Activistas taiwaneses por los derechos humanos empezaron el nuevo año con las promesas de impedir «un regreso al autoritarismo» y llevar justicia a las familias de prisioneros que fueron ejecutados justo antes de Navidad.
Abogados expertos en derechos humanos planean presentar cargos penales contra el ministro de Justicia, Tseng Yung-fu, al tiempo de reclamar su juicio político por ordenar "ilegalmente" la ejecución de seis condenados a muerte, con la confirmación de la Suprema Corte de Taiwán.
Los hombres fueron ejecutados el 21 de diciembre mediante disparos en sus cabezas y corazones en tres prisiones taiwanesas, sin previa notificación a sus familias o abogados, lo cual eleva a 19 la cantidad de personas ejecutadas desde que llevó al gobierno el Partido Nacionalista Chino (Kuomintang o KMT).
El presidente Ma Ying-jeou puso fin a una moratoria de cinco años de la pena de muerte, que había iniciado el gobierno anterior, con cuatro ejecuciones el 30 de abril de 2010.
Actualmente hay 55 condenados a muerte que aguardan el cumplimiento de su sentencia.
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Esta serie de ejecuciones fue la tercera llevada a cabo desde que Taiwán ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) en 2009.
El presidente promulgó la decisión en diciembre de 2009 para incorporar estos estándares internacionales directamente en las leyes de Taiwán.
Pero activistas locales sostienen que la decisión de las autoridades de llevar a cabo las ejecuciones pasó por encima de una petición de un panel de destacados expertos internacionales en derechos humanos, determinados a evaluar el cumplimiento de Taiwán con los dos convenios a fines de febrero de este año.
Manfred Nowak, ex relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, y Eibe Riedel, integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, emitieron una carta conjunta el 21 de noviembre llamando al presidente a abstenerse de ejecutar a más personas antes de la evaluación de febrero.
Según Tseng, el Ministerio de Justicia "no tuvo más opción que llevar a cabo la ejecución" luego de que el principal sospechoso en un caso de asesinato infantil desató la ira pública al clamar que sabía que no sería ejecutado y que podría "disfrutar" de una vida en prisión.
También declaró que el Ministerio de Justicia "nunca prometió poner fin a la pena de muerte".
Poco después de las ejecuciones, una coalición de organizaciones de derechos humanos de Taiwán elevó una moción de juicio político contra el ministro de Justicia al Control Yuan, la rama del gobierno responsable de vigilar la corrupción de los funcionarios.
La petición, presentada en persona ante el comisionado de Control Yuan, Yeh Yao-peng, por el representante de Covenants Watch, Kao Yung- cheng, sostuvo que la firma de Tseng en las órdenes de ejecución del 21 de diciembre "violó el artículo 6-4 del ICCPR, que ha sido ratificado por nuestro país y entrado en vigor en el derecho interno mediante la Ley de Implementación".
Se agregó que el ICCPR mandata que "todo aquel que esté sentenciado a muerte tendrá derecho a pedir perdón o conmutación de la sentencia".
Lin Hsin-yi, director de la Alianza de Taiwán Contra la Pena de Muerte, dijo a IPS que su organización había ayudado a 44 condenados a muerte, entre ellos los seis ejecutados el mes pasado, para que presentaran peticiones formales de amnistía, perdón o conmutación de sus sentencias al presidente el 29 de marzo de 2010.
El presidente no dio señales de haber aprobado o rechazado las peticiones.
En su comunicado del 21 de diciembre en el que anunció las ejecuciones, el Ministerio de Justicia dijo que las había realizado de acuerdo con las leyes existentes, entre ellas la de amnistía, que no especifica un procedimiento para las peticiones.
Sin embargo, Kao dijo a IPS que a Tseng se le requirió legalmente respetar el derecho de petición de amnistía y "certificar primero que el presidente ya había rechazado pedidos de amnistía antes de llevar a cabo" las ejecuciones.
La petición concluyó que el ministro de Justicia "cometió una grave violación de la ley y negligencia de autoridad", y pidió a Control Yuan que sometiera a Tseng a juicio político, en un ejemplo para otros funcionarios que desacataron abiertamente los compromisos asumidos por el país.
Kao dijo a IPS que la solicitud de juicio político "es distinta de la cuestión de la abolición, pero implica justicia de procedimiento".
"Si las personas pueden ser ejecutadas, independientemente de los motivos, sin cumplir con el proceso legal requerido, Taiwán volverá a ser puesto en el camino hacia el autoritarismo", advirtió.
También dijo a IPS que organizaciones de derechos humanos evalúan presentar cargos penales contra Tseng, quien podría ser castigado en el marco del artículo 127 del Código Penal con hasta cinco años de prisión.
La Unión Europea (UE) y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos también denunciaron las ejecuciones.
La vicepresidenta de la Comisión Europea (rama ejecutiva de la UE), Catherine Ashton, "deploró" las ejecuciones y llamó a Taipei a "adoptar medidas concretas para reducir el uso de la pena capital, a fin de permitir la reanudación de la moratoria de facto".
La directora de Amnistía Internacional para el este asiático, Roseann Rife, calificó a la acción como "matanza a sangre fría por parte de las autoridades de Taiwán".
Irónicamente, mientras el Ministerio de Justicia señala que las encuestas públicas muestran una abrumadora mayoría a favor de la pena de muerte, unos 1.000 adultos consultados en otra, efectuada el mes pasado por Taiwan Thinktank, dijeron sentir que el Poder Judicial había sido "injusto", en comparación con apenas 21,4 por ciento que creían que el fallo era justo.
Los activistas también alertaron que las ejecuciones tenían el potencial de perjudicar aún más la calidad del proceso judicial.
Liao Fu-teh, investigador de la Institución Académica de Jurisprudencia y miembro del comité asesor de la Presidencia sobre derechos humanos, dijo a IPS que "la pena de muerte puede estar siendo usada como herramienta de intimidación".
Liao citó informes de prensa del 23 de diciembre según los cuales una sospechosa que estaba detenida en Hualien, en el oriente de Taiwán, para ser interrogada sobre el asesinato de su madre, se había "asustado" con las ejecuciones y, tras meses de negarlo, confesó haber cometido el crimen con su novio, para evitar que la ejecutaran.
Las críticas a la falta de respeto oficial por los dos convenios se intensificaron durante 2012.
El 10 de diciembre, una coalición de organizaciones de la sociedad civil otorgaron al presidente una placa de papel pintada de color dorado por "pisotear los derechos humanos", justo cuando el presidente Ma estaba presentando un Premio Asiático a la Democracia y los Derechos Humanos a ECPAT Internacional, con sede en Tailandia, en el Far East Plaza Hotel de Taipei.
