Desatendidas por el sector de la salud y sometidas por prácticas machistas, en México las adolescentes indígenas no tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, entre las realidades que las relegan y discriminan en materia de derechos.
Sin información en salud sexual y reproductiva, sin acceso a anticonceptivos y carentes de oportunidades educativas, además de padecer los «usos y costumbres» de sus pueblos que las tratan como objetos, las niñas indígenas de las comunidades rurales son obligadas a «asumir una vida adulta, siendo menores de edad».
En México, según denuncias de defensoras de los derechos reproductivos, hay localidades indígenas donde los embarazos en adolescentes se han quintuplicado en tan solo un año.
Griselda Arroyo, líder de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en el Valle del Mezquital, en el estado centro-oriental de Hidalgo, alerta que en la comunidad otomí de Capula los embarazos prematuros se dispararon cinco veces en menos de un año, al pasar de ocho gestaciones entre adolescentes de 12 a 18 años en 2011, a 40 casos hasta septiembre.
Advierte que ante la ausencia de servicios de salud que informen sobre derechos sexuales y reproductivos en las zonas rurales, organizaciones civiles han asumido la misión de orientar a las niñas y jóvenes para evitar embarazos no planeados.
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Por ello, promotoras de Ddeser imparten talleres en Capula, localidad de apenas 300 habitantes, en el municipio de Ixmiquilpan. Cada año a nivel nacional hay más de 300.000 partos entre mujeres de 12 a 19 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La tasa se eleva en las comunidades rurales, donde 8,9 por ciento de las adolescentes tiene al menos un hijo vivo, mientras que en áreas urbanas el porcentaje es de 7,2, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010.
Tal situación se debe a que las adolescentes de poblaciones rurales e indígenas tienen menos acceso a información y disponibilidad de métodos de control natal, así como a oportunidades educativas y laborales que impacten en las decisiones sobre su vida sexual.
Negligencia institucional Con motivo de celebrarse el 15 de octubre el Día Internacional de las Mujeres Rurales, activistas mexicanas denunciaron que la falta de educación sexual y los escasos servicios de salud «amigables» es decir, con atención adecuada para adolescentes en el sector rural, limitan el acceso de esta población al ejercicio de sus derechos.
Arroyo explica que, de manera paradójica, ante el agravamiento de los embarazos tempranos en Capula, dejó de funcionar de manera adecuada el Centro de Atención Rural al Adolescente, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en esa localidad.
Acusa que el personal de esa instancia ahora exige a las y los adolescentes estar afiliados al IMSS o a la Secretaría de Salud para recibir atención. Además «cuando van a pedir informes o anticonceptivos, se les dice que para atenderlos deben tener un expediente clínico».
Mayra Peña, promotora de derechos sexuales y reproductivos en Capula, explica que con base en un sondeo a servicios de salud en cuatro estados, persiste en las clínicas el maltrato hacia la población adolescente.
La investigación, realizada en 2011 por las organizaciones Ddeser y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, detalla que en el estado suroccidental de Guerrero hay 42 servicios «amigables» para adolescentes, y en Hidalgo 24, mientras que en los también sureños estados de Chiapas y Oaxaca hay menos de 10.
En 32 clínicas de las cuatro entidades se encontró que para brindar atención a las adolescentes se les piden «requisitos innecesarios», como que vayan acompañadas de una persona adulta, o que sean beneficiarias del programa Oportunidades.
En algunas unidades, las jóvenes deben esperar hasta tres horas para ser atendidas. Además carecen de un espacio en el que se respete la privacidad durante las consultas. «Las atienden en la sala de espera frente a otras personas, o en un consultorio con la puerta abierta», señala Peña.
A lo anterior se suma la falta de capacitación del personal de salud, ya que la mitad de los directivos de las clínicas opina que las madres y padres deben ser informados cuando sus hijas e hijos soliciten anticonceptivos. El personal sanitario también es incapaz de dar información completa sobre infecciones de transmisión sexual y embarazo en adolescentes.
Además dan orientación errónea sobre métodos como la pastilla de anticoncepción de emergencia, útil para prevenir embarazos en casos de violación sexual.
La situación empeora con los «usos y costumbres» que obstaculizan los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes rurales, advierte Mayra Peña.
En Capula dice la activista «todavía se acostumbra vender a las niñas. Cuando una familia es de escasos recursos y hay un adulto interesado en una adolescente, de hasta 12 años, los papás hacen que se junten». A cambio la familia recibe apoyo económico para poder sembrar.
Así, se violan los derechos sexuales de las jóvenes «pues ni siquiera pueden elegir a su pareja». El hecho se repite en Guerrero y Oaxaca.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias de Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
