La renuncia del primer ministro de Líbano, Nijab Mikati, dejó en un segundo plano su importante decisión de enviar al parlamento un proyecto de ley sumamente controvertido para aumentar los salarios en el sector público. El gobierno de Mikati, quien dio un paso al costado el 24 de marzo, se vio sacudido por una huelga por tiempo indeterminado, declarada por funcionarios públicos el 20 de febrero en protesta porque el primer ministro no enviaba al parlamento la iniciativa para mejorar los salarios públicos, que ya había sido aprobada por el gabinete.
La medida sindical puso en jaque la legitimidad del gobierno, generó la dura oposición del sector privado e hizo que decenas de miles de personas salieran a protestar, lo que desde hacía décadas no se veía en este país.
Durante la huelga hubo manifestaciones diarias en todo el país frente a las sedes de organismos estatales como ministerios y el puerto y aeropuerto de Beirut.
"Hace 16 años que no tenemos aumentos. Claro que nuestros salarios no alcanzan para mantener a nuestras familias. Mi esposo tiene dos empleos para que tengamos lo más parecido a una vida razonable", protestó la profesora de la enseñanza secundaria Rola Romani.
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Encontrar la forma de mantener a una familia de tres personas con una hija universitaria se volvió una labor cada vez más difícil, sumado a la inflación de alrededor de 100 por ciento en ese periodo que se traga el valor de los ajustados salarios.
El conflicto entre los sindicatos y los grupos de presión del sector privado se concentró en cómo haría el gobierno para financiar el aumento de salarios y en quién llevaría la carga económica, estimada en entre 1.200 millones y 1.500 millones de dólares al año.
"No pueden financiar la escala salarial con el dinero de nuestros bolsillos o el de los pobres. Tienen que hacerlo con el de quienes hace 20 años que contrabandean dinero y son responsables de nuestra paralizante deuda pública", dijo el presidente de la Asociación de Empleados Estatales, Mahmoud Haidar.
El grupo de presión Comités Económicos se opuso fervientemente al aumento salarial, con el argumento de que exacerbaría la crisis económica.
"Con el estancamiento económico actual, la caída de las inversiones extranjeras y demás sería una carga adicional para el sector privado y empresarial y agravaría aún más la crisis económica y el riesgo", opinó Nassib Gobril, director de investigaciones del Banco Byblos.
Además de las consecuencias para la recuperación de la atribulada economía, al sector privado le preocupa que, en cualquier caso, el gobierno sencillamente no pueda asumir el costo.
En los primeros 10 meses de 2012, el gasto público superó los ingresos del Estado en 2.700 millones de dólares, lo que representa un aumento de tres cuartos respecto de igual periodo del año anterior.
Con una deuda que representa alrededor de 140 por ciento del producto interno bruto, hay poco entusiasmo para asumir gastos adicionales que impliquen un aumento de los préstamos.
La respuesta de los trabajadores a la andanada de los Comités Económicos sobre el aumento salarial se concentró en la corrupción y en los intereses creados del llamado "lobby rentista". Las vastas ganancias del sector inmobiliario y bancario fueron consideradas como principal objetivo de recaudación con vistas a financiar la medida.
"Los lobbies vinculados al sector financiero e inmobiliario actúan exactamente como un gobierno cuando grava las actividades. Al aumentar el precio de la tierra o la tasa de préstamos no actúan sobre la producción, sino sobre toda la economía", explicó Charbel Nahhas, exministro de Trabajo.
Los sindicatos sostienen que se pueden conseguir fondos con impuestos a las ganancias del capital derivadas de las transacciones de tierras y sobre los intereses percibidos, con multas a la creciente ocupación de propiedades públicas y con medidas drásticas contra la corrupción en el puerto de Beirut.
El argumento es que, además de conseguir fondos para el aumento de salarios, la medida servirá para reequilibrar la economía en beneficio del sector productivo, como la industria manufacturera y la agricultura, lo que beneficiaría a más personas.
El hecho de que Mikati enviara el proyecto de ley al parlamento es, en cierto grado, un logro para los funcionarios públicos.
Entre las propuestas para financiar el aumento salarial figuran el aumento de impuestos a ciertos productos de lujo, un gravamen de 15 por ciento a las ganancias del capital en las transacciones inmobiliarias y multas por la construcción ilegal en la franja costera.
El parlamento todavía debe aprobar la iniciativa, pero tras la renuncia del primer ministro, los partidos políticos están más preocupados por forjar alianzas y consolidar su electorado.
A corto plazo, la lucha de los trabajadores quedará solapada por las próximas elecciones y la situación vulnerable de la seguridad nacional.
