En 1996, la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Habitat II) realizada en Estambul fue una de las más abiertas a la participación de la sociedad civil.
También reunió, en un gran volumen de conclusiones, miles de propuestas y recomendaciones de los participantes. Pero "faltó estrategia" para llevarlas a la práctica, sostuvo Jaime Lerner, conocido como gran urbanista por su innovadora gestión de Curitiba décadas atrás.
En contraste, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, finalizó el viernes 22 sin permitir que se vislumbre una estrategia para salir de la trampa en la que se metió la humanidad.
Las propuestas de las organizaciones no gubernamentales fueron excluidas. Pero ¿acaso podría una conferencia gubernamental, con 99 por ciento de países capitalistas, digerir las tesis anticapitalistas del foro no gubernamental?
La declaración final de la Cumbre de los Pueblos en Río+20 asume el "desafío urgente de frenar la nueva fase de recomposición del capitalismo", en que "el pueblo organizado y movilizado" es la única forma capaz de "liberar al mundo del control de las corporaciones y del capital financiero".
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La principal contribución de la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible puede ser un shock de realismo como estímulo a una reflexión, a partir del reconocimiento de realidades ignoradas, tanto en la pretensión de llamar "El futuro que queremos" al documento oficial como en la de convocar una "Cumbre de los Pueblos" en el Aterro do Flamengo, sugiriendo una jerarquía rechazada por esos mismos "pueblos" cuando se reúnen en el Foro Social Mundial.
Esa búsqueda de nuevos caminos ya comenzó. Un movimiento lanzado el sábado 23 en Río de Janeiro, el Río+20+1, o "Día Después", pretende construir una propuesta de "Un nuevo contrato social para el siglo XXI", actualizando las ideas del pensador Jean Jacques Rousseau, cuyo tricentenario se conmemora este año.
La iniciativa, ideada por el director ejecutivo del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (Unitar), Carlos Lopes, se inauguró con la presencia del presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (más conocido por sus siglas en inglés, IPCC), Rajendra Pachauri, y por el economista del ecodesarrollo Ignacy Sachs, entre otros.
Existe un cierto consenso sobre la necesidad de un nuevo patrón de producción y consumo. Pero sigue sin definirse ese paradigma y cómo alcanzarlo, temas de discrepancia inevitable. Nadie, ni siquiera entre los anticapitalistas de la Cumbre de los Pueblos, habla de una revolución social.
El impasse evidenciado en Río+20 pone en jaque concepciones voluntaristas. Muchos reclaman un liderazgo con "osadía y coraje de estadistas" a los actuales ocupantes del poder para resolver la "crisis de la civilización", en la que se combinan crisis variadas como la ambiental, la económica, la social y la ética. ¿Acaso queremos que vuelvan los déspotas ilustrados?
El juicio político y la posterior destitución del presidente paraguayo, Fernando Lugo, en coincidencia con Río+20, dejaron en claro que los gobernantes también tienen sus límites. Deben responder a los intereses reales de la sociedad nacional y a la correlación de fuerzas, que se expresan en el poder político y económico, no en los sondeos de opinión en los que una mayoría dice tener preocupaciones ambientales.
La ausencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en Río+20 se atribuyó a los riesgos que enfrentará el hombre más poderoso de la Tierra en las elecciones previstas para noviembre. Asumir compromisos ambientales amenazaría su reelección.
La divergencia entre la dinámica política de corto y largo plazo sobre las cuestiones ambientales sería otro obstáculo para asumir los desafíos. Pero está fuera de discusión prolongar los mandatos, y ejemplos recientes muestran la creciente intolerancia hacia la perpetuación en el poder.
Parece indispensable una nueva institucionalidad para enfrentar las amenazas a la humanidad, como el cambio climático, la reducción de la biodiversidad y de la disponibilidad de agua potable, la acidificación de los océanos y la desertificación.
La conferencia de Río debilitó el multilateralismo, acatando la tesis americana a favor de iniciativas nacionales, contra acuerdos mundiales vinculantes, concluyó la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) quedó atrapada por los intereses corporativos, según muchos otros activistas.
En este sentido, no parece prometedor crear en la órbita de la ONU una nueva agencia ambiental que tome como ejemplo a la Organización Mundial de la Salud o a la Organización Mundial del Comercio, principal propuesta para una gobernanza necesaria en esa área.
Tampoco se avanzó en la cuestión del financiamiento del desarrollo sostenible. La propuesta de los países emergentes de crear un fondo de 30.000 millones de dólares fue vetada, principalmente por Estados Unidos.
Pero en la reunión del Grupo de los 20 (G-20) países ricos y emergentes, celebrada casi en simultáneo en México, se aprobó un aporte de 456.000 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional, de los cuales 75.000 millones fueron ofrecidos por los emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en una clara señal de que la prioridad es "salvar a los bancos", se quejaron los activistas.
Ante esa complejidad de los problemas mundiales son inocuas las manifestaciones tautológicas de que necesitamos nuevos paradigmas de consumo. Hay medidas de evidente eficacia, como la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, que sumaban 409.000 millones de dólares el año pasado, según la Agencia Internacional de Energía.
La tendencia es a aumentar a 660.000 millones en 2020. ¿Por qué no se consigue siquiera reducir ese incentivo a la destrucción de la vida, como sí se logró en relación al tabaco?
Otra acción de resultados significativos, tanto ambientales como sociales y de salud, es distribuir eficientes hornos a leña, ya desarrollados, o incluso sustituir ese combustible ya usado por 3.000 millones de personas en el mundo.
Al "pueblo organizado", dividido en entidades no gubernamentales, sindicatos, movimientos sociales y entidades variadas con sus objetivos específicos, le falta una estrategia común para convertir en políticas públicas las experiencias eficientes en el área socioambiental e influir en las decisiones nacionales y mundiales determinantes para el destino de la humanidad.
Los caminos para una eficacia política, desaprobada o descartada por la vía partidaria, deberían aparentemente merecer una mayor reflexión de parte de los militantes.
