Multitudes manifestaron este jueves 11 en las principales ciudades de Chile en busca de instalar las demandas de gratuidad y mejor calidad de la educación en el centro del debate de la campaña para las elecciones generales del 17 de noviembre.
Los organizadores señalaron que unas 150.000 personas, entre alumnos, profesores y trabajadores en general, se congregaron solo en Santiago en la primera protesta de este tipo del año, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). La policía no dio estimaciones de concurrencia.
La marcha se realizó pacíficamente por Santiago hasta llegar al Centro Cultural Estación Mapocho, a cinco cuadras de la sede del gobierno, donde la policía de Carabineros arremetió contra algunos manifestantes, generándose una serie de escaramuzas con un saldo preliminar de 90 detenidos y cuatro heridos por balines de pintura.
Los manifestantes avanzaron cerca de cuatro kilómetros portando letreros que exigían «cárcel para los que lucran con la educación» y cuestionando a los candidatos a la Presidencia de Chile que hasta ahora no han abordado una propuesta de gratuidad total en la educación.
Solo la expresidenta Michelle Bachelet, precandidata de los partidos Socialista y Por la Democracia, integrantes de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, habló el lunes 8 de instaurar una educación superior gratis, aunque no para todos.
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«Yo puedo pagar la universidad de mi hija y no sería justo que el Estado lo hiciera por mí. Creo que es regresivo que quienes pueden pagar, no paguen», dijo Bachelet, una postura que molestó a los dirigentes estudiantiles que depositaban en ella sus esperanzas.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile y portavoz de la Confech, Diego Vela, dijo a IPS que la masividad de la manifestación de este jueves «refleja que las injusticias que vivimos en la educación están más latentes que nunca y que la ciudadanía en Chile no está dispuesta a que se sigan vulnerando sus derechos».
«Vemos que de esta manera vamos a lograr los cambios de una vez por todas y no se seguirán postergando los intereses de la mayoría por sobre los de la población más privilegiada», añadió.
Para el politólogo Esteban Valenzuela, «es evidente que el país quiere educación gratuita garantizada» y estas marchas «son una interpelación demasiado profunda».
«Por lo tanto, creo que los discursos minimalistas del gradualismo no van a funcionar, y eso obliga a un debate más de fondo», que esté centrado en una reforma tributaria profunda para financiar la educación, añadió Valenzuela, director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado.
Valenzuela precisó a IPS que la reforma debe avanzar hacia una carga fiscal de 30 por ciento, en línea con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Chile pertenece.
Para el experto, desde el retorno a la democracia en 1990 hasta la fecha solo se han realizado «pequeñas reformillas» que sitúan la carga fiscal entre 18 y 20 por ciento.
«Entonces, los chilenos estamos dispuestos a una reforma tributaria en la que las personas, pero por sobre todo las empresas, paguen más impuestos, pero con la que la educación, que hoy es un monto muy significativo en el gasto familiar, pase a ser fundamentalmente financiada por el Estado», explicó.
Actualmente, un estudiante universitario paga unos 600 dólares mensuales para una carrera promedio y hasta 1.200 dólares por una carrera más cotizada, como medicina.
A esto se suman los gastos en libros, cuadernos y materiales, que obligan a las familias a endeudarse para educar a sus hijos. Todo esto en un país con 16,6 millones de habitantes, donde los ingresos de los más ricos son 35 veces los de los más pobres y donde el salario mínimo no supera el equivalente a 420 dólares mensuales.
«La sociedad está diciendo que queremos que el Estado asuma ciertos servicios básicos sociales, como la educación, y como nada hace milagros, eso requiere una reforma tributaria significativa», completó.
A juicio de Valenzuela, la manifestación de este jueves «obliga a los candidatos presidenciales a abordar el tema».
En el escenario actual no sirve el discurso de la derecha política, «que dice que el sistema funciona bien y que simplemente falta mejor acreditación de la calidad», añadió.
«También queda desencajado el discurso de la (centroizquierdista) Concertación: sí pero no, sí pero los que puedan deben pagar», remató.
Lo cierto es que la manifestación recordó los momentos más álgidos de las movilizaciones estudiantiles de 2011, que pusieron en jaque al gobierno del derechista Sebastián Piñera, quien el miércoles 10 se anticipó y anunció la constitución del Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad, que destinará 153 millones de dólares para fortalecer a ese sector.
Ese fondo no es nuevo, dicen en la oposición, ya estaba contenido en la Ley de Presupuesto 2013, aprobada el año pasado.
Vela valoró la construcción del movimiento estudiantil de los últimos años, pero subrayó el desafío que plantea este año electoral, cuando se podrá discutir «qué país queremos para los próximos cuatro años y para las siguientes dos décadas».
«Estamos buscando que nuestras necesidades no sean oportunidad de abuso para algunos, que nuestros derechos no sean un negociado para otros, sino que con hechos concretos cambiemos la realidad y dejemos de ser el segundo país más segregado del mundo educacionalmente», afirmó.
El movimiento podrá seguir creciendo «si realmente no vemos hechos concretos, si no cambiamos la segregación que hoy existe en el país», agregó. «Somos miles los que hoy día pedimos justicia y queremos cambiar esta realidad».
