Frenada la aspiración de Ecuador de introducir cambios institucionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Quito busca aliados para crear mecanismos regionales paralelos, pero el riesgo de perder el juego es elevado, estiman expertos y usuarios de ese sistema de justicia.La propuesta que Ecuador llevó a la 44 sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA se centraba en tres aspectos: reformular la facultad de la CIDH para emitir medidas cautelares, debatir el financiamiento de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y cambiar su sede de Washington a una ciudad latinoamericana.
Ante la falta de apoyo a su moción, Ecuador amenazó con retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Finalmente, con una salida alternativa, Argentina logró que el gobierno de este país andino desistiera de su intención.
El debate sobre la reforma quedó abierto, lo que fue "una victoria", según el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Pero el ministro fue enfático al anunciar que uno de los principales objetivos de su gobierno es conformar un sistema de derechos humanos en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
"Hemos planteado construir un sistema suramericano de derechos humanos", dijo a su regreso de la reunión de la OEA (Organización de los Estados Americanos), celebrada el 22 de marzo. Hubo "varias reuniones y estamos muy cerca", añadió.
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Pero mientras intenta que esa propuesta cristalice, Ecuador espera que en la reunión de la OEA prevista para junio se concreten nuevos avances.
Dos órganos autónomos conforman el sistema: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
Su principal función es fiscalizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969.
Dentro de Ecuador hay quienes advierten que el sistema interamericano logró en algunos casos lo que la justicia ecuatoriana no pudo.
Harold Burbano, asesor jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), sostiene que "80 por ciento de los 25 casos que litigamos están en el sistema interamericano", lo cual significa que "la justicia (ecuatoriana) ha sido inefectiva", dijo a IPS.
Varios procesos no llegaron a la Corte pues el Estado "se ha abierto a soluciones amistosas", reconoció.
Burbano aclaró que la mayoría de esos casos están en la etapa de fondo, a la espera de "un informe con recomendaciones al Estado para evitar ser demandado por la CIDH ante la Corte".
La Comisión tiene facultades políticas realizar visitas específicas y emitir recomendaciones e informes y cuasi judiciales: recibir denuncias, determinar si son admisibles, solicitar a los Estados medidas cautelares y elevar casos a la Corte.
Esta tiene funciones contenciosas, consultivas y de adopción de medidas provisionales. Sus fallos son definitivos e inapelables.
Según la Procuraduría General del Estado, la CIDH acogió 83 casos ecuatorianos y emitió 12 acuerdos de soluciones amistosas, mientras otros 12 fueron elevados a juicio ante la Corte.
Un caso emblemático fue el del pueblo indígena kichwa de Sarayaku, que en 2003 denunció al Estado ante la CIDH por operaciones petroleras que atentaban contra derechos humanos en su territorio.
En junio de 2012 la Corte emitió una sentencia condenatoria, pero sigue pendiente el pago de una indemnización, y no se cumple la regulación de la consulta previa a pueblos y nacionalidades indígenas por actividades en sus territorios.
Las reformas lideradas por Ecuador habrían afectado la capacidad autonómica y efectiva de promover y defender los derechos humanos en la región, dijo a IPS el presidente del Centro de Observación Ciudadana, Xavier Buendía.
Buendía coincidió con uno de los aspectos en los que Quito hace hincapié: la necesidad de que la CIDH mejore sus acciones de promoción de los derechos humanos.
"Además del carácter preventivo, deben aumentar los niveles de sensibilización, información y empoderamiento, y provocar mayor activismo tanto de la autoridad pública como de la sociedad en su conjunto", dijo.
Además, para Buendía "el gran problema es que no hay plazos a las resoluciones de la Corte".
Pero, en su opinión, es "un poco extraña" la intención de crear un sistema de derechos humanos en el seno de la Unasur, pues "lo que se intenta es generar una lógica de contrapeso al sistema interamericano".
Un sistema paralelo, apuntó Burbano, "no es tan fácil de crear" y la idea es más bien un "discurso de escape" de Ecuador. "La Comisión y la Corte han sido un puntal fundamental para la plena vigencia de los derechos humanos en la región", indicó.
Desde otra perspectiva, el asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, César Duque, señaló que "las propuestas del gobierno van hacia el fortalecimiento" de la CIDH.
Pero "podrían llevar a su debilitamiento, en cuanto a restringir la capacidad de la CIDH para dictar medidas cautelares y para buscar fondos para llevar a cabo ampliamente su trabajo", dijo Duque a IPS.
Ahora "se abre un compás de espera" en el concierto regional, pero "la mayoría de los Estados no entrarían en el proceso de reformar, sino de fortalecer; ninguno habló de cambiar las competencias de la CIDH", advirtió.
El propio Estado ecuatoriano ha sido usuario del sistema. En 2011, solicitó y obtuvo de la CIDH medidas cautelares para evitar la ejecución del ciudadano Nelson Serrano, condenado a la pena capital en Estados Unidos.
Y en 2010, la CIDH admitió por primera vez en su historia una demanda interestatal, cuando Quito denunció a Bogotá por la muerte del ciudadano Franklin Aisalla, cometida durante el bombardeo colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, situado en territorio de Ecuador, en el que murió el jefe guerrillero Raúl Reyes.
Duque no cree posible la salida de Ecuador del sistema, un argumento que "fue una patada de ahogado", dijo.
Se trata de una estrategia de presión frente a posibles pronunciamientos sobre la violación de la libre expresión en la actual confrontación entre gobierno y medios de comunicación, opinó. "El Estado se pone a la defensiva porque ve en los medios a actores políticos opuestos a su gestión".
