La nacionalización de Bankia -el cuarto banco español- y su matriz BFA ha levantado la polémica y destapado el fracaso de la reforma financiera decretada por el gobierno de Mariano Rajoy el pasado 3 de febrero. La insuficiencia de la reforma y la desconfianza de los inversores, así como las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) y de la Unión Europea (UE), han obligado al gobierno a decidir, el 11 de mayo, una nueva reforma destinada a dar credibilidad y solvencia, definitivamente, al sistema financiero nacional.
Las medidas adoptadas obligan a los bancos a fuertes provisiones, con el apoyo de fondos públicos si fuese necesario, y a segregar en sociedades inmobiliarias (sucedáneos de los bancos malos) los activos inmobiliarios tóxicos. Sin embargo, y a pesar del apoyo explícito del BCE y la UE, existen dudas sobre la suficiencia de las medidas recién adoptadas.
La nacionalización de BFA-Bankia el nueve de mayo y la nueva reforma han dado lugar a un cruce de acusaciones de culpabilidades. El gobierno del Partido Popular (PP) y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se acusan de utilizar dinero público para salvar a los bancos. La realidad es que en esto nadie está libre de pecado. Ningún gobierno puede permanecer impasible ante la caída de un gran banco -esos que entrañan riesgos sistémicos- porque podría desencadenar un efecto contagio y hundir el conjunto del sistema financiero.
El precedente gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero acudió con cuantiosos recursos públicos en ayuda de los bancos con problemas. Y lo hizo con el apoyo del PP, entonces en la oposición. Por la misma razón, el PSOE apoyó al gobierno de Mariano Rajoy en la reforma financiera de febrero.
En cuanto a BFA-Bankia, desde el entorno gubernamental se responsabiliza del desastre a la falta de vigilancia del Banco de España, que pocos meses antes había aprobado las cuentas de la entidad. Sin embargo, ésta ha estado gestionada y controlada desde 1996 por el PP. Su último presidente, Rodrigo Rato, exvicepresidente y exministro de economía de los gobiernos de José María Aznar y ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha visto obligado a dimitir.
El asunto de fondo es el fracaso de la reforma del 3 de febrero, ya que su objetivo principal, el saneamiento del sector financiero, sigue pendiente de cumplir. No sólo no ha logrado devolver a la banca su función crediticia, sino que generó la desconfianza de los mercados, de la UE y del FMI. De forma que el problema financiero, centrado principalmente en los activos del inmobiliario, constituye en estos momentos el principal y más urgente obstáculo para salir de la crisis.
La estrategia del gobierno en febrero consistió en obligar a los bancos a destinar 50 mil millones de euros a sanear, y a la vez promover fusiones de de entidades malas con entidades más solventes. Se rechazó así la segregación de los activos tóxicos inmobiliarios en un banco malo con el propósito de eludir la impopularidad y el coste político de destinar a ello fondos públicos.
Pero la fórmula resultó lenta, compleja e ineficaz. La cantidad mencionada ha sido claramente insuficiente porque la valoración por los bancos de los activos hipotecarios dañados era superior a la realidad del mercado, como ha sucedido con Bankia y su matriz.
Sin embargo, el gobierno seguía declarándose satisfecho con su reforma. El 7 de abril, el ministro de Economía, Luís de De Guindos, afirmó que España saldrá de la crisis «sin la ayuda exterior». Como si esa ayuda no se estuviera ya produciendo a través de la liquidez a bajo interés proporcionada por el BCE.
Los responsables económicos «vendían» que las mejoras en la prima de riesgo se debían a las medidas de austeridad, cuando la realidad es que si la prima se moderó, se debió a la liquidez vertida por el BCE a partir de diciembre. Se trata de créditos a largo plazo y bajo interés para financiar los bancos pero que en parte importante terminan asumiendo deuda pública que el BCE no puede comprar directamente.
Los bancos españoles destacaron en voracidad por adquirir esos fondos. Sin embargo, el BCE observó que la barra libre de liquidez podía producir un efecto anestesiante para el saneamiento estructural y las reformas de los países beneficiados. Y advirtió que cerraría el grifo. Los expertos señalaron entonces que cuando la liquidez del BCE terminara o se redujera, los países que no hubieran reestructurado a fondo su sistema financiero lo iban a pasar muy mal. A la vista está.
Lo sucedido hasta ahora con la reforma financiera, y no digamos en el caso concreto de Bankia, demuestra que los intereses partidistas y las prisas por tranquilizar a los mercados han originado decisiones improvisadas. Así es hasta el punto de que el propio De Guindos pareció olvidar algunas de sus opiniones como experto anteriores a la entrada en el gobierno, cuando sostenía que había que valorar los activos inmobiliarios según su valor real de mercado y sanear en función del resultado. Es lo que se ha hecho en los países que prefirieron cortar por lo sano. Pero ni el gobierno anterior ni el actual tuvieron la firme voluntad de ir a las raíces políticas del problema.
Finalmente, llegó la hora de rectificar ante un fracaso manifiesto. No ha habido más remedio que reconocer la necesidad de una nueva reforma, aunque con cierta confusión e improvisación y descargando las culpas sobre la herencia recibida y la pasividad del Banco de España.
El consejo de ministros se enfrentó el 11 de mayo a la decisión más difícil que haya tenido que tomar hasta ahora. La recapitalización de la banca con dinero público en un contexto de crecientes dificultades de financiación del Estado y de las autonomías, y de malestar social por los recortes, no resulta fácil ni aún argumentando estado de necesidad.
La reforma obliga a los bancos a segregar en sociedades inmobiliarias los activos inmobiliarios tóxicos y provisionar las pérdidas que afloren tras una tasación independiente y con credibilidad internacional. Incluso deberán ser provisionados los activos no problemáticos. El gobierno exige a la banca que destine 28 mil millones de euros adicionales a cubrir el riesgo inmobiliario. A su vez dispone de 15 mil millones de euros para prestar en bonos convertibles, con un interés del 10 por ciento, a las entidades que no consigan financiarse en el mercado (lo más probable) y necesiten ayuda para cumplir los objetivos marcados. Con todo ello quedará cubierto el 45 por ciento de los 304 mil millones de euros relacionados con el ladrillo
El plan, que cuenta con el apoyo explícito de la UE y el BCE, suscita algunas dudas. Los detalles de cómo se financiarán las sociedades inmobiliarias no se conocen. Y puede ocurrir que los 15 mil millones de euros de la factura final que el gobierno prevé como máximo necesario sean insuficientes para cubrir las nuevas valoraciones. Además, al obligar a provisionar por los activos sanos, se fragiliza al conjunto del sistema financiero, que en muchos casos tendrá que reducir dividendos. La opinión pública lo ve bien pero los accionistas venden. También hay que tener en cuenta que los bancos padecen ya los efectos negativos de la recesión para el negocio en su conjunto.
La nueva reforma supone un gran paso pero será el resultado que obtenga lo que determinará su éxito. ¿Será, como la primera, insuficiente? (FIN/COPYRIGHT IPS)
* Guillermo Medina, periodista y escritor, exdirector del diario YA, exdiputado y expresidente de la Comisión de Defensa del Congreso español.
