Miguel* es uno de los tantos mexicanos que sobreviven con un sueldo de apenas 60 dólares por semana. Trabaja 11 horas diarias en una empresa de productos electrónicos en la norteña ciudad de Méxicali y luego camina 20 minutos hasta su casa para ahorrarse el dólar que cuesta el pasaje del autobús urbano.
"Aquí uno solo tiene dos cosas que hacer: trabajar y pistear (tomar cerveza)", dice a IPS este hombre de 41 años que vive solo, en una habitación con una cama y un pequeño televisor como todo mobiliario.
"Todos tenemos que trabajar horas extra" para poder incrementar los ingresos, añade.
A 2.500 kilómetros de Méxicali, el corresponsal en el oriental estado de Veracruz de un diario de circulación nacional recibe un pago de apenas el equivalente a 15 dólares por artículo publicado. Para colmo, trabaja en el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo, que registra el récord de nueve colegas suyos asesinados en dos años.
Este reportero, como muchos otros, cobra solo honorarios, sin recibir prestaciones sociales ni contar con seguro de vida o médico. Gasta la mitad de su retribución en viajar a la Ciudad de México cada dos semanas para asistir a un curso de especialización en periodismo y derechos humanos.
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En la capital del país las cosas no son mejores. Juan, un diseñador con estudios de maestría, cobra 90 pesos (unos siete dólares) por hora dando clases en una universidad privada. Tampoco cuenta con prestaciones ni seguridad social. Completa sus ingresos con trabajos particulares y, como profesional, paga de impuestos un tercio de su retribución.
"En este país, el problema central no es el desempleo, sino el trabajo precario", dijo a IPS el investigador Alberto Arroyo Picard, de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Contra el Libre Comercio.
Casi 51 millones de los 112 millones de habitantes de México están activos laboralmente, pero 2,5 millones están desempleados, según los últimos datos divulgados por el estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El saliente gobierno del conservador Felipe Calderón presume que México tiene un desempleo menor a otros países de América Latina, como Brasil. Sin embargo, omite explicar los indicadores sobre las condiciones de empleo que muestran que el país ha caído en un profundo bache laboral.
Por ejemplo, 12 millones de mexicanos están considerados dentro de la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (trabajaron menos de 15 horas en una semana) y en la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (con menos de 35 horas semanales trabajadas o que lo hicieron más tiempo pero con ingresos inferiores al salario mínimo, etcétera).
A ellos se agregan 14,2 millones que están en el sector informal.
Estos datos de precariedad laboral no se compadecen con el desempeño de la economía de México, que según el Banco Mundial registró un crecimiento de 3,9 por ciento en 2011 y proyecta una expansión de 3,5 por ciento para este año y cuatro por ciento para 2013, pese a los efectos de la crisis global.
La población asalariada que tiene seguridad social y prestaciones laborales se reduce a 16 millones de personas, menos de la cuarta parte de la población activa, según las últimos datos del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Además, de estos empleos con salario fijo, dos millones son eventuales.
En ese marco de precariedad del mundo del trabajo, el Senado aprobó el martes 23 de octubre, con el voto en contra de los partidos de izquierda, una reforma laboral que elimina buena parte de los derechos que aún protegen a los asalariados.
La reforma legaliza el "outsourcing", la palabra inglesa más usada en México para identificar el modelo de subcontratación que ya se usa en la mayoría de las empresas, que elimina los derechos colectivos de los trabajadores, plantea contrataciones a prueba y por hora, y reduce a un año el pago de salarios caídos.
"Lo que están haciendo es legalizar la infamia", dijo a IPS el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Salvador Arellano.
Patricia Juan, del Frente Auténtico del Trabajo, explicó que la reforma no solo abarata, aún más, la mano de obra, sino que también rompe la estabilidad en el empleo e inhibe la contratación colectiva y la posibilidad de los trabajadores de organizarse para defender sus derechos.
"Es el último derecho social que nos queda en México, además de la educación gratuita, que pronto se va a acabar", aseguró. "Como vas a estar condicionado todo el tiempo, vas aceptar lo que sea con tal de mantener tu trabajo".
El sistema de subcontratación laboral existe en México de manera informal desde hace dos décadas, pero con los efectos de la crisis económica global nacida en 2008 en Estados Unidos empezó a instalarse en prácticamente todos los sectores productivos.
Por poner un caso, casi la mitad de empleados de las instituciones bancarias laboran bajo reglas de subcontratación.
De los 42 bancos que actualmente operan en el país, 11 tienen a casi toda su plantilla bajo el esquema de outsourcing. Entre ellos están BBVA Bancomer, Banco Wal-Mart e Inbursa, propiedad del multimillonario Carlos Slim.
Y según cifras de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la subcontratación de servicios crece cerca de 10 por ciento anual.
Sin embargo, la Secretaría (ministerio) de Hacienda ha identificado a empresas que omiten impuestos que usan este esquema. La Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estimó que el outsourcing provoca una evasión anual superior a 300 millones de dólares.
La reforma aprobada por el Senado no puede entrar en vigor hasta que los diputados analicen y resuelvan unos artículos reservados relacionados con la transparencia sindical, una demanda de organizaciones de trabajadores independientes y de empresarios, a la que se han opuesto las oficialistas y el Partido Revolucionario Institucional, que gobernará el país desde diciembre de la mano de Enrique Peña. Pero los artículos aprobados ya no tienen regreso.
"La Cámara de Diputados puede alargar el proceso de resolución si no considera el tema de sindicatos como un tema prioritario, pero todo lo relacionado con los derechos civiles es irreversible", indicó a IPS el abogado laboralista Manuel Fuentes.
Lo que sigue ahora, explicó, es agotar todas las vías jurídicas de impugnación de la ley, por la vía de los amparos y la controversia constitucional, que distintas agrupaciones sindicales van a solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no es optimista.
El problema es que apenas nueve por ciento de los trabajadores asalariados están sindicalizados y, de ellos, solo los de agrupaciones independientes están dispuestos a dar la batalla.
Y en un país donde el salario ha perdido 76 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos 30 años y donde tres cuartas partes de los trabajadores ya perdieron sus derechos, la gente está más preocupada por mantener el empleo que por las condiciones del mismo.
*Los nombres de los trabajadores entrevistados fueron cambiados a petición de ellos.
