La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para su análisis el asesinato de otra joven en Ciudad Juárez, mientras el Estado mexicano intenta dar por cumplida la condena por feminicidio por el llamado caso de Campo Algodonero.
La ineficacia del Estado mexicano para detener el feminicidio en el norteño estado de Chihuahua y brindar justicia a las víctimas de nuevo será revisada con lupa por la CIDH.
El 10 de mayo el mecanismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) notificó que analizará el caso de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada cuando tenía 17 años en Ciudad Juárez en 2001.
Defensoras de Derechos Humanos consideran que la admisión del caso por la CIDH representa un golpe a los intentos de autoridades federales y estatales de dar por cumplida la sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso Campo Algodonero, también en Ciudad Juárez, donde fueron encontrados los restos de ocho mujeres en 2001.
La abogada Karla Michel Salas, representante legal de Norma Andrade madre de Lilia Alejandra, destaca que la decisión de la CIDH pone otra vez sobre la mesa el feminicidio en Juárez y el incumplimiento del Estado mexicano para prevenir y atender las desapariciones de mujeres en esa urbe fronteriza con Estados Unidos.
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La defensora explica que con la admisión del caso de la hija de Norma Andrade fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, comienza un proceso en el que la representación legal de la víctima y el Estado deben informar a la CIDH sobre las investigaciones de ese feminicidio.
Salas adelanta que la CIDH podría valorar que las autoridades no han avanzado en las pesquisas del caso, como tampoco han cumplido con la sentencia de la CorteIDH.
La abogada advierte que el asesinato de Lilia Alejandra podría llegar también ante la Corte Interamericana, lo que daría pie a una nueva condena contra el Estado mexicano por no proteger la vida de las mujeres y garantizarles justicia.
Andrade celebra la notificación de la CIDH, al considerar que es una nueva oportunidad para evidenciar que el gobierno «no hace nada», para resolver las desapariciones y asesinatos de mujeres.
«Este 10 de mayo fue una muy buena noticia, ya que es una lucha que emprendimos desde el asesinato de mi hija después de tocar puertas y darme cuenta de que en México no se me iba ayudar», subraya la activista, quien en seis meses ha sufrido dos atentados.
Andrade recuerda que en 2002 presentó ante la CIDH la solicitud para que revisara el caso de su hija, en virtud de la falta de investigación y sanción a los responsables por parte del gobierno de Chihuahua, donde se asienta Juárez.
En contraste, el gobernador del estado, César Duarte, ha hecho hasta lo imposible por demostrar que el feminicidio en Chihuahua «ya se resolvió».
En marzo, el mandatario estadal se reunió con integrantes de la CIDH para asegurar que desde 2010 hay un avance de 98,5 por ciento en la resolución de los casos de feminicidio. Por ello, se han esclarecido presumió entre 24 y 30 crímenes.
Sobre las desapariciones de mujeres, Duarte dijo que en los últimos 17 meses de su gestión hubo 869 reportes de esos casos, de los cuales 802 mujeres se localizaron con vida, 14 fueron asesinadas y 53 expedientes están en investigación.
En tanto, en su reciente informe de avance sobre el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero, presentado ante la CorteIDH, el Estado mexicano afirma que ha cumplido casi en su totalidad con los puntos de la condena de 2009.
En un informe que el Instituto Federal del Acceso a la Información y Protección de Datos hizo conocer en febrero, las autoridades enumeran que se cumplió con la publicación de la sentencia, el acto de reconocimiento público, el memorial a las víctimas, la reparación del daño a las familias, y la publicación de una página web con datos de mujeres desaparecidas en Chihuahua.
El Estado mexicano dice también que se ha creado y actualizado una base de datos con los lineamientos establecidos por la CorteIDH. Por todo lo anterior, el gobierno pide que se den por «cumplidos» los puntos de la sentencia.
Respecto a las pesquisas por los asesinatos de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette tres de las ocho mujeres encontradas sin vida en el Campo Algodonero la autoridad destaca la captura (por cuarta ocasión desde 2001) de Eduardo Chávez Marín, presunto homicida de Esmeralda.
En los otros crímenes, el gobierno apunta que se indaga, al igual que hace 10 años, el entorno familiar de las víctimas y sus amistades.
Mientras el Estado mexicano insiste en que el feminicidio se está erradicando en Chihuahua, niñas y mujeres siguen desapareciendo y siendo asesinadas.
* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias de Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
