Con paso lento y fuerte resistencia, avanza en Argentina un nuevo paradigma de salud mental que contempla internaciones breves, menos hospitales psiquiátricos y más servicios para la integración social de los pacientes. De este modo quedará atrás el histórico trato inhumano en este ámbito.
Argentina ratificó en los últimos cuatro años la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y sancionó una ley de salud mental adecuada a esa normativa que considera a los pacientes como sujetos de derechos.
No obstante, su implementación está trabada. "Algunas prácticas se modifican en forma aislada, pero cambios institucionales concretos aún no hay", dijo a IPS la psicóloga Macarena Sabin Paz, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Este centro especializado formó parte del colectivo de organizaciones defensoras de los derechos humanos que promovió la sanción de la nueva ley en 2010. Tres años antes había publicado el informe "Vidas arrasadas", en el que se denunciaba el trato inhumano que recibían unos 25.000 pacientes institucionalizados en el país.
Según esa investigación, 80 por ciento de los enfermos internados entonces lo estaban desde hacía más de un año, y entre 60 y 90 por ciento de ellos eran considerados "pacientes sociales", es decir, sin acceso a alternativas de reinserción en la sociedad.
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Con la ratificación de la Convención y la aprobación de la ley, el CELS "vislumbró un cambio", según admite en su informe anual de 2011 publicado este mes. Pero por el momento estos expertos solo ven una gran brecha entre la norma y la realidad.
"Las graves violaciones a los derechos humanos de las personas que atraviesan algún padecimiento mental persisten", denuncia el último reporte, y remarca que los más vulnerables siguen siendo los internados en asilos psiquiátricos.
Sabin Paz explicó que tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la central provincia homónima, donde se aloja la mayoría de los pacientes del país, "se sobreactúa la aplicación de la nueva ley con un aumento de altas en el área de enfermos crónicos".
La maniobra apunta a mostrar que el llamado proceso de "desmanicomialización" está en marcha. Pero sin instituciones intermedias donde derivarlos, muchos de los dados de alta recaen y vuelven a ser hospitalizados en otros servicios, indicó.
"Es la puerta giratoria de los psiquiátricos. Baja el número de camas ocupadas en el área de crónicos y hay sobrepoblación en admisión donde son sobremedicados para volverlos a una supuesta normalidad", denuncia Sabin Paz.
En este aspecto, el mayor retroceso se produce en la capital argentina.
La representante socialista Virginia González Gass, presidenta de la Comisión de Salud Mental de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dijo a IPS que la situación "es desastrosa" y que muchos de los pacientes externados van a vivir a hogares de personas sin techo.
"No hay casas de medio camino ni programas de acercamiento familiar o de reinserción laboral. Los pacientes, sin ninguna contención, terminan en hogares donde no hay ni siquiera un médico clínico que los visite", dijo.
En la ciudad hay tres hospitales psiquiátricos para hombres, mujeres y adolescentes. Pero no se crearon aún instituciones que acompañen el tránsito del paciente desde la internación hacia una integración social plena en el ámbito familiar y laboral.
Más aún, se cerraron servicios creados por los propios pacientes junto a organizaciones de la sociedad civil para aumentar la articulación de los hospitales con el mundo exterior, como era una panadería, una carpintería o un espacio de arte, cuestionó Sabin Paz.
"Muchos médicos están contra la ley. No aceptan que el paciente pueda ejercer su derecho a tener un abogado. Se amenaza con sanciones a empleados del hospital que permitan el acceso de los defensores legales", denunció la psicóloga.
Por la nueva ley, la Defensoría General de la Nación creó una Unidad de Salud Mental, integrada por 22 profesionales entre abogados especializados, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales, coordinada por el letrado Mariano Laufer.
La tarea de Laufer es evitar que los pacientes sean internados contra su voluntad. En caso de que la hospitalización sea inevitable, el equipo debe asegurar garantías de una internación breve y un tratamiento aceptado por el paciente.
"La ley es una herramienta en un proceso de reforma que es lento, gradual, y que va a llevar años", admitió el letrado a IPS. Pero destacó que "la ley cambió radicalmente el modo en que el poder judicial trata los casos".
En 10 meses, desde que se puso en marcha la unidad que coordina, fueron asistidas unas 1.700 personas. "El 70 por ciento fue externado o transformó su internación en voluntaria o en tratamiento ambulatorio", precisó.
El abogado explicó que, antes de la Convención y de la nueva ley, el paradigma era "tutelar y paternalista". "Los pacientes no eran sujetos de derechos, sino objetos de protección o tutelaje del Estado", distinguió.
"Las personas con alteraciones mentales eran despojadas jurídicamente de su capacidad de ejercer derechos para ser protegidas. Pero lo que se causaba era mayor pasividad, la anulación del paciente como persona y su muerte civil", denunció.
En este nuevo paradigma, el paciente "es un sujeto pleno de derechos", y su internación forzada, antes habitual, "equivale a una privación de la libertad" si no cumple con los requisitos y garantías de la que debe estar rodeada según la ley.
El juez debe estar informado sobre una eventual internación, que será breve y solo en casos en que existan riesgos contra sí mismo o contra terceros, y tendrá que controlar periódicamente el tratamiento para que se cumpla la norma, detalló.
Antes, el paciente psiquiátrico permanecía aislado de su familia tras la internación, sin poder recibir visitas ni llamadas telefónicas. Muchos pasaban luego meses o años en el hospital y eran sometidos a tratamientos que rechazaban.
Laufer aseguró que el nuevo paradigma genera resistencias. "El saber se democratiza, no queda en manos solo de un psiquiatra y, además, nuestro equipo es multidisciplinario e interviene con conocimiento del caso", indicó.
De todos modos, el abogado coincidió con el CELS en que, "sin casas de medio camino o lugares alternativos, el proceso de desmanicomialización es muy difícil. La ley es un herramienta, pero se requieren además políticas públicas", apuntó. Por su parte, Sabin Paz consideró que es necesario reglamentar la ley un trámite que está demorado más de un año— y, con ese paso, "armar un plan progresivo y que tenga su presupuesto" para seguir avanzando, advirtió.
