El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de África Occidental (Cedeao) dará trámite en diciembre a una causa presentada por la sociedad civil de Gambia para abolir la pena de muerte en este país.
La Asociación de la Sociedad Civil de Gambia (CSAG, por sus siglas en inglés), un movimiento democrático, presentó el caso al Tribunal de Justicia de la Cedeao, cuya jurisdicción abarca temas de derechos humanos. Esta instancia está abierta a todas las personas de la Cedeao, a la que pertenece Gambia.
La iniciativa pretende salvar la vida de las 38 personas que quedan en el pabellón de la muerte, entre las que está un ex ministro de Defensa, un jefe de inteligencia, altos oficiales del ejército y un empresario.
Pero a los activistas por los derechos humanos les preocupa que el tribunal no pueda hacer que este país acate el fallo. Sus decisiones son vinculantes para todos los estados miembro, pero Gambia tiene antecedentes de ignorar dictámenes anteriores.
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"El proceso estaba previsto para el 31 de octubre, pero al final no hubo sesión. Pero ya está en el calendario de diciembre y debe estar por empezar", dijo a IPS el presidente de la CSAG, Banka Manneh.
El abogado experto en derechos humanos Ousainou Darboe dijo a IPS: "Es hora de que el gobierno tome medidas para derogar la pena de muerte y enmendar la ley en forma retroactiva para conmutarla por cadena perpetua".
La coalición de organizaciones de la sociedad civil también pidió al tribunal de la Cedeao que ordenara al gobierno de Gambia entregar los cuerpos de los nueve ejecutados a sus familias "para que puedan darles una sepultura decente y organizar las ceremonias religiosas que son necesarias en tales circunstancias conforme a las costumbres locales".
El movimiento social también pidió un millón de dólares de indemnización para las familias.
Amadou Bah, familiar de uno de los ejecutados, dijo a IPS que su familia no había sido informada oficialmente sobre la demanda hecha en su nombre. Pero se mostró emocionado.
"Todo el mundo habla desde que fue la ejecución, pero nadie pasaba a la acción. Estos activistas que demandaron al gobierno han hecho un buen trabajo y tendrán todo mi apoyo, y mis oraciones serán para ellos", señaló.
Antes de la ejecución el 23 de agosto había 47 condenados a muerte en las hacinadas cárceles de Gambia. Hacía 30 años que no se ejecutaba a nadie, lo que llevó a la organización de derechos humanos Amnistía Internacional a calificar a este país de abolicionista en la práctica. Pero perdió el estatus tras matar en secreto a nueve personas, ocho hombres y una mujer.
El presidente Yahya Jammeh se justificó diciendo que era necesario para disminuir la creciente cantidad de delitos. "Y si tuviera que firmar 10.000 órdenes de ejecución para salvar la vida de 1,6 millones de ciudadanos, lo haría con placer", declaró después de las ejecuciones.
El gobierno cedió a la creciente presión local e internacional y declaró una moratoria de las ejecuciones. Pero mucha gente ya no cree en la palabra del presidente.
Los periódicos informan que los 38 condenados a muerte viven con el terror constante de ser ejecutados en cualquier momento.
Los familiares de esas personas no pueden entrar a las cárceles donde están sus seres queridos ni pueden verlos. Amnistía citó a la esposa no identificada de unos de los condenados, que dijo: "No sé qué está pasando, quién está muerto y quién está vivo. Y no sabemos quién será el próximo".
La moratoria instaurada por Jammeh no convence a los familiares de algunos de los condenados a muerte. Pero se sienten aliviados con la demanda contra el gobierno.
"Cuando el presidente anunció que había detenido las ejecuciones, no estábamos convencidos de que realmente fuera a cumplir con lo que estaba diciendo. Nunca estuve convencido porque me temo que no es bueno manteniendo promesas", dijo a IPS el padre de unos de los condenados que pidió reserva de su identidad.
Este hombre de 64 años, cuyo hijo fue condenado por traición, se mostró cauteloso sobre las posibilidades de que el tribunal pudiera salvar la vida de su hijo, pues Gambia tiene fama de perder casos y no respetar los fallos del tribunal, con sede en Abuya.
En los últimos seis años, el tribunal falló dos veces contra el gobierno de Gambia, en el caso de tortura contra Musa Saidykhan y en la detención ilegal de Ebrima Manneh, ambos periodistas.
El gobierno fue encontrado culpable de detención ilegal y se le ordenó liberar a Manneh, detenido en 2006, pero nunca más visto, y a pagarle 100.000 dólares de indemnización. Nunca reapareció y se teme que esté muerto.
Saidykhan demandó al gobierno tras ser detenido y torturado por agentes de seguridad ese mismo año, acusado de participar en un presunto golpe de Estado. El tribunal le concedió una indemnización de 200.000 dólares, pero el Estado nunca se la pagó.
Pero la paciencia del tribunal de la Cedeao parece estar acabándose con los países que no cumplen con los dictámenes.
"La no implementación de las decisiones del tribunal viola las obligaciones de los estados miembro bajo el tratado de la Cedeao", alertó en julio el juez Awa Nana Daboya, presidente del tribunal, al reclamar sanciones económicas para los países implicados.
"Lo próximo que tienen que hacer los jefes de Estado de la Cedeao es tomar medidas punitivas contra los países que desoyen la decisión del tribunal. No es decorativo, tiene un fin", indicó el abogado Darboe.
"Esperamos que esta vez el gobierno cumpla pues es un asunto de vida o muerte para mucha gente. Dije esperamos, pues Jammeh no tiene ningún respeto por el Estado de derecho y las obligaciones internacionales de Gambia", señaló el presidente de CSAG, Banka Manneh.
La CSAG acusó a este país de violar los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
También conocida como Carta de Banjul, redactada en esta capital en 1979, también aboga, entre otras cosas, por el respeto del derecho a la vida. Auspiciada por la Organización para la Unidad Africana, fue ratificada por todos los estados miembro, incluida Gambia.
