La acción de las autoridades de esta ciudad brasileña que interrumpió el funcionamiento de la Compañía Siderúrgica do Atlántico (CSA) es considerada una buena noticia, aunque insuficiente, por las organizaciones denunciantes de graves daños a la población y ambientales en la Bahía de Sepetiba.
"Es una acción importante, pero tardía. La alcaldía debería haber controlado de modo más estricto a la CSA hace mucho más tiempo y de manera más estricta", dijo a IPS el investigador Gabriel Strautman, especialista en derechos económicos sociales y culturales de la organización humanitaria Justicia Global.
"Lo más destacado es que esa retórica de la CSA respecto de que usa la mejor tecnología y toma todas las medidas necesarias está siendo sistemáticamente puesta en entredicho", añadió.
La decisión del gobierno de la ciudad de Río de Janeiro fue publicada esta semana en el Diario Oficial, informando que en el lugar "se está ejerciendo actividad de siderurgia sin la competente licencia de funcionamiento del establecimiento".
Las autoridades indicaron que la CSA, propiedad del consorcio alemán ThyssenKrupp y asociada en esta iniciativa con la firma brasileña Vale, estaba operando con un permiso provisorio, válido solo para seis meses y posibilidad de prórroga, pero que no fue renovado porque no presentó los documentos solicitados.
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Advirtieron que, en caso de incumplir el dictamen, la empresa tendrá que pagar una multa equivalente a unos 285 dólares diarios y, además, se llegará a denunciarla como responsable de cometer el delito de desobediencia ante el Ministerio Público.
"Claro que cualquier medida que exponga irregularidades de instalación y operación de esta empresa la apoyamos. Si el mismo poder público que le concedió todas las facilidades para su instalación reconoce que está operando irregularmente, para nosotros es una victoria", declaró Sandra Quintela, socioconomista del Instituto de Políticas Alternativas del Cono Sur" (PACS).
Pero Quintela destacó que la falta de permiso de funcionamiento "es apenas una evidencia más de las innumerables irregularidades que cercan a esta empresa".
El PACS sostiene que la región de la Bahía de Sepetiba, ubicada en el extremo oeste de Río de Janeiro, está sufriendo un enorme impacto sociambiental por la contaminación que causa esta planta, considerada la mayor siderúrgica de América Latina.
Las primeras víctimas, lamentó Quintela, fueron los pescadores artesanales cuando fue inaugurada en 2010. Después comenzaron las denuncias sobre daños a la salud de los pobladores del circundante barrio de Santa Cruz por la emisión de una lluvia de metales que tuvo lugar por lo menos dos veces de forma aguda, una a fines de 2010 y comienzos de 2011, y la otra en octubre pasado.
La Secretaría de Medio Ambiente multó tres veces a la empresa por esa emisión contaminante llamada "lluvia de plata".
En su momento, CSA reconoció el problema "de que el grafito es oriundo de su proceso de producción" y se disculpó ante los vecinos. Asimismo, se comprometió a mejorar sus sistemas de filtros para corregir la emisión de partículas.
La empresa dijo en esa oportunidad que el grafito no es contaminante, argumento rebatido por Quintela quien, basada en un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Pontifica Universidad Católica de Río de Janeiro, afirma que "la lluvia de plata" contiene otros metales como zinc.
Quintela aseguró que el deterioro de la salud de la población vecina es evidente y muestra que las medidas tomadas no han sido suficientes. Los habitantes continúan sufriendo problemas respiratorios, dermatológicos y alérgicos, entre otros, verificados por un estudio de investigadores de la oficial Fundación Oswaldo Cruz, añadió.
Además, la empresa alemana fue objeto de denuncias por otras irregularidades como ilegalidad y falta de transparencia en el proceso de estudio ambiental y la destrucción de los manglares de la bahía. "Es el retrato de una empresa retrógrada con una administración arcaica y una planta industrial del siglo XIX", dijo a IPS el coordinador de la organización ambientalista Alternativa Terrazul- RJ", Carlos Painel, al referirse a la siderúrgica, que calificó como "la mayor emisora de gases de efecto invernadero del municipio de Río de Janeiro".
"Queriendo aprovecharse de la gran demanda mundial de acero en la década pasada, fue sorprendida por la crisis financiera de 2007 y se convirtió en una nave gigantesca sin rumbo", agregó.
Por eso para Painel, la decisión municipal, aunque "correcta", "está lejos de inhibir el gran mal que esa siderúrgica hace a la ciudad y su población".
Consultada por IPS, la asesoría de prensa de la CSA en Brasil respondió en un comunicado que encaminó un pedido de reconsideración a la alcaldía que está siendo analizado así como los documentos requeridos.
El consorcio alemán aclara que la decisión no está vinculada con las licencias de operación u ambiental del complejo siderúrgico, emitidas por el gobierno estadual, sino al permiso de la alcaldía de la ciudad.
"Este documento tiene que ser renovado semestralmente hasta el cumplimiento de las exigencias para emisión de la habilitación de funcionamiento definitiva. La CSA está actuando conforme al proceso de permisos ambientales y cumpliendo rigorosamente cada punto del Término de Conducta (TAC) firmado en marzo de 2012" con la Secretaría de Medio Ambiente, puntualizó.
La CSA es un complejo siderúrgico integrado para producir placas de acero de alta calidad que se define en su página de Internet como "la más moderna planta siderúrgica integrada de la Bahía de Sepetiba", con una capacidad máxima anual de producción de cinco millones de toneladas de acero.
Su instalación, que significó el mayor aporte privado de inversión de la última década en el estado de Río de Janeiro, fue planificada en momentos de auge del sector.
Pero factores como la caída del consumo de acero en el mercado mundial y el aumento de los precios de las materias primas como hierro, sumado al aumento interno de los costos, comenzó a darle prejuicios. A eso se sumaron los cuestionamientos ambientales. La empresa fue puesta a venta el año pasado.
