La indignación ganó a campesinos y activistas cuando la justicia de Brasil absolvió a un acusado de asesinar, en mayo de 2011, a la pareja de líderes sociales José Cláudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo, en el amazónico estado de Pará.
Este es uno de los seis juicios previstos para este año en todo el país vinculados a conflictos agrarios, una de las principales fuentes de violencia en este extenso país sudamericano.
Tras las audiencias, que se extendieron por 48 horas con solo algunos intervalos, un jurado de siete integrantes impuso 45 años de prisión a Alberto Lopes do Nascimento y 42 años y ocho meses a Lindonjonson Silva Rocha por doble homicidio con tres agravantes, alevosía, método cruel y uso de recursos que impedían defenderse a las víctimas.
Da Silva, de 54 años, y su esposa Maria do Espírito Santo, de 53, se desplazaban en una motocicleta cuando fueron emboscados y asesinados con varios disparos por los sicarios en una zona selvática de este norteño estado de Pará, el 24 de mayo de 2011.
[related_articles]
A Da Silva, ya caído y mortalmente herido, le cortaron una oreja.
Los asesinos "emplearon recursos que imposibilitaron la defensa de José Cláudio y de Maria, muertos en una emboscada de forma cruel y con desprecio por la vida humana. El motivo del crimen fue una disputa por la posesión de un predio rural, elemento agravante como causa repugnante. Las consecuencias de los crímenes son graves e indelebles y entrañan severos traumas para sus familiares", sostiene la sentencia leída por el juez Murilo Lemos Simão.
Pero el acusado de haber ordenado los asesinatos, José Rodrigues Moreira, para quien la fiscalía pedía una pena de 70 años, fue absuelto porque "no existen elementos concretos" que prueben su culpabilidad, dijo el juez.
La ciudad de Marabá, en el sudeste de Pará región que concentra la mayor cantidad de conflictos agrarios fue el escenario de este proceso, presenciado por delegados de decenas de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Casi 200 personas cumplieron una vigilia frente al Fórum de Marabá, sede del tribunal, junto a la carretera Transamazónica.
Al conocerse la sentencia, activistas y trabajadores rurales quemaron cruces y arrojaron piedras a las ventanas del edificio.
"El veredicto es más de lo mismo de esta justicia brasileña: condena al que está en el extremo del asesinato y absuelve a quien tiene motivos para cometerlo", dijo a IPS el coordinador de la organización no gubernamental Terra de Direitos, Antônio Escrivão Filho.
Da Silva, conocido como "Zé Castanha", y Maria llevaban adelante un proyecto sostenible de agricultura y extracción de frutos locales en el asentamiento Praia Alta Piranheira, situado en el municipio de Nova Ipixuna, a 500 kilómetros de Belém, la capital estadual.
La pareja venía denunciando desde 2005 la acción de madereros y carboneros en la zona y su ocupación ilegal de ese asentamiento de 22.000 hectáreas, que ya estaban devastadas en 75 por ciento.
Lo que desencadenó el asesinato fue la compra ilegal de un lote de 150 hectáreas, efectuada por Rodrigues, dentro de la zona donde se desarrollaba el proyecto Praia Alta Piranheira.
En la mitad de esa área habitaban tres familias. Rodrigues intentó desalojarlas, pero no pudo, gracias al apoyo que José Cláudio y Maria, líderes locales, prestaron a los afectados.
Como represalia, Rodrigues decidió contratar a los sicarios para que los mataran, según la acusación fiscal. Luego de las muertes, las tres familias siguieron recibiendo intimidaciones y, ante la falta de protección policial, resolvieron abandonar los lotes.
El fiscal del caso, Danyllo Pompeu Collares, anunció que apelará el fallo.
"La sociedad todavía no está preparada para colocar la culpa en el responsable por miedo a su poder económico e influencia política. El resto de la familia (de los asesinados) seguirá amenazada mientras esté libre (Rodrigues)", dijo el fiscal.
La región del sur y sudeste de Pará es una de las más violentas en materia de conflictos agrarios. Según datos de la católica Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), de 1.645 asesinatos cometidos desde 1985, apenas 100 llegaron a juicio, y de ellos solo recibieron condenas 22 autores intelectuales.
"La justicia de Pará es muy conservadora. Yo quería una condena, cualquier pena suave sería un estímulo al sicariato. El castigo debía ser duro", dijo a IPS el alcalde de Marabá, João Salame, investido este año.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional en Brasil, Atila Roque, indicó que "lo más grave es que el texto de la sentencia criminaliza y culpa a las víctimas, un absurdo. La pareja tenía una historia de defensa de la legalidad y a favor de la pacificación del conflicto".
"El Estado ejerció un papel de omisión absoluta… Es chocante y vergonzoso", dijo a IPS.
El primer día del juicio, el miércoles 3, comenzó temprano para los 200 activistas que llegaron a Marabá. A las cinco de la mañana ya estaban tomando sus lugares frente al tribunal.
El proceso también fue seguido de cerca por el Movimiento Humanos Derechos, Amnistía, y la fundación que entrega el Right Livelihood Award, conocido como el premio Nobel Alternativo, entre otras entidades.
Mientras se desarrollaba la audiencia, fuera del edificio, campesinos y activistas montaron un altar con una fotografía de la pareja asesinada y una ofrenda de castañas.
"Ellos defendían la selva. En esta región hay muchos ganaderos, madereros, carboneros y campesinos asentados. La pareja era agroextractivista y vivía de las esencias de la floresta", declaró el cuñado de Maria do Espírito Santo, José Sampaio, primero en prestar testimonio ante el tribunal.
Según su esposa y hermana de Maria, Laísa Sampaio, la pareja soportaba amenazas desde 2001.
"Ellos denunciaban delitos, a los carboneros y madereros y la ocupación ilegal, y llevaban adelante un proceso educativo (para convencer) de que era posible vivir de la selva", dijo Laísa, quien también sufrió amenazas y debió dejar la tierra que habitaba.
Según José Batista, de la CPT y asistente de la parte acusadora, en la investigación policial se recogieron muchas pruebas técnicas, en especial cabellos en una máscara de buceo que se usó en el crimen y que, mediante examen de ADN, permitieron comprobar que pertenecía a uno de los dos asesinos.
"La condena era segura con base en las pruebas existentes, son firmes, muy contundentes y nos daban la certeza de que los jurados decidirían un fallo condenatorio", dijo Batista a IPS.
Pese a sus 82 años y a problemas de salud, el fraile dominico Henri des Roziers, abogado de la CPT en Pará y conocido aquí por todos como Frei Henri, hizo cuestión de asistir al proceso.
Para él, este caso tenía semejanzas con el asesinato del célebre "seringueiro" (recolector de caucho) y ecologista Chico Mendes, cometido en 1988 en el noroccidental estado de Acre.
"La impunidad se mantiene, salgo con el corazón triste", dijo Henri.
"El extractivismo y la preservación de la naturaleza siguen siendo causa de muerte. El tipo de crimen es parecido al de Chico Mendes, las razones fueron las mismas. Ellos molestaban al modelo actual del agronegocio, del agrotóxico y del desprecio a la naturaleza", concluyó.
