Con sus botas negras, uniforme verde de fajina e insignias con el nombre del ejército nacional, Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil, Ousmane Kone lucía como todo un soldado esta semana, mientras hacía guardia frente a una empresa de agua y electricidad.
Pero su apariencia era engañosa. Este joven de 22 años no recibió ningún entrenamiento militar formal antes de que le entregaran su primer rifle Kalashnikov, el año pasado, y jamás se enroló en el ejército marfileño.
Más aun, el edificio que vigilaba no es una propiedad estatal, sino una empresa privada cuyo dueño es su "comandante", un exinsurgente del grupo Nuevas Fuerzas o Forces Nouvelles de Côte dIvoire (FNCI).
Kone es uno de muchos combatientes su número exacto se desconoce que tomaron las armas en el conflicto poselectoral que estalló cuando Laurent Gbagbo, quien gobernaba desde 2000, se negó a entregar el poder a Alassane Ouattara, el actual mandatario, pese a haber perdido las elecciones de noviembre de 2010.
Consternado al enterarse de que varios miembros de su etnia, dioula, eran quemados vivos por seguidores de Gbagbo en retenes en Abiyán, la capital comercial del país, Kone no dudó en sumarse a la facción de Ouattara en la batalla final de abril de 2011, que terminó con el arresto del expresidente.
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"Nuestros amigos fueron masacrados, y no teníamos poder por carecer de armas", relató. "Permanecimos escondidos un día tras otro hasta que los combatientes de Ouattara lanzaron el ataque sobre Abiyán (en abril de 2011)".
El futuro de Kone es incierto. Mientras el país se prepara para un esperado proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los grupos armados irregulares, que se llevará a cabo junto con una amplia reforma de los organismos de seguridad y defensa, miles de jóvenes temen que les quiten las armas.
Esa ansiedad puede haber impulsado en parte una ola de ataques a puestos militares el mes pasado, en los que murieron 12 soldados, la expresión de violencia más notable desde que concluyó el conflicto en 2011.
La campaña de desarme, revisada el mes pasado por el gabinete ministerial pero aún no iniciada, no será la primera de este país de África occidental.
Luego de un fallido intento de golpe contra Gbagbo en 2002, el país permaneció dividido durante ocho años, y las FNCI controlaban el norte del territorio.
En ese período se intentó llevar adelante el desarme, la desmovilización y la reintegración, pero sin éxito debido a varias razones. La principal fue que el conflicto no estaba resuelto.
El consejero de seguridad y defensa de Ouattara, Alain-Richard Donwahi, dijo a IPS que antes del último conflicto, el gobierno estimaba que había que desarmar a unos 70.000 combatientes, 32.000 de la FNCI y 38.000 de grupos que describió como "milicias pro Gbagbo".
El gobierno no tiene aún cifras ciertas de combatientes que su unieron a las distintas facciones durante los últimos combates, agregó.
El analista político Arthur Boutellis, del International Peace Institute, con sede en Nueva York, cree que las milicias pro Gbagbo elevarán considerablemente la cantidad de gente a desarmar. "De momento estamos hablando de hasta 100.000 personas. No sabemos con exactitud, pero los números son elevados", dijo.
Donwahi reconoció que falta definir asuntos clave antes de iniciar el desarme. Uno es determinar quiénes serán elegibles para acceder a los programas de formación laboral que son el eje del proceso de reintegración.
El alto funcionario prefirió describir a quienes no califican para esos programas. "Algunos vienen a entregar sus armas y dicen que forman parte de un grupo combatiente independiente. Pero sabemos que no hubo tales grupos independientes. Las cadenas de mando estaban claras".
Este análisis no aborda, sin embargo, la mayor parte de las fuentes de la violencia. Además de cadenas de mando paralelas dentro de las FNCI, en el conflicto marfileño también aparecieron mercenarios extranjeros y varias milicias.
Asimismo los "dozos", cazadores tradicionales que asumieron hace tiempo funciones informales de seguridad, estuvieron activos en los combates y desplegaron una importante presencia en extensas zonas del país, según observaciones de entidades como Human Rights Watch.
Aunque esos grupos probablemente queden fuera del proceso de desarme, Boutellis cree que podrían jugar un papel negativo, desalentando la entrega de las armas de otros combatientes.
La Comisión Nacional para el Combate a la Proliferación de Armas Livianas y Pequeñas, un organismo especializado en el desarme de civiles, estima que hay unos tres millones de piezas en circulación en un país de 20 millones de habitantes.
Más de un año después de terminados los combates, Costa de Marfil sigue siendo un país polarizado. Los intentos de diálogo entre el gobierno y el opositor Frente Popular Marfileño, el partido de Gbagbo, no llegaron a nada. Y las divisiones se acentuaron todavía más por una actuación judicial que está, para muchos, parcializada.
Más de 100 seguidores del expresidente fueron detenidos por su relación con crímenes cometidos durante la violencia poselectoral, pero ninguno de los aliados de Ouattara ha seguido la misma suerte, según información suministrada por los fiscales.
Esos elementos, sumados a la precaria situación de seguridad, hacen "poco realista" que el proceso de desarme, desmovilización y reintegración se concentre desde el comienzo en recoger las armas que son, para muchos combatientes, una suerte de "seguro político", advirtió Boutellis.
"Hay que empezar con programas de reintegración que ayuden a mejorar el clima, y luego a recolectar las armas", opinó.
Hace falta más trabajo para desarrollar esos programas, en especial los de formación laboral, reconoció Donwahi. "No vamos a crear empleos por arte de magia. Es importante que las habilidades de los desmovilizados coincidan con las oportunidades de trabajo existentes", agregó.
Interrogado sobre qué áreas priorizará el gobierno, Donwahi mencionó agricultura y trabajo mecánico.
Aun si se dan correctamente los pasos que faltan, el desarme está plagado de peligros, advirtió Boutellis. "Habrá problemas. Varios de esos ataques (de agosto) se vinculan al hecho de que los combatientes no saben qué pasará con ellos. Algunos temen quedar marginados; otros temen no obtener lo que quieren".
Esto se aplica para Mohammad Bakayoko, un joven de 20 años quien, como Kone, se sumó a la lucha durante la batalla por Abiyán y permanece en el ejército nacional de forma irregular.
Le gusta la estabilidad militar, dijo a IPS. Si bien no tiene salario, sí recibe alojamiento y comidas, lo que no es poca cosa en un país donde el desempleo juvenil llegaba a 57 por ciento en 2010, según el Banco Mundial.
Bakayoko quiere enrolarse formalmente en el ejército para así dar sustento a su familia. "Quiero ser soldado. Y mi familia depende de mí", dijo. "No pienso en otra cosa".
En su opinión, sin embargo, muchos soldados no registrados no desean el servicio militar y estarían dispuestos a participar del proceso de reintegración. "La mayoría están esperando el programa", dijo sobre sus pares. "Durante los últimos ataques, muchos no querían combatir y volvieron a sus aldeas".
La clave, dijo Kone, es convencer a combatientes como él que tienen un futuro viable fuera del ejército, lo que significa suministrarles medios y capacidades que hoy no tienen.
"Lo único que aprendí desde el comienzo del conflicto es cómo usar un arma", sostuvo Kone. "Por eso no quiero entregarla".
