Por primera vez en El Salvador, una radio comunitaria comenzó a transmitir con licencia propia. Pero sigue la lucha del sector por conquistar un cambio en la legislación que otorgue mayor espacio en el dial a este tipo de emisoras.
Tras años de tropiezos, Radio Mangle lanzó este lunes 14 su señal a las más de 200 comunidades de la zona conocida como el Bajo Lempa, en el municipio de Jiquilisco, en el sur del oriental departamento de Usulután.
"Este es un momento histórico, el resultado de años de trabajo y de presión social", dijo a IPS el radiodifusor Mario Martínez, coordinador de la Asociación Mangle, gestora del proyecto. La emisora transmite desde ahora en el 106.1 FM (frecuencia modulada), desde la Comunidad Ciudad Romero, en el cantón El Zamorán, de Jiquilisco.
La estatal y autónoma Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, que regula el espectro radioeléctrico, adjudicó en octubre la frecuencia a una dependencia pública, que la traspasó a la emisora, que se convirtió así en la primera de tipo comunitario en obtener una licencia en el país.
Desde esa fecha, el colectivo de la estación hizo todos los preparativos para el arranque de sus emisiones este lunes 14.
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Las radios comunitarias comenzaron a surgir en El Salvador en 1992, al concluir 12 años de guerra civil, cuando se abrieron espacios democráticos de opinión y disenso. Pero han sido perseguidas por carecer de permisos y algunas estaciones fueron clausuradas mediante el desalojo violento de sus instalaciones por la policía.
La Ley de Telecomunicaciones establecida en 1997 permite tácitamente la participación de estaciones comunitarias, pero estas deben ganar la frecuencia respectiva en una subasta, lo cual las pone en desventaja respecto a los grupos empresariales, estiman organizaciones sociales.
"Esa ley es una de las más antidemocráticas y malintencionadas que se han aprobado en este país", señaló a IPS el director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), Leonel Herrera.
Ante la imposibilidad de obtener una frecuencia propia, las 18 radios comunitarias integrantes de la Arpas transmiten por el 92.1 FM, gracias una frecuencia obtenida por la asociación en 1998, y que se ha fraccionado para que cada una de esas estaciones transmitan en una región específica, con los problemas de interferencia que ello trae.
Desde 2000, Radio Mangle transmitió una década a través de la señal de Radio Maya Visión, una estación vinculada al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en el gobierno desde que en 2009 cuando llegó a la Presidencia de El Salvador Mauricio Funes, antes un popular periodista de televisión que comenzó su carrera profesional en la radio.
El proyecto de la radio se gestó como parte del sistema de alerta temprana impulsado por las propias comunidades del Bajo Lempa, catalogada como una de las zonas más vulnerables del país. Cada época de lluvias, las inundaciones traen muerte, pérdida de cosechas y desplazamiento de población.
Pero las interferencias en su dial hacían inviables las transmisiones y sus emisiones finalizaron definitivamente en 2010.
Ese mismo año, la Asociación Mangle gestionó a la Superintendencia una licencia para la emisora, a través de la municipalidad de Jiquilisco, pero la solicitud fue denegada y la frecuencia ni siquiera salió a subasta.
Un nuevo intento fue hecho en 2011, al licitar por la frecuencia 98.1 en FM, pero una empresa comercial del oriente del país ganó la subasta con 20.000 dólares, contó Martínez a IPS durante una entrevista en la sede de la emisora.
"Hay gente que solo está esperando que salgan las subastas, y les caen", agregó. "Ya se han dado casos en que las ganan y no las utilizan. Solo lo hacen para bloquearnos", aseguró.
Para evadir la subasta, Radio Mangle recurrió a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, que en julio de 2012 solicitó a la Superintendencia una frecuencia de uso oficial. Una vez obtenida fue traspasada a la Arpas y esta, a su vez, la otorgó a su emisora asociada en el Bajo Lempa.
La Arpas, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) interpusieron en agosto un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones.
La demanda solicita derogar que se establezca la subasta como el único medio para acceder a frecuencias de radio y televisión.
Se aduce que ese sistema violenta principios constitucionales como el de igualdad ante la ley, ya que ese mecanismo no permite a las radios comunitarias competir por frecuencias en igualdad de condiciones con grupos empresariales.
También se considera que vulnera otros artículos constitucionales que promueven la libertad de expresión, porque ese derecho se ve restringido si se bloquea el otorgamiento de licencias de radio, entre otros.
Pero las radios comerciales dicen que, si se abre espacio en el dial para dar lugar a emisoras comunitarias, se generaría interferencia que afectaría la programación de las ya establecidas.
"No entiendo porque se pide quitar la figura de la subasta, cuando en el dial ya no hay frecuencias disponibles, es un problema técnico", dijo a IPS la directora ejecutiva de la Asociación de Radiodifusores de El Salvador, Ana María Urrutia.
La organización aglutina a más de 210 radios comerciales del país, con alcance nacional o regional y, como tal, defiende los intereses de la radiodifusión comercial.
Las estaciones comunitarias sostienen que su enfoque no es el de generar utilidades, como sí lo es en las comerciales, y por tanto debe haber otra lógica para que ellas accedan a una licencia de radio.
La Arpas plantea que si el ancho de banda de las frecuencias se dividiera en dos, al pasar de 400 KHz a 200 KHz, habría el doble de espacio para dar cabida a nuevas estaciones.
"Si quieren dividir, tendrán que quitar parte de la frecuencia que ya tiene dueño, eso no se puede", adujo Urrutia.
El superintendente del sector, Luis Méndez, no atendió la solicitud de IPS para que fijara posición en torno a esta situación.
Martínez cree que el rechazo del gremio comercial de la radiodifusión a compartir el espectro con las emisoras comunitarias es más ideológico que técnico y comercial. A su juicio, no quieren que surjan voces con un pensamiento y un discurso alternativo al dominante en las radios comerciales, cuyas principales cadenas están en manos de consorcios empresariales.
En diciembre, la Arpas, la Fespad y la Universidad Centroamericana criticaron colectivamente a la Superintendencia por no incluir a radios y medios alternativos en una comisión que se encargará de definir el proceso de digitalización del espectro radioeléctrico salvadoreño.
Estas organizaciones estiman que digitalizar el dial es una oportunidad para abrir el espacio que necesitan las estaciones comunitarias, pero, al mismo tiempo, puede fortificar y ampliar el dominio actual del dial por los consorcios empresariales.
"El debate sobre la digitalización no es sólo técnico, sino fundamentalmente político, pues representa la oportunidad de democratizar el acceso al espectro radioeléctrico o una amenaza de mayor concentración de la propiedad de los medios de comunicación", alertaron las tres organizaciones, en un comunicado.
