«Necesitamos una solución. Es la ONU la que ha generado el problema, y son ellos los que deben hacer su trabajo y arreglarlo», reclama Bright, un joven nigeriano varado en el campo de refugiados de Choucha, en Túnez, a pocos kilómetros de la frontera con Libia.Junto a Bright, otras 250 personas permanecen desde hace dos años en un territorio convertido en tierra de nadie. Por entonces eran miles de inmigrantes, la mayoría de África subsahariana, que residían en Libia y la abandonaron a la carrera cuando comenzaron los enfrentamientos armados que acabaron con el derrocamiento del régimen de Muammar Gadafi (1969-2011).
Ahora quedan dos centenares y medio de diversas nacionalidades. Su condición de refugiados no es reconocida. Oficialmente, no existen. La ONU (Organización de las Naciones Unidas) rechazó tramitar sus solicitudes de asilo, no pueden regresar a sus países de origen ni a Libia, donde la población negra es asimilada a los seguidores de Gadafi y reprimida. Sobreviven en condiciones extremas.
Entonces, aprovechando que el Foro Social Mundial (FSM) desembarcó esta semana en Túnez, un grupo de 50 refugiados consiguieron llegar a la capital para reclamar una solución. De ellos, 37 se declararon en huelga de hambre el viernes 29 frente a la sede de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Ignorados por las instituciones internacionales y por el gobierno de Túnez, prometen seguir manifestándose hasta encontrar una solución. Su situación podría agravarse si se cumple la amenaza de derribar el campamento en junio.
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"En mi país participé en cuestiones políticas. Así que fui perseguido. Por eso me marché a Libia", contó a IPS el chadiano Mousa Ibrahim. La de Chad es la comunidad más representada en Choucha, con un total de 80 miembros.
Hasta el 20 de marzo de 2011, trabajó en Zawiyah, ciudad situada sobre la costa del mar Mediterráneo, 45 kilómetros al oeste de Trípoli, donde también reclutaba jóvenes para combatir en su país, al que seguía vinculado. Con el inicio de la guerra civil libia, decidió huir junto a su mujer, entonces embarazada, y su hijo de cinco años.
"Me inscribí en el campo porque nos prometieron que nos reconocerían como refugiados", protestó. Han pasado más de 48 meses; su hija Jalida nació en la misma Choucha y su situación no ha hecho sino deteriorarse.
"La comisión tunecina para los refugiados me rechaza. Me dicen que tengo dos opciones: volver a mi país o regresar a Libia. En Chad sería encarcelado o asesinado. Y en Libia, los negros somos perseguidos. Solo quiero ser reconocido y que me dirijan a un país donde pueda vivir a salvo", reclamó.
Hace dos años, el conflicto libio provocó un éxodo que colapsó el paso fronterizo de Ras Jdir hacia Túnez.
Progresivamente, el Acnur distribuyó a la mayoría. Pero quedaron estos 250, un heterogéneo grupo de familias que denuncian haber sido excluidas sin razón alguna. Las hay de Chad, Nigeria, Sahara Occidental, de la región sudanesa de Darfur o de Palestina.
Al principio, decenas de organizaciones trataban de paliar la crisis humanitaria. Ahora, apenas llegan recursos. Siguen durmiendo en las tiendas de campaña, pero el grifo de la ayuda se ha cortado progresivamente.
Hace cinco meses dejaron de llegar los alimentos. Por eso, los refugiados tienen que arreglárselas como pueden para obtener comida. Además, al haber sido denegada su petición de estatus de refugiado, no tienen derecho a ser realojados en otro país. En la práctica, es como si no existieran.
"No somos migrantes ni queremos ir a un lugar a trabajar. El problema es político, somos refugiados", insistía Bright a IPS, durante una sentada frente a la oficina de la Unión Europea en Túnez, celebrada el miércoles 27 por la mañana.
Asustados ante la posibilidad de que el campo sea clausurado en junio, los refugiados han comenzado una campaña de movilización.
No lo tienen fácil. Por una parte, están las dificultades económicas. Apenas disponen para subsistir y necesitan colaboración de activistas tunecinos y extranjeros que colectan fondos para sufragar los viajes. Por otra, están las trabas impuestas por el propio gobierno de Túnez, que ha llegado a enviar a la policía para impedir el paso de los refugiados.
Eso pasó en enero, cuando un centenar de ellos lograron llegar hasta la capital, donde permanecieron cinco días informando sobre su situación. Y también el pasado fin de semana. Cuando todo estaba previsto para partir, agentes policiales pararon los autobuses a la altura de Ben Gardane, 443 kilómetros al sur de Túnez. Pero la mitad de los viajeros, entre ellos Ibrahim y Bright, lograron llegar.
Sus pancartas son visibles en el acceso al Foro Social Mundial, en el campus de la universidad Al Manar, y cerca de sedes oficiales, como las embajadas de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Su reclamo es claro: una solución para salir del limbo que los condena a la miseria.
Por el momento, tampoco el Foro ha permitido mejorar sus condiciones. Y eso que la cuestión de los refugiados estuvo presente en varios talleres del mayor encuentro mundial de la sociedad civil organizada que se resiste al actual rumbo de la globalización.
Es cierto que muchos activistas se solidarizaron con su causa. Pero no hubo una presión expresa para que la ONU reconsiderara su rechazo a reconocerles el estatus de refugiados.
"Este era un caso práctico, no teoría", protestó Bright. Sus ojos cansados evidenciaban el hartazgo de quien ve cerrarse todas las puertas y la desconfianza ante distintas maniobras institucionales.
Según relatan muchos de los afectados, representantes oficiales habrían intentado negociar en paralelo con cada una de las comunidades, con la cuenta atrás del desmantelamiento del campo en marcha.
Mientras, el FSM concluyó este sábado 30 su edición en Túnez con un acto de conclusiones y una marcha por el día de la tierra palestina. Los refugiados no reconocidos seguirán aquí, a la espera de una solución.
