Cuatro años después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que ordenó limpiar la cuenca del río Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, ambientalistas detectan progresos y retos pendientes. “Hubo limpieza de márgenes y del fondo del río, remoción de basurales e inspección de industrias, pero nos preocupa la falta de una política de Estado que funcione sin necesidad de presión judicial permanente”, dijo a Tierramérica el activista Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
La organización publicó este mes una “radiografía” de avances y demoras en el saneamiento y relocalización de población, ordenados por el máximo tribunal el 8 de julio de 2008 para esa cuenca considerada la más contaminada del país.
El informe reconoce que la sentencia marcó un punto de inflexión, al permitir “romper la inercia”, pero quedan todavía un “cúmulo de aspectos pendientes” para resolver.
