La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una demanda contra la compañía transnacional petrolera Royal Dutch Petroleum-Shell presentada por víctimas de violaciones de derechos humanos.
El dictamen se considera un serio retroceso para la comunidad Ogoni del delta del Níger, que denuncia violaciones de derechos humanos cometidas a mediados de los años 90 por la dictadura militar de entonces.
Además, la decisión, básicamente, desvincula al sistema de justicia estadounidense de los intentos de buscar reparaciones a injusticias presuntamente perpetradas por empresas multinacionales, en especial en los países en desarrollo.
En el sonado caso contra la firma angloholandesa Royal Dutch Petroleum-Shell, los demandantes la acusan de ser cómplice de diversos delitos, como torturas, asesinatos extrajudiciales, violaciones sexuales y crímenes contra la humanidad.
Pero la Corte, presidida por John Roberts, concluyó en el fallo conocido el miércoles 17 que los vínculos de Shell con Estados Unidos eran demasiado tenues, pese a que tiene negocios en este país, y por eso la compañía no podía ser demanda bajo la legislación estadounidense.
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Los críticos sostienen que fue precisamente para eso que fue creada la Alien Tort Statute (ley de reclamación por agravios contra extranjeros, ATS por sus siglas en inglés).
"El dictamen es una verdadera tragedia", dijo Raha Wala, de la organización Human Rights First, con sede en Washington, en entrevista con IPS, tras conocerse la decisión.
"Quiere decir que se cierran las puertas a la justicia para una gran cantidad de extranjeros que no tienen a donde más recurrir para reclamar una reparación por violaciones a la legislación internacional en materia de derechos humanos, como la tortura y las ejecuciones sumarias", se lamentó.
"Creo que la Corte Suprema realmente se equivocó con este dictamen", opinó.
Los demandantes reclaman que la comunidad ogoni protestó contra la masiva destrucción de su ambiente y la degradación de sus tierras derivada de la exploración petrolera en la región del delta del Níger, y que el ejército nigeriano respondió entre 1993 y 1994 con campañas terroristas que incluyeron saqueos, violaciones sexuales, asesinatos y destrucción de la propiedad.
También señalan que los ataques terminaron con la ejecución de un grupo de personas conocido como los Nueve Ogoni. Entre los activistas asesinados se encontraba el conocido dramaturgo Ken Saro-Wiwa. Todos fueron colgados tras un juicio militar ampliamente condenado y tildado de ilegítimo.
La comunidad Ogoni tenía esperanzas de que se hubiera justicia al presentar una demanda civil en Estados Unidos contra la compañía anglo-holandesa amparándose en la ley de reclamación por agravios contra extranjeros.
Durante décadas se empleó esa norma como herramienta para responsabilizar a personas, corporaciones y gobiernos por violaciones a la legislación internacional en materia de derechos humanos.
El dictamen, tras décadas de disputas legales, puede llegar a debilitar de manera irreparable la ley en cuestión, que tiene una larga trayectoria (http://toobigtopunish.org/content/kiobel-v-shell).
"Básicamente, lo que el tribunal dijo es que la ATS, concebida para juzgar las violaciones al derecho internacional y nacional, ya no se aplicará fuera del territorio" estadounidense, explicó Wala.
"Lo que tenemos aquí son acusaciones de terribles actos de violencia, como torturas, facilitados por grandes corporaciones multinacionales en Nigeria y que, básicamente, serán ignorados porque la Corte Suprema hizo una interpretación de la ley muy acotada", añadió.
De hecho, Wala puntualizó que este dictamen va en sentido contrario al uso que se hizo de la ATS durante décadas.
"La interpretación de la Corte Suprema es inconsistente con los antecedes legales de más de 30 años", arguyó.
"Todo este tiempo, la ATS se utilizó en reiteradas oportunidades para llevar casos de derechos humanos a la justicia federal. Esta decisión es en perjuicio de las víctimas de violaciones de derechos humanos", subrayó Wala.
Justicia estadual abierta
El dictamen sobre este caso es considerado como un alejamiento de la práctica judicial en casos de graves violaciones de derechos humanos, pero Marco Simons, director legal de Earth Rights International, dijo que todavía no están cerradas todas las puertas hacia la ATS.
"De ahora en más, si una corporación multinacional participó en crímenes contra la humanidad en otro país, no podrá ser demandada en Estados Unidos solo por tener presencia en este país", dijo a IPS.
"No basta que el acusado sea una corporación con negocios en Estados Unidos, ahora tiene que tener una vinculación más amplia con este país", subrayó Simons.
Pero el dictamen del miércoles solo se aplica a los tribunales federales. Además, es importante remarcar que los jueces no dijeron que las corporaciones son inmunes a la ATS, como sugirieron abogados de Shell.
"Las corporaciones extranjeras con negocios en Estados Unidos todavía pueden ser demandadas amparándose en la ATS por delitos cometidos en otras partes del mundo, pero solo ante la justicia estadual", explicó.
"Más allá de eso, no sabemos qué otras vinculaciones podrían llegar a pedirse. Puede querer decir que solo podrá ser procesado un caso contra una corporación estadounidense o que quizá se exija que la compañía tenga cierta actividad en Estados Unidos, como, por ejemplo, que las decisiones corporativas se tomen aquí", especuló.
Este es un asunto que será objeto de futuros debates en la justicia, pronosticó Simons.
