Delegados del Estado argentino y de organizaciones no gubernamentales recorrerán las cárceles sin previo aviso a partir del año entrante, para prevenir que los reclusos sean víctimas de tormentos y otros abusos que persisten en plena democracia y con consecuencias muchas veces fatales.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, creado por ley, establece un equipo que realice visitas periódicas y sorpresivas a las cárceles pero también a comisarías, internados psiquiátricos e institutos de menores.
Los integrantes del equipo podrán requerir información sobre los internos, reunirse con familiares, citar a funcionarios del sistema penitenciario y llevar un registro de hábeas corpus presentados para salvaguardar la seguridad y las condiciones debidas de detención.
La norma, aprobada a fines de noviembre, puso al país en sintonía con un compromiso internacional ya asumido. Argentina ratificó en 2004 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php? file=biblioteca/pdf/1966), en vigor desde 2006, que considera esas prácticas "violaciones graves de los derechos humanos".
Este Protocolo, gestado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, fue diseñado para hacer efectiva la protección de personas privadas de libertad frente a la tortura. Creó un Subcomité Internacional, que sigue estos temas, y ordenó a los estados parte establecer un mecanismo nacional que garantice el sistema de visitas a las unidades penitenciarias.
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El tratado fijaba un plazo para la adecuación del Estado a esta norma, que se cumplió en Argentina en 2007, un año después de la entrada en vigor del Protocolo. La ley que crea el mecanismo se demoró entonces cinco años en ser sancionada, debido a desacuerdos en la conformación del órgano de control.
En diálogo con IPS, la abogada Eva Asprella, coordinadora del Equipo de Trabajo sobre Privados de Libertad del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó que las dificultades surgieron a raíz de la organización política de Argentina, que es un país federal pero con autonomías provinciales.
El debate se saldó con el diseño de un Comité Nacional de 13 miembros y un Consejo Federal integrado por los mecanismos locales (regionales o provinciales). Ambas entidades operarán en forma articulada y habrá, además, representantes de mecanismos locales en el comité nacional.
Ese Comité estará integrado por el Procurador Penitenciario, un delegado de la Secretaría de Derechos Humanos, seis representantes elegidos por el parlamento pero que no deben ser legisladores, dos representantes de los mecanismos locales y tres expertos de la sociedad civil.
"Este era un paso necesario, aunque no suficiente para la prevención", remarcó Asprella. "Es una manera de poner un pie en las cárceles, traspasar esos muros, establecer un diálogo, ver qué pasa adentro, hacer recomendaciones, recurrir a la justicia con hábeas corpus", enunció.
La legislación al respecto dará amparo a numerosas organizaciones pequeñas que operan en las provincias con muchas dificultades, apuntó. "El CELS es conocido y no tenía problemas, pero hay agrupaciones a las que se les negaba el permiso para ingresar a las cárceles de manera arbitraria", denunció.
Es el caso de la Red de Derechos Humanos de la nororiental provincia de Corrientes, que tiene prohibido el acceso a las cárceles, y de la Asociación Zainuco, de la provincia de Neuquén, en el sur del país, ejemplificó.
Angie Acosta, una de las abogadas de Zainuco, declaró a IPS que, para la organización a la representa, "la creación del mecanismo es fundamental para el control" en las unidades.
"Desde que empezamos a denunciar torturas, nos prohibieron el ingreso" en la Unidad Número 11 de Neuquén, capital de la provincia homónima, afirmó Acosta. "Decían que era por razones de seguridad, pero a las iglesias les permitían el ingreso", objetó.
Acosta recordó que en 2004 hubo un levantamiento y una brutal represión en la unidad, que duró cuatro días y derivó en el juicio a 27 agentes policiales por torturas. Pero solo seis fueron condenados y por delitos menores.
La crisis había estallado a raíz del trato abusivo de los agentes hacia la madre de Cristian Ibazeta, un interno de 34 años que sufría de ceguera y esclerosis múltiple.
Ibazeta, quien hizo innumerables denuncias por torturas, fue asesinado a puñaladas dentro de la prisión en mayo, cuando solo le faltaba un mes para acceder a las salidas transitorias.
Una investigación publicada por el CELS, en el libro "Derechos Humanos en Argentina Informe 2012", detalla que las torturas, golpizas, traslados arbitrarios, castigos desmedidos o falta de higiene son moneda corriente en muchas unidades carcelarias del país.
En la oriental provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso y en cuyas prisiones albergan a 50 por ciento de los reclusos de Argentina, hay además hacinamiento, internos durmiendo en el suelo, sin acceso a sanitarios y castigados con duchas heladas y golpes, además de manoseo a los familiares que los visitan.
Asprella contó que, en enero, Patricio Barros Cisneros, de 26 años, alojado en un penal de esa provincia, fue muerto a golpes por agentes penitenciarios luego de que reclamara un sitio cubierto para recibir a su esposa, embarazada de ocho meses, que había ido a visitarlo.
"Si un joven de 26 años muere en la calle como consecuencia de la golpiza de una patota sería un escándalo mediático por varios días, pero si ocurre dentro de una unidad penal, la sociedad lo ignora y entonces sigue ocurriendo", advirtió.
