PERIODISMO-EGIPTO: Nuevo gobierno, viejas mordazas

La Hermandad Musulmana parece aplicar en Egipto las mismas tácticas contra la prensa que usaba el régimen de Hosni Mubarak (1981-2011), ejerciendo un fuerte control sobre los medios estatales de comunicación e intimidando a periodistas independientes.

Observadores advirtieron que el gobernante Partido Libertad y Justicia, fundado por el otrora proscrito movimiento islamista, tiene claras intenciones de extender su influencia sobre todos los medios del país. En las últimas semanas habría procurado silenciar a periodistas críticos.

"Estamos presenciando un aumento de la presión por parte de la Hermandad Musulmana contra la libertad de expresión", alertó el portavoz de la Organización Egipcia para los Derechos Humanos, Sherif Etman. "Usan algunas de las mismas técnicas que empleaba Mubarak para reprimir a la prensa".

El régimen de Mubarak utilizaba severas leyes y los medios de comunicación del Estado para censurar las críticas de grupos islamistas y de otros opositores políticos.

Ahora, la Hermandad adopta tácticas similares arguyendo que existe una campaña para socavar el poder del nuevo presidente, Mohammad Morsi.
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A comienzos de este mes, Morsi anunció que su gabinete incluiría un ministro de Información, cargo utilizado por anteriores regímenes egipcios para fijar la línea editorial de los canales estatales de televisión.

La designación como ministro de Salah Abdel Masqsoud, miembro de la Hermandad, desató las primeras sospechas de que el movimiento islamista pretendía aumentar su influencia en los medios de comunicación públicos.

Activistas también acusaron a la Hermandad de aprovechar su mayoría del Consejo de la Suhra (cámara alta del parlamento) para endurecer su control sobre la prensa estatal.

En junio, esa cámara creó un comité de 14 miembros, encabezado por un legislador de la Hermandad, con la misión de designar a los nuevos editores en jefe de 45 publicaciones estatales.

Varios periodistas renunciaron en protesta por lo que calificaron de flagrante intento de manipular el proceso de selección. Además, criticaron que varios de los editores fueron elegidos por su fidelidad al gobierno, y no por méritos profesionales.

Activistas señalaron que los nuevos jefes impusieron de inmediato líneas editoriales favorables al nuevo presidente y a la Hermandad.

"Si se compara el último número (de cada publicación), hecho por el último editor, con el primer número del nuevo editor… es obvio que querían dejar en claro su lealtad" con la Hermandad, dijo a IPS el subjefe del Sindicato de Periodistas, Abeer Saady.

Pocas horas después de asumir el cargo, el nuevo editor en jefe del principal periódico estatal, Al-Ahram, canceló la publicación de una sección que hacía un seguimiento de las promesas del nuevo presidente para sus primeros 100 días de gobierno. No se dio ninguna razón para la medida.

Por su parte, Mohammad Hassan El-Banna, nuevo editor en jefe del diario estatal Al-Akhbar, eliminó una página de opinión conocida por sus críticas a la Hermandad. El-Banna negó acusaciones de querer silenciar a la oposición, y aseguró que había tomado la decisión solo por razones de espacio.

Mientras, varios columnistas de ese periódico denunciaron censuras. Una crítica literaria dijo que los editores le habían pedido que bajara el tono un artículo en el que cuestionaba a la Hermandad por querer dominar todo el aparato estatal.

El-Banna aseguró que estaba dispuesto a aceptar la crítica, y arguyó que el artículo fue eliminado luego de que la autora se negó a cambiar una frase que él consideraba ofensiva: "El periodismo usa velo".

La Hermandad también es acusada de orquestar una campaña contra medios independientes. En las últimas semanas, el gobierno de Morsi dio pasos para censurar determinadas noticias y procesar a periodistas opositores utilizando leyes de la era Mubarak.

El 11 de este mes, las autoridades confiscaron copias del diario Al- Dustour y enviaron a la justicia a su editor, un abierto crítico de la Hermandad, acusándolo de insultar al presidente y de promover el odio sectario.

Días antes, el canal de televisión privado Al-Faraeen fue sacado del aire luego de que su propietario y principal presentador, Tawfik Okasha, fue acusado de haber incitado a los televidentes a asesinar a Morsi.

Activistas admitieron que los editoriales de Al-Dustour eran provocativos y que Okasha era un antiguo partidario de Mubarak, famoso por sus teorías conspirativas y violentas diatribas. No obstante, condenaron la forma en que el gobierno silenció a ambos periodistas.

"No se trata de si apoyamos o estamos en contra del canal Al-Faraeen. Lo que nos preocupa es que fue clausurado por un decreto administrativo y no por un fallo judicial", dijo Saady.

"Ni siquiera Mubarak hizo algo así, o al menos no hasta los últimos días de su régimen de 30 años. Si (el gobierno de Morsi) empieza así, entonces ¿cómo terminará?", añadió.

La Hermandad negó repetidamente tener intenciones de censurar a sus críticos. Líderes del movimiento aseguraron creer en la libertad de expresión, pero insistieron en que se deben establecer límites cuando los periodistas difaman al presidente, incitan a la violencia o agravan las tensiones sectarias.

El nuevo ministro de Información está de acuerdo con los controles. Cuando fue consultado sobre la confiscación de Al-Dustour y el cierre de Al-Faraeen, sostuvo que el trabajo de los periodistas debía tener límites.

"Hay una clara diferencia entre la libertad, por un lado, y la calumnia, la difamación y la incitación al asesinato, por el otro", indicó.

El mes pasado, el portavoz de Morsi dijo que el presidente había iniciado acciones legales contra dos medios, a los que no mencionó, por supuestamente haber publicado "noticias falsas" en su contra. La Hermandad, por su parte, también presentó demandas contra otros medios.

Pero un portavoz del movimiento aseguró que la mayoría de los casos habían sido iniciados por ciudadanos "molestos por los insultos" de algunos periodistas.

Sin embargo, activistas señalaron que el grupo islamista estimula a sus seguidores a presentar demandas para acosar e intimidar a opositores.

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