Mónica Fernández ignora, recién comenzado el curso 2012-2013, si la escuela primaria de la capital mexicana donde estudia su hija de 11 años está certificada en protección y demás cuestiones de violencia sexual, un flagelo difícil de extirpar de las aulas del ciclo básico.
"Me parece muy importante saber de la certificación. El problema es que no es gran cosa, porque todo se maneja de forma discrecional. El personal no está calificado para eso", dijo a IPS esta ama de casa de 45 años de edad y madre de dos hijas.
A pesar de que reconocen la gravedad del fenómeno, las autoridades no han completado el proceso de certificación ni han avanzado en la prevención de esas agresiones, cuestionan expertos.
La certificación implica declarar libre de violencia sexual a un centro escolar. Esa inspección es realizada por personal especializado de la Secretaría (ministerio) de Educación Pública (SEP), que evalúa si los maestros, profesores y alumnos han recibido información suficiente y eficaz en la materia, tanto en prevención y atención, y revisa los registros de la escuela sobre posibles casos.
Pero esta herramienta muchas veces es desatendida por el personal docente y desconocida por los padres, que pueden preguntar a la dirección de cada escuela si recibieron la certificación o preguntar a la SEP. Hasta ahora no hay datos sobre los planteles que han pasado esta instancia.
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"No se ha logrado aplicar un mecanismo de protección eficaz. Esas medidas fallan porque no forman parte de una política pública, carecen de un presupuesto con destino específico y el diseño del sistema educativo mexicano es bastante rígido", analizó para IPS el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez.
La activista Laura Martínez, fundadora de la no gubernamental Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), coincide en que "se necesita voluntad para fortalecer la prevención".
"La violencia sexual está muy desbordada y no se la nombra como tal. Generalmente, ocurre entre los mismos niños y lo único que se hace es sacar a los agredidos de esa escuela", señaló a IPS.
El maltrato infantil, en cuyo repertorio se incluyen los castigos fí¬sicos, la violencia verbal y el abuso sexual, se da en el caso de la escuela mayoritariamente por los propios compañeros de aula, mientras que fuera de ella se presenta en el hogar, donde más se dificulta la denuncia.
La Red por los Derechos de la Infancia en México, que aglutina a 73 grupos no gubernamentales, promueve desde noviembre la campaña "Infancia sin violencia", en el marco de la cual se utiliza el Mapa Geo-referencial de Violencia contra niñas, niños y adolescentes, para identificar y prevenir los ataques con golpes o armas y abusos sexuales.
En México, 39,2 millones de sus 112 millones de habitantes son menores de 18 años, divididos por sexos casi en partes iguales, según el Censo de Población y Vivienda 2010.
La cartera de educación registra 122.000 escuelas estatales de la enseñanza primaria en el país, para alumnos de seis a 12 años, y 100.000 del sistema secundario, a las que concurren adolescentes de 13 a 15 años, atendidas por 25,6 millones de docentes. Unos 30 millones de estudiantes regresaron el lunes 20 a las aulas.
A pesar de la gravedad de la violencia sexual, el gobierno nacional carece de datos confiables. Estadísticas de organizaciones no gubernamentales indican que en 2011 se registraron 40.000 casos de maltrato infantil, de los cuales solo 13 por ciento desembocaron en una denuncia ante las autoridades judiciales. Pero se desconoce la cuantificación de sucesos en los centros escolares.
En el sistema educativo básico, cada dos días de clases se reporta una denuncia de abuso sexual y maltrato, según organizaciones pro infancia, que alertan sobre un promedio mayor de casos por ser un asunto que cuesta denunciar.
"No se está haciendo una evaluación del trabajo en las escuelas. No tiene que hacerse solo con maestros o con niños y niñas, sino también con padres y madres. El gobierno pone parches a una tarea que no termina", se quejó Martínez, de Adivac.
Un equipo de 28 personas de Adivac, que funciona desde 1990, recibe semanalmente 400 pacientes, incluyendo infantes que soportaron violencia sexual en la escuela. Además, capacita a estudiantes y profesionales y realiza investigaciones académicas.
En noviembre, la SEP empezó a distribuir un decálogo para prevenir el abuso sexual y una guía para identificar 23 tipos de conductas, que son las señales de niños y niñas ante alguna agresión de este tipo.
Pero el gobierno salió tarde al paso de prácticas que llevaban tiempo sentadas en las bancas escolares, critican expertos y activistas humanitarios.
Un estudio realizado en 2009 concluyó que casi 20 por ciento de los consultados aceptaron la existencia de acoso sexual en los establecimientos educativos.
El "Informe nacional sobre violencia de género en la educación básica en México", elaborado por la SEP y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se basó en una encuesta realizada a 26.319 alumnos desde cuarto grado de enseñanza primaria a tercero de secundaria.
La investigación reveló que 34 por ciento de los maestros reconocieron agresiones sexuales entre niños y 25 por ciento entre niñas. Los expertos aseguraron que se trata de una situación que se extiende de lo que ocurre en los hogares mexicanos en general.
De hecho, una investigación publicada en el número de marzo-abril de 2011 de la revista Salud Pública de México demostró la importancia de capacitar a padres y madres en la detección, prevención y atención y confirmó además la prevalencia de esos actos.
"Después de la intervención educativa participativa, se encontró un cambio de aptitud en los padres al adquirir un mayor aprendizaje sobre el impacto de educar con equidad a los menores para prevenir abuso", cita la publicación.
El estudio "Aptitud de padres para prevenir abuso sexual en menores después de una intervención educativa participativa", elaborado por seis especialistas del sistema de salud del Estado, abarcó a 92 progenitores, la mayoría mujeres, con hijos en el nivel preescolar.
"Después de la intervención educativa se encontró una mayor proporción de padres que identificaron que el abuso sexual infantil es frecuente", sostiene el trabajo.
"Si no se abordan los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, van a ser víctimas de violencia", planteó Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
En la Consulta Infantil y Juvenil 2012, desarrollada por el Instituto Federal Electoral con motivo de las elecciones presidenciales del 1 de julio, niñas, niños y adolescentes reconocieron algún grado de violencia sexual en sus casas y escuelas, en tasas de entre casi cuatro y 10 por ciento, respectivamente.
Adivac capacitó entre 2005 y 2010 a unos 80 policías capitalinos responsables de vigilancia en escuelas públicas. Además, formó desde 2000 a unas 2.500 promotoras en todo el país para promover la prevención del abuso.
La Ley General de Educación de 1993 obliga a las autoridades educativas y a los docentes a reportar los agravios a la instancia competente.
