Bashir Ahmad Malik quedó atónito cuando el helicóptero que transportaba a un funcionario indio de la capital estival de Cachemira aterrizó en su aldea de Drang, a solo 27 kilómetros de su punto de partida.
Malik, de 41 años, en cuya aldea faltan servicios básicos como agua potable y electricidad, no pudo conciliar la extravagancia del ministro jefe Omar Abdullah con los problemas de la población de Cachemira, principalmente rural, que se esfuerza por sobrevivir.
"Como soy parte del movimiento Derecho a la Información, decidí presentar un reclamo para (obtener detalles) sobre los costos de las salidas en helicóptero del ministro jefe", dijo Malik a IPS.
En junio de 2011 presentó su primer pedido de información a la oficina del ministro jefe, pero no recibió respuesta. Esto lo alentó a presentar una demanda en la Comisión de Información del Estado de Cachemira, constituida bajo la Ley de Derecho a la Información de 2009.
Gracias al empoderamiento de las comisiones de información en India, la demanda de Malik logró rápidos resultados. En pocos días le informaron que el ministro jefe y parte de sus colegas del gabinete habían gastado el equivalente a 2,5 millones de dólares en viajes en helicóptero en apenas tres años.
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Este gasto es particularmente significativo si se lo contrasta con las necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos cachemiros.
Según el Informe Económico oficial de 2011, 35 por ciento de las áreas habitadas del estado no están conectadas a carreteras. El único hospital terciario del valle, Instituto de Ciencias Médicas Sher-i- Kashmir, que cubre a seis millones de personas, padece una severa escasez de los suministros médicos más básicos.
"Tenemos apenas 10 respiradores, cuando necesitamos por lo menos 25", dijo a IPS el director del hospital, Showkat Zargar.
A comienzos de este año fallecieron 378 bebés en tres meses en el hospital pediátrico G B Pant, a causa de la escasez de respiradores y calentadores.
Según datos del Departamento de Educación de Cachemira, 77 por ciento de las escuelas de este estado carecen de retretes, mientras que 64 por ciento no cuentan con bebederos de agua potable.
Se multiplican los activistas
Aunque Malik no era consciente de todo el impacto de sus acciones en el momento, la noticia de su osada decisión viajó rápidamente por todo el estado de Jammu y Cachemira.
Desde entonces, el ministro jefe y su gabinete han sido forzados a realizar viajes en automóvil hasta destinos lejanos, por lo menos en algunas ocasiones.
Mientras, y pese a las dificultades, los aldeanos de toda Cachemira usan ahora el mecanismo de Derecho a la Información para exponer la corrupción en todos los niveles de la burocracia gubernamental, aunque muchos de quienes son hallados culpables se las arreglan para evadir los castigos.
En agosto, un "sarpanch" (jefe de aldea) fue obligado a devolver el equivalente a 10.000 dólares de fondos públicos de los que se había hecho a través de una estafa en el proyecto de desarrollo habitacional rural, después de que el aldeano Fayaz Ahmad Wani lo denunció ante el funcionario de desarrollo del bloque.
"Estoy muy feliz de que mi postulación me haya traido justicia a mí y a los otros aldeanos", dijo Wani a IPS.
Antes de implementar la Ley de Derecho a la Información en 2005 en India y en 2009 en Cachemira, que estipula que funcionarios públicos y autoridades deben responder a los pedidos de información en un plazo de 30 días, los ciudadanos comunes no tenían ninguna vía para reclamar transparencia en las decisiones o transacciones gubernamentales.
Previo a 2009, la información estaba restringida por varias leyes, entre ellas la de Secretos Oficiales (OSA), de 1923, "que continúa incluso después de que los británicos abandonaron el sucontinente", dijo Showkat Hussain, profesor de leyes en la Universidad Central de Cachemira, a IPS.
En el marco de la OSA, "que presuntamente aborda casos de espionaje, las sentencias (para las llamadas actividades antinacionales) oscilan entre tres y 14 años", señaló Hussain.
Recordó el caso del periodista cachemiro Iftikhar Gilani, radicado en Nueva Delhi, "que fue imputado en el marco de la OSA en 2002, y liberado solo después de que una sostenida campaña de activistas por los derechos humanos determinó que los cargos contra él nunca pudieron probarse".
Según Hussain, la Ley de Derecho a la Información es el mejor antídoto para normas draconianas como la OSA, dado que "empodera a ciudadanos comunes y los alienta a arremeter contra burócratas y políticos".
En abril, funcionarios del distrito de Kupwara anunciaron que habían finalizado las reparaciones de varios canales de irrigación luego de las inundaciones. Las obras costaron 2,6 millones de dólares al estado.
Cuando un activista llamó la atención sobre posible corrupción en el proyecto, los inspectores hallaron que ni una de las presuntas reparaciones se habían llevado a cabo en el sitio.
El gobierno elude la ley
Pero la ley está supeditada a que el gobierno la cumpla.
A comienzos del mes pasado, funcionarios de la Comisión de Información del Estado y activistas sociales en Cachemira acusaron al gobierno de Omar Abdullah de eludir la ley y enmendarla a su antojo.
Recientes enmiendas del gobierno le han "quitado el alma a la ley y arrasado con nuestras potestades", dijo a IPS Ghulam Rasool Sofi, integrante de la Comisión.
"Las viejas normas brindaban (pautas) para la estructura y el funcionamiento de la Comisión de Información, como la división del trabajo y las horas laborales. Las nuevas normas eliminan todas estas disposiciones", dijo a IPS el activista Raja Muzaffar Bhat, uno de los pioneros del movimiento de Derecho a la Información en Cachemira.
"La medida (va) contra el espíritu básico de la transparencia. Esto se ha hecho simplemente para impedir que la Comisión ejerza sus poderes", añadió.
La Comisión también ha sido despojada de sus facultades judiciales. "Revocar esta norma significa que los funcionarios pueden simplemente ignorar las citaciones y directivas de la Comisión", dijo a IPS el ex jefe de información de la comisión en India, Wajahat Habibullah, a quien se atribuye la autoría de la ley de Cachemira.
Bhat dijo que el gobierno de Cachemira nunca exhibió una actitud positiva hacia la Ley de Derecho a la Información.
"Pese a que la ley existe desde hace tres años, el gobierno todavía tiene que cumplir una de sus normas más básicas, que requiere que cada autoridad estadual digitalice sus registros y publique ciertas categorías de información a fin de que los ciudadanos solo necesiten (pasar por los canales mínimos) para requerir formalmente esos datos", planteó.
Según Pervez Imroz, un prestigioso abogado experto en derechos humanos, las nuevas normas no dicen nada sobre la implementación de las órdenes y peticiones de la Comisión.
"Las viejas normas establecieron la obligatoriedad de que los funcionarios implementaran las órdenes de la Comisión. Pero la nueva cláusula dice que los ciudadanos deben pasar por la Alta Corte para lograr que una orden se implemente", señaló, agregando que a menudo esto los desalienta.
