El veto parcial de la presidenta Dilma Rousseff a la polémica reforma forestal de Brasil contraría los intereses «más arcaicos del latifundio», pero determina la victoria del sector productivo por sobre el desarrollo sustentable, afirman ecologistas.
El veto pretende "impedir la amnistía a los deforestadores y la reducción de la protección ambiental", justificaron portavoces de la presidenta.
El código de 1965 resguarda las selvas brasileñas existentes en propiedades rurales, especialmente las ubicadas en ecosistemas protegidos como la Amazonia, y para ello penaliza de diversas formas a los propietarios que incurran en prácticas de tala y deforestación y los obliga a restaurar lo que hayan destruido.
Pero su aplicación fue limitada, pues el Estado tenía pocos instrumentos para penalizar las abundantes infracciones. Ese fue el argumento central para emprender una reforma.
[related_articles]
Los vetos y modificaciones de Rousseff se basan en premisas de "preservación de las florestas y los biomas brasileños, producción agrícola sustentable y atención a la cuestión social, sin perjudicar el ambiente", dijo la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, al destacar beneficios para los pequeños agricultores.
Los productores rurales "tendrán que contribuir" a restaurar las áreas de preservación permanente, agregó el ministro de Agricultura, Mendes Ribeiro, confirmando la versión oficial de que "no habrá amnistía" para quienes deforestaron irregularmente esas zonas sensibles.
Se trata de nacientes y manantiales, costas de ríos, zonas húmedas, inundables o de gran declive, manglares, áreas sujetas a derrumbes o cimas de cerros.
Pero la primera y positiva impresión que dejó el anuncio gubernamental el viernes 25, dio paso a "la peor de las noticias", cuando el Diario Oficial divulgó el lunes 28 las modificaciones completas, afirman las 163 organizaciones no gubernamentales reunidas en el Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, (Comité Brasil en defensa de las selvas y del desarrollo sostenible).
El veto "mantuvo un código malo y lo empeoró más", dijo a IPS el biólogo João Paulo Capobianco, presidente del Instituto de Desarrollo Sustentable (IDS), una de las entidades que forman parte del Comité.
El agravante es la "estrategia del gobierno" para "engañar a la prensa", al publicar los documentos a posteriori, opinó.
Si bien el veto parcial "contraría los intereses de los sectores más arcaicos del latifundio ( ), fue insuficiente para el cumplimiento de la promesa" del gobierno de que no perdonaría a los deforestadores, pues "mantiene la amnistía y la reducción de las áreas de protección", criticó el Comité en un comunicado.
Además, la medida provisoria debe ser discutida y votada en el Congreso legislativo, lo que ocurrirá luego de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de junio.
Según el Comité, el veto no tocó la definición de "área rural consolidada" para caracterizar las ocupaciones de zonas boscosas efectuadas hasta julio de 2008, y que sirve de base a todas las amnistías previstas en la nueva ley.
"La amnistía sigue como eje central del texto, puesto que la fecha de 2008 como línea de corte para el mantenimiento de áreas deforestadas ilegalmente continúa inalterada y, consecuentemente, promueve" que se excuse de reforestar "las áreas de protección permanente y las reservas legales", sostuvieron.
Esta amnistía, interpreta el Comité, también se extiende a 80 por ciento de los casos en los que se debía restaurar bosques ribereños, de cimas y laderas de cerros y áreas de preservación permanente en nacientes y ojos de agua, lagos y lagunas naturales.
"Estamos sorprendidos de que la presidenta haya conseguido empeorar lo que ya era muy malo", dijo a IPS el activista Márcio Santilli, coordinador de política y derecho del Instituto Socioambiental, que también es parte del Comité.
Santilli destacó que prácticamente se extinguen las áreas de protección, pues se autoriza a reforestar con especies exóticas. La medida provisoria inicialmente daba la posibilidad de replantar incluso con cultivos comerciales polémicos, como eucaliptos y pinos.
Pero el gobierno retrocedió y limitó las opciones de reforestación exótica a árboles frutales, para dar a los pequeños productores la opción de obtener con ellos una renta extra.
Para que esto fuera un verdadero avance, debería volverse a la versión original que proponía apoyo gubernamental a los agricultores familiares que reforestaran con especies nativas, criticó Capobianco.
Otra medida polémica es que la Santilli llama "electro-veto" y que beneficiaría a las empresas constructoras de grandes hidroeléctricas en áreas selváticas.
Según su opinión, el veto se dirige al único artículo "bueno" del proyecto, que "establecía una fuente concreta de recursos para la recuperación forestal", pues obligaba a las empresas concesionarias del sector energético a invertir uno por ciento de su ganancias liquidas a la protección de las selvas situadas en las cuencas de sus centrales hidroeléctricas.
El gobierno vetó ese punto en nombre de un "interés social", porque podría llevar a las empresas a elevar los precios de la electricidad.
"El gobierno nunca tuvo tanto apoyo fuera del Congreso para hacer valer su poder de veto de forma honrosa, y no lo hizo", criticó Capobianco.
La campaña "Veta Dilma" que promovía el veto total de la reforma forestal, recogió apoyos de sectores empresariales, artísticos, científicos y políticos y reunió más de dos millones de firmas.
Sin embargo, gran parte del sector agropecuario brasileño y de los legisladores que lo representan también están disconformes con el veto, pues pone "a la producción agropecuaria como función secundaria del inmueble rural. La función principal es preservar el bosque y no producir alimentos", cuestionó el presidente de la Sociedad Rural Brasileña, Cesário Ramalho.
En opinión del analista político Maurício Santoro, de Fundación Getulio Vargas, el veto y la aprobación de una ley para reprimir el trabajo esclavo "son pasos importantes para reequilibrar el juego político frente a un sector agrario cuya visión de país muestra, como mínimo, una gran dificultad para aceptar las demandas de una democracia dinámica que el resto de Brasil lucha por consolidar".
Otros, como la senadora y presidenta de la Confederación de Agricultura y Pecuaria, Kátia Abreu, juzgan que la postura del gobierno fue equilibrada. "El color de la camiseta no fue ni totalmente verde ni totalmente amarillo. Fue medio término", dijo Abreu.
Ahora se anticipa una guerra jurídica de interpretaciones sobre la medida provisoria, que debe ser aprobada por el Congreso. Y las organizaciones ambientalistas estudian plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal.
