Organizaciones de la sociedad civil interpusieron a fines de marzo una queja ante la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el presidente Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete, por la eventual autorización de siembra comercial de maíz genéticamente modificado. “Con los permisos comerciales de maíz transgénico estaríamos enriqueciendo a dos o tres empresas a cambio de poner en peligro nuestra salud, cultura y cocina”, dijo a Tierramérica la activista Lorena Velazco, asesora legal de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, una de las entidades denunciantes.
En septiembre, las transnacionales Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences presentaron seis solicitudes de plantación comercial de maíz genéticamente modificado.
