Luego de más de un siglo de combatir la erosión marina vertiendo enormes cantidades de granito en las playas del sureño estado indio de Kerala, ambientalistas y autoridades empiezan a darse cuenta de que esa solución fue costosa e ineficaz.
Desde 1890, cuando se usaron por primera vez bloques de granito para construir un dique de 1,5 kilómetros cerca de la localidad de Varkala, desaparecieron colinas enteras y se abrieron enormes pozos para extraer un mineral de alta demanda en la industria de la construcción.
Ajaya Kumar Verma, científico del Centro de Estudios de Ciencias de la Tierra en Thiruvananthapuram, dijo a IPS que la apertura desregulada de canteras de granito está empezando a tener un impacto perceptible en el ecosistema único de Kerala, caracterizado por altas colinas rocosas y por una red de ríos que desembocan en el mar.
En Kerala está la Reserva de la Biosfera de Nilgiri y la de Agasthyamalai. Ambas fueron reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como regiones de diversidad biológica y cultural que necesitan protección y promoción de su desarrollo económico sostenible.
"La apertura masiva de canteras es una actividad destructiva que produce pequeños sismos. Se requiere una política equilibrada, que tenga en cuenta las necesidades tanto de la industria de la construcción como de la protección costera", planteó Verma.
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A pesar de una evaluación realizada en 1989 por la Comisión Central del Agua, en la que se estimó que 480 de los 560 kilómetros de franja costera de Kerala eran vulnerables a la erosión, se prosiguió con la apertura de canteras a gran escala, valiéndose de explosivos y maquinaria pesada.
Hasta ahora se han construido 331,8 kilómetros de diques, en un ejercicio que equivale a mover colinas enteras hacia las costas.
Expertos legales sostienen que las canteras son operadas bajo leyes aprobadas a principios de los años 60, cuando no había disponibilidad de la tecnología sofisticada y la maquinaria pesada que se necesita para abrir estos sitios masivamente, y la extracción era un trabajo naturalmente lento.
Según el abogado ambiental Nazeer Ahamad, la normativa minera existente tiene tantos vacíos que los contratistas dedicados a la explotación de canteras prácticamente cuenta con vía libre.
"Para empezar, no deberían concederse permisos para operar canteras grandes", dijo Ahamad.
Un grupo de expertos en el manejo de desastres propuso crear zonas de canteras exclusivas, pero se topó con la oposición de ambientalistas, quienes argumentaron que eso solo legitimaría el saqueo de granito.
John Peruvanthanam, presidente del Consejo de Protección Ambiental de Kerala, dijo a IPS que la mayoría de los expertos formulan propuestas sin realizar primero estudios geofísicos serios en uno de los estados más densamente poblados de India.
"El aumento de los temblores en Kerala ya muestra la vulnerabildiad de la tierra a la actividad sísmica. Ni siquiera se considera que muchas de las canteras están ubicadas cerca de represas y pueden dañarlas", señaló Pervanthanam.
Los funcionarios no pueden decir con exactitud cuántas canteras están operativas en la actualidad, pero los ambientalistas calculan que hay unas 18.000, de las cuales apenas 8.000 cuentan con licencia.
Omana Velu, viuda de 65 años residente en Mookkunnimala, un área de colinas cerca de esta ciudad, vive en permanente temor de las piedras que vuelan a causa de las incesantes explosiones en las canteras ilegales.
Ella y sus vecinos han solicitado al gobierno que frene las actividades de extracción en la zona, designada oficialmente como área de cultivo de caucho desde 1960.
K. V. Sajeev, quien dirige la campaña contra las canteras en Mookkunnimala, dijo que peticiones como la de Omana suelen ser ignoradas porque existe un poderoso nexo entre burócratas, políticos y operadores de esos centros de extracción.
"Hay una orden de la Suprema Corte de Kerala que prohíbe la minería, e incluso eso se ignora", expresó.
Luego de visitar las canteras de Mookkunnimala en junio, V. S. Achuthanandan, líder de la oposición en la asamblea legislativa de Kerala, dijo a los medios de comunicación: "El gobierno estadual debería implementar de inmediato la prohibición de la Suprema Corte…, y arremeter contra los dueños de las canteras que están amenazando a los residentes".
La peor acusación de extracciones a gran escala para construir diques fue formulada por un comité de expertos liderados por el eminente científico agrícola M. S. Swaminathan, que en enero de 2011 aconsejó al gobierno legislar para regular las zonas costeras.
"Se le hace más daño a la costa con estos diques, dado que perturban el balance natural de sedimentos, lo que conduce a la erosión en las áreas costeras adyacentes", concluyó el informe del comité.
Esa evaluación también recomendó tomar "medidas de ingeniería blanda", por ejemplo alentar el crecimiento de vegetación costera -especialmente manglares-, como protección.
"El tsunami asiático de 2004 demostró sin duda que solo los manglares pueden romper la fuerza de las olas", dijo C.R. Neelakantan, ambientalista y representante de la Alianza Nacional de Movimientos Populares.
Neelakantan también destacó los altos costos de mantenimiento en que incurre el gobierno estadual al reparar los diques dañados por la acción de las olas.
Según él, se requieren medidas de conservación drásticas pero adecuadas, "porque ahora es evidente que un aumento del nivel del mar debido al recalentamiento planetario presenta una nueva amenaza a la costa de Kerala".
"Las riberas de Kerala son áreas bajas y , por lo tanto, propensas a inundaciones si aumenta el nivel del mar", explicó a IPS el científico E.J. Joseph, del Centro para el Desarrollo y Manejo de los Recursos Hídricos en Kozhikode.
"Esto afectará el agua subterránea y superficial en Kerala, que tendrá mayor salinidad", agregó.
Un informe publicado en junio por el gobierno central y presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático identificó a Kerala como uno de los estados amenazados por el aumento del nivel del mar.
Ese estudio estima que, de registrarse una elevación del mar de entre 8,8 y 87,8 centímetros entre 1990 y 2100, las aguas subterráneas de las zonas costeras se volverán más saladas, quedarán en peligro los pantanos y se inundarán tierras y comunidades.
