La paralización ordenada por la Suprema Corte de Justicia de Chile a la construcción de la central Termoeléctrica Castilla desató un debate sobre la seguridad energética en este país sudamericano.
Autoridades y algunos expertos advirtieron que el desarrollo nacional corre riesgo si se rechazan obras de esta envergadura.
«Esta es una presión política ilegítima, es un chantaje», replicó el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, para quien «el consumo cotidiano de energía de los chilenos y las chilenas no está amenazado porque se construya o no la Termoeléctrica Castilla»
El proyecto de la empresa de energía MPX, parte del grupo EBX del multimillonario brasileño Eike Batista, se perfilaba como la central de generación térmica más grande de América del Sur, emplazada 810 kilómetros al norte de Santiago, en el desierto de Atacama y sobre el océano Pacífico.
El proyecto de 4.400 millones de dólares comprende ocho centrales: seis a carbón, para generar 300 megavatios cada una, y dos a petróleo, con una capacidad individual de unos 127 megavatios.
[related_articles]
El complejo podría producir así casi 2.100 megavatios, que se sumarían al Sistema Interconectado Central que abastece a 90 por ciento de la población chilena.
Pero el 28 de agosto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema ordenó paralizar el proyecto, al acoger un recurso de protección presentado por la comunidad y los pescadores de la localidad de Totoral, la más cercana a la termoeléctrica, que ya había sido aceptado parcialmente por un tribunal de apelaciones.
El fallo unánime estableció que MPX y su socia alemana E.ON no podían presentar por separado el análisis de impacto ambiental de cada componente del proyecto, el complejo termoeléctrico y el puerto que lo acompaña, donde se descargaría el carbón y el petróleo importados para alimentar las generadoras.
«La crítica aludida resulta efectiva», afirmó la Corte, pues «el puerto tiene como principal cliente y finalidad abastecer a la central termoeléctrica, y esta tiene la necesidad de abastecerse de carbón y petróleo diésel que se suministra a través del puerto, de tal forma que nítidamente existen tres unidades para una misma actividad que operarán, a saber: el puerto, la central y la conexión entre ambas».
El máximo tribunal concluyó que, para seguir adelante, las empresas deben presentar un nuevo estudio de impacto ambiental «que considere los dos proyectos en forma conjunta y su conexión para la transferencia del carbón y del petróleo Diesel B, en su caso, desde el primero hacia la segunda».
Una vez conocido el fallo, MPX advirtió en un comunicado que «reevaluará su estrategia de negocios en Chile».
Estas declaraciones motivaron la reacción inmediata del gobierno.
El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, alertó que para 2020 la minería del cobre demandaría 97 por ciento más electricidad que la que consumió en 2011.
En la misma línea, el economista Jorge Rodríguez Grossi dijo a Tierramérica que el rechazo a Castilla y a otros proyectos energéticos «le hacen mal al proceso de crecimiento económico».
Rodríguez Grossi, que fue ministro de Energía de Ricardo Lagos (2000- 2006), añadió que la ley ambiental y sus indicaciones son «un autogol que nos estamos metiendo desde el punto de vista económico».
«Todos los chilenos queremos crecer de manera sustentable en temas ambientales, pero no queremos que, por respetar el ambiente, nos estemos demorando 10 o 15 años en crecer», estimó.
Hay que «exigirle al propio Estado que dé a los inversionistas pautas claras y completamente probadas de que el camino para evaluar un proyecto es el correcto», agregó.
En su opinión, «para que un proyecto nuevo aparezca y pase de nuevo por filtros ambientales van a transcurrir dos o tres años», lo que podría retrasar, a su vez, las «inversiones en minería».
Pero, para el ecologista Cuenca, este es «un discurso artificialmente armado en función de seguir apostando por una estrategia de desarrollo equivocada», que no tendría peso «si no existiera esta expansión desenfrenada de la inversión minera».
Chile es el principal productor de cobre del mundo. Su capacidad instalada actual es de 17.000 megavatios. En 2011, su consumo fue de algo más de 6.000, indicó Cuenca, lo que determina un margen amplio para atender nuevas demandas de corto y mediano plazo.
Pero la distribución no es pareja: 74 por ciento de la capacidad instalada está en el Sistema Interconectado Central; 25 por ciento en el Sistema Interconectado Norte Grande, y menos de uno por ciento en redes medianas de las regiones australes de Aysén y Magallanes.
Precisamente en el norte se concentra la actividad minera, que consume un tercio de la electricidad chilena y que tiene proyecciones de gran crecimiento.
La generación térmica, muy contaminante, abastece 63 por ciento de la electricidad y la hidráulica aporta 34 por ciento. El tres por ciento restante corresponde a fuentes renovables no convencionales.
El portavoz de la junta de vecinos de Totoral, Juan Carlos Morales, dijo a Tierramérica que «la energía termoeléctrica a nivel mundial va en retroceso, se están utilizando nuevas formas de generación, y es la megaminería la que hace demanda de energía y la que nos tiene sin agua y con alta contaminación provocada por los depósitos de relave» de carbón.
Para Morales el fallo fue una sorpresa. «Nos sorprende que en Chile nuestros argumentos hayan sido respetados, que la justicia haya sabido prevalecer ante todas las presiones», sentenció.
* Este artículo fue publicado originalmente el 1 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
