La sombra de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la localidad mexicana de Atenco en 2006, persigue de nuevo a Enrique Peña Nieto, declarado como virtual ganador de las elecciones presidenciales del 1 de este mes.
Esta vez las sombras están feminizadas. Este martes 17 oorganizaciones civiles presentaron en Nueva York un informe sobre la represión del 3 y 4 de mayo de ese año en Atenco ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés).
Entonces, 47 mujeres fueron detenidas; de las cuales 26 fueron víctimas de violación sexual. Esta es «la piedrita en el zapato» para Peña Nieto, advierten activistas.
San Salvador de Atenco, como se conoce oficialmente el municipio de unos 15.000 habitantes a unos 30 kilómetros de Ciudad de México, vivió dramáticas jornadas a raíz de las protestas por la agresión policial a unos floricultores, reprimidas con fuerza por las autoridades regionales.
El operativo de represión fue avalado por Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México, colindante con el Distrito Federal, asiento de la capital y por desde se expande la gran megalópolis.
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El Instituto Federal Electoral dio como ganador de las elecciones a Peña Nieto. Pero las organizaciones de izquierda decidieron pedir la invalidación de los comicios, con la alegación de que se produjeron diferentes ilegalidades en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Las denuncias por las violaciones ocurridas ya fueron introducidas anteriormente ante instancias de la Organización de las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento presentado ante la CEDAW fue elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el mexicano Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
El Comité de la CEDAW analizó la denuncia dentro del examen del informe periódico sobre México, que forma parte de sus actividades en el periodo de sesiones que comenzó el día 9 y concluye el día 27.
En el reporte sobre Atenco se evidencia la impunidad en las torturas sexuales contra las mujeres, durante un operativo caracterizado, denuncia, por el «uso excesivo e indiscriminado de la fuerza».
Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh organización que acompaña a las mujeres de Atenco, explicó que a seis años de distancia de los hechos no hay ningún policía federal o estadal, o funcionario consignado por actos de tortura.
En 2006, el Comité de la CEDAW ya había recomendado al Estado mexicano que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República, tuviera jurisdicción en el caso para investigar y sancionar a los culpables.
Sin embargo, en 2009 la Fevimtra declinó el caso a favor de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, con el argumento de «falta de competencia
El informe de la OMCT y el Centro Prodh destaca el incumplimiento de México de la recomendación de la CEDAW, ya que a más de seis años de los hechos ni un solo efectivo policial ha sido sancionado penalmente.
También advierte que la procuraduría del estado de México no ha garantizado el acceso de las mujeres a la justicia, y que la Fevimtra sí era competente para continuar con las investigaciones y consignar a los responsables.
La abogada del Centro Prodh señaló que sin importar quien llegue el 1 de diciembre a Los Pinos (sede de la Presidencia), el tema será todo un reto para la nueva administración porque tendrá que responder a las recomendaciones que emita el Comité de la CEDAW. Apuntó que la represión en Atenco ya es un caso contra el Estado mexicano, luego de que en noviembre de 2011 la CIDH lo admitió para su análisis.
En 2008, y ante la falta de justicia en México, 11 de las 26 mujeres sobrevivientes de tortura sexual llevaron su denuncia ante la CIDH, organismo que eventualmente podría enviar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque el Comité de la CEDAW y la Corte Interamericana buscan evidenciar la responsabilidad del Estado mexicano sin hacer alusiones especificas a personas, las organizaciones civiles han señalado que uno de los principales responsables es Peña Nieto.
El pasado 11 de mayo, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, Peña Nieto dijo que en Atenco restableció el orden y afirmó: «Fue una acción determinada personalmente que asumo personalmente».
«Está manchado con sangre de Atenco, está condenado por todo lo que ordenó contra nuestro pueblo», advirtió indignada América del Valle, perseguida política tras los hechos de mayo de 2006, al hacer un balance del significado de este movimiento en la actual coyuntura política.
Tras reconocer que aún hay un clima de miedo por lo que representa Peña Nieto, Del Valle afirmó que las demandas de San Salvador Atenco todavía persisten.
«El temor más grande que tengo es que nos quedemos callados, que a este pueblo mexicano se le olvide y le dé la bienvenida como si nada hubiera pasado a un represor que apenas hace seis años cometió lo que cometió», sostuvo.
Sobre este tema, Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y que participó activamente en el movimiento, aseguró desafiante: «Estamos y seguiremos siendo la piedrita en el zapato» del líder del PRI.
Y advirtió que las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la gente de Atenco, entre encarcelamientos, persecuciones injustas y tortura sexual, reflejan al «hombre represor» que es Peña Nieto y a quien no le importaría repetir un conflicto similar.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias de Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
