«Me siento orgullosa de ser parte de este cambio. La desnutrición no se puede acabar en dos o tres años, pero este es el inicio y quiero ser parte de él», dice Isabela Tzoc, una voluntaria del servicio cívico integrada a un plan juvenil de lucha contra las consecuencias de la indigencia en Guatemala.
"Me involucré tanto que mañana voy a faltar a clases (en la universidad) porque tengo una capacitación con el grupo. Por amor a la patria y porque me comprometí con Guatemala, voy a terminar esto que comencé", agrega Tzoc en entrevista con IPS.
Esta estudiante de pedagogía, de 21 años, integra un grupo de 157 voluntarios que participan desde abril en la iniciativa "Jóvenes centinelas contra la desnutrición", dependiente del estatal Consejo Nacional de la Juventud.
Guatemala posee la tasa más alta de desnutrición crónica infantil en América Latina, con uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años en esta situación, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
"Jóvenes centinelas contra la desnutrición" se creó en el marco de la Ley de Servicio Cívico, vigente desde 2011, que obliga a los guatemaltecos y guatemaltecas de entre 18 y 24 años de edad a servir al país por 728 horas acumuladas, pero que les da la opción de hacerlo por medio del servicio militar o el social, y con derecho a una remuneración equivalente a 1,10 dólares la hora.
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En el servicio militar se "capacita a los guatemaltecos para la defensa armada de la patria, dentro de una doctrina respetuosa de los derechos humanos y los valores cívicos, políticos y morales", además de primeros auxilios y gestión de riesgos, mientras en el social se estimula la participación juvenil en áreas de salud, educación, ambiente y otras de asistencia.
La nueva norma, reglamentada por el gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012), fue recibida con beneplácito por activistas de derechos humanos pues regula la prestación del servicio cívico militar sin forzar a los ciudadanos, una práctica que llevó a una serie de abusos durante la guerra interna (1960-1996) entre guerrillas izquierdistas y las Fuerzas Armadas, que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos.
"El ejército de Guatemala forzó ilegalmente a miles de jóvenes, incluso a menores de 15 años, a incorporarse a sus filas y a participar directamente en esa guerra", concluyó la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que también indicó que 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas fueron cometidas por fuerzas del Estado y grupos paramilitares.
En la actualidad, además, los jóvenes tienen la opción de escoger libremente entre prestar el servicio cívico militar o el servicio social.
Tzoc optó esta vez por el servicio social, y le toca actuar en comunidades pobres en Nahualá y Sololá, en el sudoeste del país.
"Estamos verificando sus necesidades y hacemos un reporte para la Sesan (Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional). Es una experiencia muy grande compartir con estas familias", indica la joven, quien antes había cursado el servicio cívico militar.
Adiós a la guerra
En el nuevo servicio cívico militar revistan unos 3.500 jóvenes, informa el coronel Rony Urízar, portavoz del ejército.
"Los jóvenes reciben entrenamiento militar básico: leyes y reglamentos castrenses, primeros auxilios; conocen las armas del ejército, hacen tiro y reciben mucha formación sobre desastres naturales para apoyar ante cualquier eventualidad en sus departamentos", explica a IPS.
"Nadie está obligado a ser conducido para prestar servicio militar", precisa Urízar. "Es una oportunidad para que los ciudadanos cumplan con su deber cívico y el ejército da ese espacio a la sociedad", añade.
"Esto es voluntario, y me parece estupendo porque no todos tienen la vocación para un oficio militar", narra Erick Tatagüin, participante del servicio cívico en la brigada del ejército Mariscal Zavala, en la ciudad de Guatemala.
"Ayuda a las personas en caso de desastres naturales, cómo actuar en deslaves y terremotos y la atención de personas heridas por hemorragia o quebradura", relata a IPS mientras se prepara para practicar descenso de riscos.
Tatagüin asiste todos los domingos a la zona militar Mariscal Zavala, de 6:45 a 17, para acumular las 728 horas de servicio a las que está obligado.
Francisco Montenegro, del movimiento Paz Joven, comenta a IPS que la importancia de la nueva normativa estriba en que "vincula a jóvenes dentro de las diferentes acciones gubernamentales a favor de ir disminuyendo las brechas sociales de forma estratégica".
Pero advierte a las autoridades sobre el eventual uso político-electoral de la nueva ley.
"Las instituciones estatales deben dar las garantías de transparencia para que única y exclusivamente los jóvenes que están realizando servicio cívico obtengan la remuneración respectiva y que esta no se vincule a una situación político-partidista", puntualiza.
Pero la nueva ley no solo ha recibido aprobación social. También existen cuestionamientos.
"Siendo el Ministerio de la Defensa la entidad rectora, aún sigue teniendo carácter militar y eso limita que la juventud preste un servicio con una visión más democrática y de servicio a la comunidad", plantea a IPS el activista Arturo Chub, de la no gubernamental Seguridad en Democracia.
Chub reclama que estos programas se vuelquen a iniciativas sociales como la alfabetización, la construcción de viviendas para familias de escasos recursos, los estudios de impacto ambiental y de viabilidad de proyectos comunitarios, entre otros.
No obstante, admite, "es un avance que ya no se fuerce a los jóvenes a ejercer un servicio militar" en este país, donde 54 por ciento de sus 14 millones de habitantes viven en la pobreza y 13 por ciento en la indigencia, enraizada en particular en los territorios indígenas, carentes de atención de salud y educación, según la estatal Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2011.
