Desde la desaparición en mayo de 2011 de su hijo Jethro, el mexicano Héctor Sánchez encontró en el activismo la forma de soportar su duelo. Hasta ahora rechazó el apoyo psicológico ofrecido por la Procuraduría (fiscalía) General de la República y de organizaciones de derechos humanos.
"Lo sobrellevamos con mucha actividad, con el proyecto del centro educativo. Es la forma en que desahogamos el dolor", relató a IPS este hombre de 59 años, dueño de un negocio de partes de automotores.
El ingeniero electromecánico Jethro Sánchez fue capturado por policías municipales en la ciudad de Cuernavaca, 89 kilómetros al sur de la ciudad de México. Era sospechoso de pertenecer a una organización criminal. Luego fue entregado a soldados, quienes lo torturaron y lo asesinaron.
Su cuerpo fue hallado en agosto de 2011 y ahora tres militares permanecen detenidos a la espera del juicio por este crimen.
Casos como el de la familia Sánchez evidencian la aparición del trastorno de estrés postraumático (TEPT) o depresión aguda a causa de la creciente violencia en México. Científicos han comprobado que comunidades y militares involucrados en conflictos armados abiertos o irregulares se exponen a sufrir este síndrome, un problema severo de salud.
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"El trastorno se contagia rápidamente en poblaciones como la ciudad de México y otras del país, que ya registran niveles elevados asociados con la violencia. Detectamos patrones similares, el contagio de estrés es directamente proporcional a la exposición a medios de comunicación", dijo a IPS el académico Mauricio Meschoulam, de la jesuita Universidad Iberoamericana.
Especialista en terrorismo, mediación y paz, Meschoulam participó con otros dos expertos en una investigación que evaluó la prevalencia del síndrome en este país asediado por la violencia sangrienta derivada del narcotráfico y de la militarización adoptada por el gobierno como método de combate a las mafias.
Basado en 333 cuestionarios en 15 de los 32 estados que componen este país, el "Estudio sobre efectos psicosociales por violencia en México" señala que 51 por ciento de los entrevistados consideran que la violencia afecta su vida laboral, 72 por ciento la social y 58 por ciento la familiar.
Además, 42 por ciento de los consultados respondieron que el fenómeno impactó en su status económico y 60,1 por ciento en su salud mental.
La medición registró manifestaciones de trastornos varios, como angustia e insomnio frecuentes, irritabilidad y desesperanza.
Todos los consultados están expuestos, como el resto de la sociedad mexicana, a las escenas cotidianas de terror que plagan las páginas de los diarios, invaden las pantallas de televisión y circulan en el ciberespacio a través de las redes sociales y blogs.
La escalada comenzó tras la llegada al gobierno el 1 de diciembre de 2006 de Felipe Calderón, quien dispuso de inmediato movilizar a las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico.
Casi seis años después, las cifras llenan de dudas su validez, pues ha dejado más de 50.000 personas muertas, 250.000 desplazadas de sus hogares, 10.000 desaparecidas y 8.000 huérfanas, según datos de organizaciones de derechos humanos.
Si en un comienzo las comunidades más golpeadas y por ende las más expuestas al TEPT eran los escenarios de violencia en los estados, el daño psicosocial ha trascendido más allá del reguero de sangre, propulsado por la difusión de esos acontecimientos.
El trastorno puede manifestarse cuando el individuo sufre actos violentos, como un asalto, un secuestro, una violación o un desastre natural.
"No solamente las víctimas directas de estos actos criminales son quienes sufren este tipo de síndromes, sino las comunidades, vecinos, familiares", explicó a IPS la experta Edith Zúñiga, directora académica y fundadora de la no gubernamental Tech Palewi ("te apoyo, te ayudo a crecer", en lengua náhuatl), fundada en 1998.
"Quienes reportan y están en pleno combate pueden experimentar este síndrome", añadió.
"Se ha tratado de normalizar esa situación y no se le ha dado la importancia que merece. No se visibilizan los riesgos para la salud mental de las personas. Es importante una intervención temprana. No ha habido suficiente diagnóstico", señaló la especialista.
La PGR registra al menos 2.886 policías asesinados desde 2006, mientras que las Fuerzas Armadas reportan al menos 250 soldados muertos. El bando castrense ha sufrido casi 2.000 agresiones.
"Hay muchos costos. Por ejemplo que la gente cercana sabe cuándo se van (los efectivos) de operativo, pero no cuándo regresan", dijo a IPS el director del Programa de Intervención en Crisis a Víctimas de Desastres Naturales y Sociorganizativos, Jorge Álvarez, de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
"Además, (los uniformados) están muy señalados por cuestiones de derechos humanos. Por eso, la gente desconfía de ellos", añadió.
Creado en 1997, el programa de la UNAM capacita a personal de primeros auxilios psicológicos, como bomberos, rescatistas y soldados, y atiende a víctimas y sus parientes.
La investigación "Estrés postraumático en la población pediátrica atendida en el Hospital Infantil del estado de Chihuahua, México", publicada en 2011 en el Boletín Médico de esa institución, concluyó que el TEPT entre los niños y niñas ha aumentado de forma considerable en los últimos años.
Elaborada por seis investigadores de la estatal Universidad Autónoma de Chihuahua y del Hospital Infantil, el estudio constó de 125 expedientes atendidos por el área de psicología infantil del nosocomio durante tres meses. De ellos, 52 pacientes presentaron TEPT por la violencia y otros 73 por accidentes.
La mayor prevalencia apareció en pacientes de entre cinco y 7,5 años de edad, mientras la muestra abarcó de los cinco a los 15 años.
El apoyo psicológico "debe ser un tema prioritario. El primer punto de atención es la aplicación de la acción penal, que haya justicia y que deje de haber impunidad. A partir de ahí podemos pensar en un tratamiento psicológico", dijo Sánchez, que inaugurará el 18 de junio una escuela especializada en mecánica automotriz con el nombre de su hijo.
"Es indispensable y necesario trabajar con poblaciones vulnerables. Noto un Estado lento, que no está detectando esto de manera integral", planteó Meschoulam.
Por eso, propuso continuar con encuestas nacionales e investigación sobre los efectos de la violencia, evaluar las necesidades de grupos de riesgo (niños, mujeres, policías, soldados y trabajadores de prensa), reducir barreras de atención a la salud, como la falta de infraestructura sanitaria y de recreación, y formar y capacitar personal.
"Este tipo de apoyo necesita multiplicarse por las pérdidas tan dolorosas. Queremos formar cuadros en los estados, para generar capital social que pueda intervenir en este tipo de circunstancias", sugirió Zúñiga.
