Las iniciativas del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para trabajar con la población campesina de Colombia en la superación de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria, pueden ser insumos para el gobierno, que busca abordar uno de los problemas más postergados de este país.
«El desarrollo rural se mantuvo olvidado en Colombia durante mucho tiempo», dijo el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, en un seminario organizado el lunes 22 por su cartera y el FIDA para compartir experiencias que entrelazan la situación del campo y la consecución de la paz en este país que lleva casi 50 años de conflicto armado.
«Por eso hacemos ahora un gran esfuerzo para darle un lugar preponderante. Pero falta mucho», reconoció Restrepo al inaugurar el seminario «Desarrollo rural y construcción de territorios dinámicos y pacíficos».
Datos recientes muestran avances contra la pobreza, pero también que esta se concentra en el campo, donde viven un tercio de los 47 millones de habitantes.
Según cifras difundidas el 18 de este mes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, mientras la pobreza total retrocedió de 40,3 por ciento en 2009 a 32,7 por ciento el año pasado, en las ciudades llegó a 28,4 y en zonas rurales a 46,8 por ciento.
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«El país requiere de un intenso trabajo para otorgar a la ruralidad la importancia que amerita, con o sin acuerdo de paz», aseguró el ministro, en referencia a los diálogos que adelantan en La Habana el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en los que la reforma rural es un punto medular.
«El apoyo de FIDA y la realización de eventos como este aportan a cualificar nuestro empeño», dijo Restrepo.
Para Josefina Stubbs, directora del FIDA para América Latina y el Caribe, «Colombia está hoy en un momento crucial, redefiniendo los marcos, las políticas y las leyes para el desarrollo rural». Por eso «este evento es muy importante, tanto para el FIDA como para otros sectores de desarrollo aquí presentes», dijo Stubbs a IPS.
La Ley de Víctimas, vigente desde enero de 2012, dispuso la restitución de las tierras despojadas por los actores armados a campesinos y otras poblaciones desplazadas por el conflicto.
El gobierno asegura que ya distribuyó más de un millón de hectáreas y está a la espera de recuperar otro millón de terrenos baldíos para conformar un banco de predios. Las autoridades estiman que unas 200.000 familias campesinas no tienen tierras para trabajar.
Además, el texto del proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, promovido por Restrepo, está en consulta entre comunidades indígenas y campesinas, antes de ser presentado al Congreso legislativo.
En ese marco, «reforzar el diálogo con el gobierno colombiano es trascendental en este momento, porque este país está tratando de cerrar brechas de inequidad y grandes diferencias entre los sectores urbanos y rurales, pensando de nuevo, y muy en serio, en procesos de desarrollo rural que aporten de manera efectiva a la reducción de la pobreza», añadió Stubbs.
El FIDA tiene vasta experiencia en la materia. A través del Programa Oportunidades Rurales, compartido con el gobierno, «ha generado apoyos que hoy cubren a 20.000 familias y 400 empresas», explicó a IPS el gerente de Operaciones para Colombia y Perú, Roberto Haudry.
El Programa Oportunidades «es hijo de otro programa, con el que FIDA ha contribuido a las políticas públicas colombianas: el fortalecimiento de más de 1.000 empresas campesinas y unas 120.000 familias», agregó.
«El país está cambiando ya es hora de teorizar menos y de poner a la gente a trabajar con otra gente, teniendo como socio al Estado. Podemos confiar absolutamente si el poder para el cambio lo tienen los pequeños empresarios de este país. Campesinos, jóvenes, sectores vulnerables en actitud productiva, saliendo de la pobreza con sus propios intereses y posibilidades, sin intermediarios de ningún tipo», enfatizó Haudry.
Eso es lo que ha hecho Teófila Betancourt, afrodescendiente de Guapi, población recostada sobre el océano Pacífico, en el sudoccidental departamento de Cauca.
«Nosotras trabajamos hace muchos años por generar bienestar alrededor de la recuperación de prácticas tradicionales, la seguridad alimentaria, la territorialidad solidaria y los derechos humanos, y hemos avanzado bastante», dijo.
En Guapi funcionan 25 grupos cooperativos con unas 15 mujeres cada uno. Además de sembrar alimentos para autoconsumo, producen especies aromáticas y medicinales, dulces, artesanías e instrumentos musicales tradicionales. Venden sus productos en los mercados locales y han ido llenando el espacio público que habían ocupado vendedores de otras regiones.
Además, estas productoras montaron un restaurante que promueve la comida típica costera y ofrecen hospedaje.
A lo largo de la costa pacífica, hay 84 grupos trabajando en esta línea. «En esto llevamos unos 22 años» y más recientemente «recibimos apoyo del FIDA a través de la Fundación Acua», dijo Betancourt.
«Nos apoyan porque saben lo que aportamos al territorio rural en Guapi. Y por eso vine hoy aquí. Porque, aunque me siento un poco fuera de contexto, he aprendido que es aquí donde nos podemos enterar realmente lo que piensa el gobierno y lo que hace», añadió.
Alex Segovia, secretario técnico de la Presidencia de El Salvador, expuso la experiencia de su país, que en 1992 superó una guerra civil de 12 años y tiene hoy en el gobierno al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la antigua guerrilla que dejó las armas y se volcó a la lucha electoral.
«Esta discusión es muy importante porque el desarrollo rural se ha combinado con la necesidad urgente de paz», dijo a IPS el director del Centro de Estudios en Economía Solidaria, Miguel Fajardo, quien expuso los logros del cooperativismo en tres provincias del departamento de Santander, en el nororiente colombiano.
«Hay síntomas de cambio ligados a la justicia rural, la restitución de tierras y, sin duda, el ministro Restrepo presenta reflexiones sosegadas con temas que prácticamente habían desaparecido hace más de 20 años», dijo Fajardo.
Sin embargo, el sociólogo manifestó «incertidumbres» sobre el avance de la minería en zonas como el Páramo de Santurbán, un área de especial importancia por su biodiversidad y recursos hídricos, y en la región de Vélez, «que han sido concesionadas a multinacionales dejando como consecuencia el empobrecimiento de la región».
Restrepo dijo a IPS que «Colombia inició un proceso de paz dentro del conflicto, lo que no es usual, pero aun dentro del conflicto hay que empezar a pensar cómo sería el posconflicto en todos los sentidos, pero en especial en el desarrollo rural».
«Recordemos que la paz verdadera está después de la firma, cuando la ingeniería de un país logra administrar esa paz y aclimatarla en el tiempo», advirtió.
