El paquete de medidas sociales con las que se estrenó el nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, obtuvo una buena acogida en el país, aunque los expertos matizan sus alcances y dudan sobre la provisión de fondos para hacerlo realidad.
"Lo primero favorable es que se reconoce el rezago social. Habrá que observar si va a corresponder con el presupuesto, porque el problema es que como está diseñado el gasto básicamente no se podría hacer gran cosa", dijo a IPS el experto en pobreza y otros asuntos sociales José Luís de la Cruz.
"Va a demandar que se diseñe una política fiscal que corresponda con los objetivos sociales. Sin eso, será complicado elaborar un programa de fondo", analizó el académico del Departamento de Finanzas y Economía del privado Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En su discurso de juramentación, el sábado 1, Peña Nieto delineó 13 medidas a aplicar en sus primeros meses de gestión, entre las que destacan una cruzada nacional contra el hambre, un seguro de vida para jefas de familia y pensión para los mayores de 65 años.
Esos planes fueron apuntalados con el Pacto por México, que el nuevo mandatario rubricó al día siguiente con los presidentes de las tres mayores fuerzas políticas: los tradicionales Partido Revolucionario Institucional, ahora en el gobierno, y el Partido Acción Nacional, que pasó a la oposición, junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La rúbrica de ese sorpresivo pacto quedó deslucida cuando la cúpula directica del izquierdista PRD desconoció formalmente la participación en ese pacto y puntualizó que la firma del presidente, Jesús Zambrano, fue un gesto personal.
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Ese acuerdo incluye 95 tareas sobre derechos sociales, crecimiento económico y empleo; seguridad y justicia; transparencia y combate a la corrupción, así como gobernabilidad. Entre ellas se incluyen el seguro de desempleo, programas de combate a la pobreza, garantías de comercialización adecuada para los productos agropecuarios y aumento de la productividad.
Pero el menú social necesita incorporarse al proyecto de presupuesto de 2013, que el Poder Ejecutivo está por enviar al Congreso legislativo para su negociación y aprobación.
Peña Nieto, cuya toma de posesión fue acompañada por protestas, represión policial y destrozos en el centro histórico de la Ciudad de México, anticipó que propondrá una reforma fiscal en el transcurso del año próximo, destinada a incrementar la carga impositiva en el país, actualmente en un promedio de 19 por ciento, considerada muy baja.
"Tiene que haber una revisión de temas estructurales, como la falta de empleo y la precarización del trabajo. Me hubiera gustado que hablara de una estrategia nacional alimentaria. Suena más a una intervención asistencialista", analizó para IPS la presidenta honoraria de la no gubernamental Incide Social, Clara Jusidiman.
"Hay que hacer programas de seguridad alimentaria, en algunos casos es un tema de ingresos, en otros es de recuperar producciones" en el campo, planteó.
Felipe Calderón, predecesor de Peña Nieto, dejó como herencia a 52 millones de los más de 112 millones de habitantes del país en situación de pobreza. De ellos, 23 por ciento sobreviven en la indigencia, según el estatal Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Para enfrentar el flagelo, agudizado desde 2008 a causa del impacto de la crisis financiera mundial, Calderón fortaleció el Programa Oportunidades, creado a fines de los años 90 y que adoptó su formato actual en 2002. Cubre a 21 millones de personas, con presencia en unos 1.200 municipios y un presupuesto que este año roza los 5.000 millones de dólares.
Estas transferencias están condicionadas a que niños, niñas y jóvenes permanezcan en la escuela y asistan a centros de salud en las zonas más pobres del país.
Para los expertos, el nuevo plan a favor de la equidad social y la transparencia política se va confrontar con una perspectiva económica poco prometedora, por la insuficiente recuperación en el vecino Estados Unidos, el principal socio comercial de México.
La economía mexicana creció solo 3,9 por ciento en 2011, mientras que este año las proyecciones oficiales dan entre 3,25 y 4,25 por ciento.
Son tasas de expansión insuficientes para generar empleo y mejorar los ingresos de los sectores de la población más empobrecidos, coinciden especialistas económicos y sociales.
Además, Peña Nieto lanzó paralelamente una política de déficit fiscal cero, un credo promovido por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que representa "una incongruencia" con los programas sociales enunciados, destacó De la Cruz.
Se anuncia "en un año en el cual seguramente habrá una desaceleración de la economía, por lo cual no habría ingresos extraordinarios", sostuvo el académico.
Si el freno de la economía se prolonga o se profundiza, como aventuran varias entidades, supondría un hándicap para que se perciban durante el primer año del nuevo sexenio de gobierno los efectos positivos de las medidas propuestas, indicó De la Cruz. "Eso minaría la visión que el presidente desea transmitir", opinó.
Con sus propuestas sociales, Peña Nieto adoptó parte de la agenda de la izquierda y de las organizaciones sociales, en una nación con 38 millones de personas sin seguro de salud y en la que las mujeres están al frente de los siete de sus 19 millones de hogares.
La reforma fiscal es indispensable para fondear los programas propuestos, subrayan los especialistas consultados. "Es bueno que haya sacado estas prioridades y ojalá las pueda cumplir. El tema son las inercias que cargan los gobiernos y el desconocimiento de cómo deja las cosas el gobierno anterior", expresó Jusidman.
En los días que restan de 2012, el gobierno, trabajadores y patronos deben pactar el nuevo salario mínimo, situado actualmente en unos 140 dólares, lo que representará una primera prueba social y económica para el nuevo gobierno.
El Observatorio del Salario de la privada Universidad Iberoamericana, en el sureño estado de Puebla, estimó que el valor de las remuneraciones laborales cayó 32 por ciento desde 2006 y que el poder adquisitivo de los mexicanos se redujo 4,2 por ciento.
Además, a fines de noviembre entró en vigencia una reforma laboral, que legaliza la tercerización o subcontratación a la que están sometidos más de cuatro millones de trabajadores, establece contrataciones a prueba y por hora, y reduce a un año el pago por salarios caídos.
