«Doña, la pobreza no tiene doliente». El hombre solo dice eso, se niega a ser fotografiado y a dar su nombre. «Ojalá nos sacaran de aquí para un lugar más seguro», completa su esposa, mirando el río Ozama, que casi lame las puertas de la choza que los mal alberga en la capital dominicana.
Unos metros más allá, Josefa Moya es algo más locuaz. "Todo esto se inunda cuando llueve mucho y el agua demora como tres días en salir de las casas. Vivo sola y hago trabajo doméstico, no puedo ni pensar en irme de aquí", relata a IPS. Algunas vecinas que la rodean con sus hijos en brazos asienten con la mirada. Ellas tampoco tienen otras opciones.
La Ciénaga es uno de los tantos asentamientos que se apretujan a orillas del río Ozama, en Santo Domingo. José Sánchez, un improvisado guía que le abre el paso a IPS entre callejuelas y estrechos pasajes, indica que allí residen unas 8.000 familias.
"Cuando hay un ciclón o lluvias intensas, el río crece y a la vez arrastra basura de todo tipo. Yo creo que por eso se inunda tanto este barrio", comenta Sánchez.
Según sus cuentas, en los últimos cinco años la situación ha empeorado. "Tras cada inundación dicen que nos van a desalojar, pero ya ve, aquí seguimos", agrega.
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Según fuentes independientes, en las riberas de los ríos Ozama e Isabela, los dos principales de Santo Domingo, habitan unas 400.000 personas expuestas a eventos hidrometeorológicos que se prevén más intensos y devastadores que los registrados hasta ahora.
En entrevista con IPS, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Ernesto Reyna, confirma que uno de los "retos fuertes" de su país en materia de adaptación al cambio climático apunta justamente hacia a ese sector empobrecido de la población, extremadamente vulnerable a eventos como ciclones o lluvias intensas.
Reyna comenta que estas familias se asientan en las cuencas medias, en las cuales por períodos largos de sequía ha habido una disminución del caudal de los ríos. "Ven ahí un área factible para levantar su hogar e inclusive tener alguna producción agrícola. Creen que no habrá inconveniente en establecerse en esos lugares", dice.
"Pero es así hasta que viene una tormenta, no necesariamente un huracán, sino un período de lluvias intensas que, asociadas a la deforestación o a malos manejos nuestros (en las cuencas), producen grandes escorrentías que en un tiempo mínimo y con fuerza devastadora acaban con todo lo que tengan a su paso", explica.
En 1998, el huracán George costó a República Dominicana la muerte de 235 personas y perjuicios materiales estimados oficialmente en unos 146 millones de dólares. En octubre de 2007, la tormenta Noel dejó pérdidas económicas por 439 millones de dólares (que equivalían entonces a 1,2 por ciento del producto interno bruto), 87 fallecidos y 42 desaparecidos.
Recuperarse de tales desastres es muy costoso, considera Reyna. "La desgracia de nuestros pueblos (de la región) es que cuando se están recuperando de una situación económica difícil viene un huracán y nos lleva nuestros ahorros. Entonces nunca podremos salir de esta situación de pobreza que tienen nuestras mayorías", comenta.
Datos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que 43 de cada 100 dominicanos eran pobres y 16 eran indigentes a fines de 2004. Esos indicadores bajaron seis años después a 34 y 10,4 por ciento respectivamente, según informes de la Organización de las Naciones Unidas.
Los vaticinios sobre el impacto del cambio climático no son para nada halagüeños respecto de República Dominicana, con 9,5 millones de habitantes y que comparte la isla La Española con Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe.
Según Reyna, su país podría perder alrededor de la quinta parte de su territorio debido al previsible aumento del nivel medio del mar.
"Vivo aquí hace 17 años y sí puedo decir que en los últimos cinco años hemos tenido lluvias más intensas y, en consecuencia, más crecidas del río. Ya se sabe que la causa es el cambio climático", comenta a IPS la presidenta de la Junta de Vecinos de La Barquita de Los Mina, Eridania Rosario Marcelo.
La comunidad, ubicada también a orillas del río Ozama, ha solicitado en repetidas ocasiones que se drague el curso fluvial para mantener limpios los desagües y evitar que se desborde.
"Estamos cansados de pedirlo, pero no se nos escucha. Si esta parte del río se dragara para sacarle toda esa basura que arrastra, el peligro disminuiría", asegura.
Con el comienzo de la temporada ciclónica, que va de este mes a noviembre, los vecinos aumentan sus precauciones, vigilan las aguas del Ozama para prever si suben de nivel y recogen lonas para hacer "una casita" en la parte alta del puente como albergue de emergencia en caso de necesidad. "Vivimos en riesgo permanente", comenta.
A su vez, el vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, Omar Ramírez, afirma a IPS que "70 por ciento de las ciudades dominicanas se encuentran a orillas de un cauce fluvial ( .). Hay una proliferación de asentamientos urbanos en condiciones de extrema pobreza en esas áreas", admite.
En ese sentido, Ramírez considera clave el "mandato" para un ordenamiento territorial acorde con las necesidades de adaptación al cambio climático plasmado en el artículo 194 de la Constitución desde 2010.
El tema también forma parte del plan estratégico para afrontar las transformaciones climáticas.
"La planificación territorial es un asunto difícil y complejo, pero no imposible. Se puede construir mediante alianzas sociales", asevera Ramírez. El Consejo para el cambio climático fue creado en septiembre de 2008 con la misión de articular y coordinar a las instituciones del país para mitigar y adaptarse a los riesgos ambientales de carácter global.
