupuesto del sistema queda en manos de la Corte Suprema de Justicia y no del Consejo, como era la propuesta original.
Otra propuesta aprobada por senadores y diputados, el miércoles 24, fue la creación de tres nuevas cámaras de casación: una de recursos extraordinarios de tipo contencioso administrativo, otra del área civil y comercial, y la tercera para la justicia laboral y de previsión social.
Actualmente solo existe una cámara de casación en el fuero penal. La idea es evitar que todos los recursos se acumulen ante la Corte Suprema, como ocurre ahora.
Rápido y dificultoso
Convencido de contar con mayoría de apoyos parlamentarios, el gobernante Frente para la Victoria, el mayoritario sector centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista), supuso un rápido trámite para la sanción de los seis proyectos. Pero se enfrentó al rechazo de la oposición en pleno y con críticas de organizaciones de la sociedad civil y académicas.
Así se sucedieron los debates y consultas, en las que el oficialismo incorporó algunos cambios y agregados sugeridos por asociaciones de derechos humanos, de juristas y académicos.
A pesar de esas modificaciones, la oposición política de derecha, centroderecha y centroizquierda, apoyada en movilizaciones callejeras, no se avino a apoyar ninguna de las propuestas.
"El gobierno intenta el asalto final, la toma del Poder Judicial", argumentó el diputado Mario Negri, de la centrista Unión Cívica Radical.
En el mismo sentido se expresó el diputado Francisco De Narváez, del sector derechista del Partido Justicialista, quien alertó que Argentina "está en una situación de extrema gravedad institucional".
Para Raúl Ferreyra, profesor de derecho constitucional de la estatal Universidad de Buenos Aires, "la reforma tiene dos caras". "Advierto cosas muy buenas y cosas muy malas" en las propuestas, distinguió en entrevista con IPS.
"No me gusta para nada este debate en pocas horas", cuestionó, aunque insistió en que las propuestas tienen aspectos positivos.
Se refirió así a las que apuntan a que se publicite el estado de los trámites judiciales y las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales, así como el acceso de personal por su idoneidad.
De todos modos, Ferreyra lamentó que la reforma no resuelva el mejor acceso de los ciudadanos al sistema judicial y consideró que la regulación de las medidas cautelares, aún con los cambios incorporados, "desprotege" a los más vulnerables.
El académico cuestionó, además, la creación de nuevas cámaras de casación por "innecesarias" y que solo harán la justicia más lenta.
En cambio, se manifestó de acuerdo con las modificaciones al Consejo de la Magistratura. "No debe asombrarnos que en un sistema hiperpresidencialista, un mandatario fije este tipo de reformas", opinó.
Ferreyra sostuvo que, pese a las críticas, la reforma en curso del Poder Judicial "tiene legitimidad", dado que es impulsada por la presidenta, reelegida con 54 por ciento de los votos.
"Por primera vez en 30 años se propone discutir una reforma del Poder Judicial, y eso está bien", remarcó.
No obstante, los legisladores opositores más férreos adelantaron que impondrán recursos de inconstitucionalidad de las normas, una vez que sean promulgadas.
