La pobreza en la que vivirán sus hijas o hijos es una razón por las que las indígenas del sureño estado mexicano de Chiapas buscan interrumpir sus embarazos.
El rezago económico y social en el que viven las mujeres indígenas repercute de manera negativa en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, los DSyR, explican activistas de los derechos de las mujeres en el estado.
Ellas desconocen que tienen derecho a practicarse un aborto legal y ante la falta de infraestructura médica en sus comunidades o el maltrato por parte del personal de salud, recurren a la medicina tradicional o interrumpen sus embarazos en lugares inseguros, con lo que ponen en riesgo sus vidas
La situación se complica cuando 17 de los 32 estados mexicanos han reformado sus constituciones para «proteger la vida desde la concepción-fecundación», lo que derivó en que se restrinjan las causales legales de aborto y se criminalice a las mujeres que lo practican.
Ello sucedió como reacción promovida por la Iglesia Católica y sectores políticos y sociales conservadores a la aprobación en el Distrito Federal, asiento de la capital mexicana, de una ley que desde 2007 despenalia la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12 semana.
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Este viernes 28 es el «Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe». Le efeméride se realiza desde 1990 como un acuerdo del Quinto Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe.
El fin de la conmemoración es impulsar acciones para que las mujeres tengan acceso a abortos legales y seguros.
Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida, en las entidades del sur del país donde hay más población indígena 25 de cada mil mujeres tiene un aborto inducido. Chiapas es claro ejemplo de la marginación y la falta de derechos que padecen las indígenas.
Alejandro Rivera, del Colectivo Integral para la Familia, señala que las mujeres rurales e indígenas en la entidad cuentan con información muy limitada sobre DSyR, así como acceso restringido a los servicios de salud.
«Si ellas acuden a los servicios de salud hay estigma y discriminación por su condición de indígena, mujer y joven», abunda.
El Consejo Estatal de Población reporta que casi la mitad de las y los adolescentes de Chiapas (43,7 por ciento) vive en zonas rurales, donde poco o nada se conoce sobre el uso de anticonceptivos. En la entidad solo cinco por ciento de la población usa condón.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 indica que del total de mujeres de 15 años y más en el estado, 71 por ciento ha tenido al menos un hijo nacido vivo.
Hay regiones que ubican a Chiapas con la tasa de fertilidad más alta del país, con 4,6 hijos.
Al mismo tiempo, en 10 años la muerte materna no ha descendido de manera significativa, mientras que la tasa de embarazo en adolescentes aumenta.
Para practicarse un aborto, las mujeres pobres, indígenas y marginadas de Chiapas recurren a la herbolaria o a los consejos de sus conocidas.
En México, la interrupción del embarazo es legal bajo tres causales: violación, peligro de muerte de la mujer y malformaciones congénitas graves en el producto.
Sin embargo, Chiapas es una de las 17 entidades que «protegen la vida» en sus constituciones regionales.
El Centro de Derechos de la Mujer indica que 88 de cada 100 habitantes del estado vive en alta y muy alta marginación. Las mujeres indígenas y rurales son las más afectadas, ya que tienen altos índices de analfabetismo e inequidad en los accesos a los servicios básicos de salud, educación y derecho a la propiedad.
Olivia Velázquez, activista y defensora de los DSyR, sostiene que el tema del aborto en las comunidades indígenas se aborda «con mucha naturalidad».
«Las mujeres hablan de labores para bajar la regla (menstruación), sobre todo aquellas mujeres que ya tuvieron más de tres hijos y tienen jornadas extenuantes de trabajo. Hasta hace unos años era poco común que las jóvenes recién casadas o juntadas buscaran un aborto», explica.
La indígena Martina Sántiz es una de las mujeres marginadas que ha intentado abortar ante un embarazo no deseado. Residente en el paraje Peña María, cerca de San Cristóbal de las Casas, una de las principales ciudadades de Chiapas, acaba de tener a su sexto hijo.
Los primeros cinco son de su expareja, quien está preso en el penal de ese municipio por el delito de homicidio.
Sántiz inició una nueva relación y tuvo un embarazo no deseado.
«Yo no tomaba pastilla ni nada, porque allá en mi comunidad no tomamos pastilla, pero además está mal visto que pidamos que los hombres usen condón. Yo no quería tener otro hijo porque iba a dejar mi trabajo y de ahí sacaba para pagar mi cuarto», explica.
La mujer de 29 años dedicada al trabajo del hogar o la venta de flores, nopal y pozol decidió recurrir al aborto, por lo que buscó a una vendedora de hierbas que le dio tés y masajes. Sin embargo no surtieron efecto, porque ya tenía cuatro meses de embarazo.
Al cumplir siete meses de gestación, Martina dejó de laborar y puso a trabajar a cuatro de sus hijos pequeños para que la apoyaran con el pago de la renta y la comida.
Tuvo que pedir prestado para pagar a la partera de su comunidad. En agosto pasado nació su sexto hijo.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias de Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
