Organizaciones de la sociedad civil promueven el derecho a la movilidad en la capital de México, que involucra políticas sociales, económicas y ambientales. "La movilidad debe ser un tema más valorado y de mejor calidad”, dijo a Tierramérica el director para América Latina del no gubernamental Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Bernardo Baranda.
“Debe haber normas más estrictas que desincentiven el uso del auto y encarezcan el estacionamiento, y más opciones de transporte público”, propuso.
En septiembre, esa organización entregará recomendaciones al gobierno capitalino y a la estatal Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que publicará a finales de año un informe sobre el estado de la movilidad.
En la capital mexicana, habitada por casi nueve millones de personas, se efectúan 22 millones de viajes diarios, de los que 16 millones son en el transporte público.