Cuenta regresiva para “revolución agraria” en Ecuador

La Asamblea Nacional de Ecuador aceleró el proceso para aprobar la ley de aguas antes de clausurar en mayo su período legislativo, en el que poco se avanzó para cumplir el mandato constitucional de consolidar la “revolución agraria”.

Alrededor de un centenar de organizaciones sociales representativas de comunas (grupos con prerrogativas políticas y administrativas), comunidades, pueblos y nacionalidades aborígenes, afroecuatorianos y montubios (descendientes de indígenas de la costa) participan desde fines de febrero en una consulta prelegislativa, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.

El 1 de abril concluirá el plazo para entregar propuestas sobre "las tradiciones, los lugares rituales y sagrados (del agua), la gestión y manejo ancestral, uso, usufructo y administración, derecho propio o consuetudinario, participación y representación en los organismos oficiales".

La agenda agraria comprende leyes sobre tierras, agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agroecología, pesca y acuacultura, agroindustria y empleo agrícola, comunas y sanidad ambiental, entre otras.

"Hemos entregado propuestas para nueve leyes", precisó Miguel Ríos, de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), que promueve la construcción participativa en proyectos de leyes y políticas.
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"Esperamos que se impulsen los proyectos que son importantes", indicó Ríos a IPS.

El tiempo es corto para lograr avances sustanciales, ya que el 14 de mayo tomarán posesión los legisladores electos en los comicios generales del 17 de febrero. La gobernante Alianza País (AP), de centroizquierda, contará con 57 por ciento de los 136 escaños del cuerpo.

Pero, antes de que se inicie la nueva legislatura, debe quedar listo el informe de la consulta prelegislativa sobre el proyecto Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, cuya aprobación se viene dilatando desde 2009.

En 2010, hubo protestas indígenas que acusaron al Poder Ejecutivo de pretender una rectoría única en el manejo del agua y demandaron una consulta previa al tratamiento parlamentario para garantizar los derechos colectivos, cuya fase final se concreta con la convocatoria de Cordero.

Tampoco la AP consiguió los 60 votos para aprobar la ley, pues hubo divisiones internas en el bloque de 53 asambleístas oficialistas y no se concretó el apoyo de otras fuerzas, como socialistas e independientes.

Los temas espinosos se refieren a qué sector se da prioridad en el agua –consumo, actividades productivas, turismo, producción agrícola de exportación, industria y petróleo, actividades mineras– y en la gestión por parte de las comunidades.

El legislador Pedro de la Cruz, de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, insistió en que se debe establecer "una regularización explícita" para evitar que la minería afecte las fuentes de agua.

Según datos oficiales, el acceso a riego se localiza en casi 940.000 hectáreas de las 2,9 millones cultivadas.

El no gubernamental Foro de Recursos Hídricos señala que lo más grave en Ecuador es el acaparamiento del agua de riego, ya que el agronegocio y los grandes hacendados disponen del recurso en mayores cantidades que las comunidades campesinas.

La calidad del agua consumo humano es muy deficiente en áreas rurales y unas 40 instituciones intervienen en su gestión, advirtió el Foro.

De acuerdo a la Constitución se deben revisar cerca de 77.000 concesiones e riego e instaurar permisos de uso en lugar de estas.

¡Revolución agraria ya! titula uno de los compromisos programáticos del reelecto presidente de Ecuador, el centroizquierdista Rafael Correa.

"La promulgación de un conjunto de leyes que afectan a la tierra, al agua y a otros medios de producción es sustancial para nuestra propuesta", se lee en el documento programático que promovió el mandatario en su campaña electoral.

La correlación de fuerzas a favor de la gobernante AP en la nueva Asamblea deberá cristalizar la aprobación de proyectos agrarios, incluyendo el de Ley de Tierras y Territorios, otro tema sensible.

Diana Atamaint, parlamentaria por Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sostuvo que "el gobierno no ha tomado la iniciativa en la democratización del uso de la tierra" y "más bien se ha preocupado de que en la ley de aguas se considere un representante del Poder Ejecutivo como la instancia única de toma de decisiones".

"Si en cuatro años no se lograron consensos y avances, dudo de que en estos días se pueda discutir y pasar a una aprobación de la Asamblea", dijo Atamaint a IPS.

Por su parte, Silvia Salgado, representante del Partido Socialista, consideró que "no hay tiempo ni condiciones políticas" y "será la próxima Asamblea, con una correlación de fuerzas diferente, la que votará por esa ley".

En diálogo con IPS, Salgado, elegida diputada al Parlamento Andino, reconoció que "falta mucho por hacer" y que el problema es "la falta de consenso político y la dispersión en las iniciativas". Pero, rescató que "se incorporaron en el debate ciudadano y político la redistribución de la tierra y la desprivatización del agua".

Ángel Rivero, electo asambleísta por AP y dirigente de una federación campesina y de trabajadores agroindustriales, entiende que la agenda agraria penas avanzó "25 o 30 por ciento" y que se deben priorizar "tierra, agua, semillas y agrobiodiversidad, producción y comercialización y la reestructuración productiva".

Por eso es que Romelio Gualán, presidente del Consejo Nacional Sectorial Campesino del Ministerio de Agricultura, cree que "debemos ir más allá y cristalizar en la realidad a través de leyes y políticas públicas una revolución agraria que beneficie a los más pobres".

Según el III Censo Nacional Agropecuario, 29,5 por ciento de las unidades de producción agropecuaria tienen menos de una hectárea y apenas ocupan 0,8 por ciento de la superficie nacional, mientras las unidades de más de 200 hectáreas ocupan 29,08 por ciento.

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