En Colombia se aprecian «pocas mejoras tangibles» en derechos humanos, maniobras legales para garantizar impunidad, ataques gubernamentales a sentencias judiciales y la continuación del enfrentamiento armado interno como principal factor de abusos.
Este es el panorama de Colombia que visualiza la organización no gubernamental Amnistía Internacional en su informe anual correspondiente a 2011, emitido este miércoles 23 en su sede central de Londres.
"En su discurso, el gobierno colombiano (de Juan Manuel Santos) ha demostrado un compromiso con los derechos humanos, y es claro que su postura hacia el tema ha sido más constructiva que la del gobierno anterior" del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), señaló a IPS el experto Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia en Amnistía Internacional.
"La comunidad internacional ha dado la bienvenida a lo que interpreta como el compromiso del gobierno con los derechos humanos y al hecho de que el diálogo con las organizaciones humanitarias es más respetuoso que en el pasado", afirmó.
"Sin embargo, creo que sigue muy consciente de las serias dificultades que Colombia aún afronta en materia de derechos humanos, y del hecho de que sucesivos gobiernos colombianos han fracasado en implementar medidas contundentes y efectivas para poner fin a los abusos", sostuvo Pollack.
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"La situación de los derechos humanos sigue siendo crítica (en Colombia). El aumento de los homicidios de personas vinculadas al tema de la restitución de tierras ha sido particularmente preocupante", añadió, en referencia a uno de los programas bandera del gobierno de Santos.
El informe de Amnistía subraya que el principal factor para las violaciones a los derechos básicos es la propia continuación de la longeva guerra que libran fuerzas estatales, paramilitares de ultraderecha y guerrillas de izquierda.
El conflicto armado interno sigue afectando "los derechos humanos de la población civil, especialmente de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los dirigentes comunitarios y los sindicalistas", indica.
En 2011 fueron asesinados, según Amnistía, "al menos 29 sindicalistas y más de 45 defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios, muchos de los cuales trabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras" usurpadas por paramilitares.
Tras una desmovilización parcial, los paramilitares remanentes ahora son llamados "Bacrim" (por bandas criminales) y siguen actuando con la tolerancia de la fuerza pública en algunas regiones.
Dependiendo de la correlación de fuerzas en cada lugar, el centro de análisis Nuevo Arco Iris indica que las Bacrim comparten en otras zonas territorio y rentas ilegales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Todas las partes siguen perpetrando ataques contra civiles, remarca Amnistía Internacional.
"La impunidad persistió en la gran mayoría de los casos, exacerbada por los homicidios de testigos, abogados, fiscales y jueces, así como por las amenazas contra ellos", anota más adelante.
La organización humanitaria con sede en Londres alerta, luego, sobre reformas legales en curso "que permitirían a autores de abusos contra los derechos humanos, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, beneficiarse de amnistías de facto".
Al respecto, Pollack advirtió ante IPS que "varias propuestas que se debaten en el Congreso (legislativo) y que son apoyadas por el gobierno, como la reforma a la justicia militar y el marco legal para la paz, marcarían, si se aprueban, un reverso a los pocos avances que se han logrado en los últimos años para llevar ante la justicia a por lo menos algunos victimarios".
Amnistía señala que una de estas reformas pretende "ampliar el papel del sistema de justicia militar en la investigación de violaciones de los derechos humanos en las que estuvieran implicadas las fuerzas de seguridad".
Pero la justicia penal militar no tiene buena reputación entre estos activistas porque, como lo expresa la propia Amnistía, cierra "sistemáticamente este tipo de investigaciones sin esforzarse seriamente en hacer rendir cuentas a los responsables".
En caso de aprobarse, estas medidas "serían contrarias a las normas internacionales de derechos humanos", pues son conductas que deben juzgar tribunales civiles, advierte.
Anota también que volvieron a aumentar en Colombia los "falsos positivos", como se llama a las ejecuciones extrajudiciales de inocentes que militares reportan como guerrilleros ultimados en combate, para obtener prebendas y ascensos.
Aunque hace decenios que defensores colombianos de los derechos humanos registran estos casos, solo la intervención diplomática de la comunidad internacional en 2008 logró ponerle freno a la explosión de esta práctica durante los gobiernos de Uribe.
"En la primera mitad de 2011 se tuvo noticia de por lo menos 17 ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad", detalla el informe divulgado este miércoles.
La cifra supuso un aumento respecto de 2010, cuando se conocieron 12 ejecuciones. En 2008 fueron contabilizadas 213.
La mayoría de los 1.741 falsos positivos registrados en 23 años, incluidos los que investigaba la Fiscalía General de la Nación, "siguieron sin resolverse", registra Amnistía.
"Hubo avances en un número limitado de casos clave de derechos humanos", destaca la organización humanitaria.
Pero esta ilustró la afirmación con dos casos en los que Santos atacó a los jueces que se atrevieron a sentenciar a violadores de derechos humanos.
Uno ocurrió en abril de 2011, cuando una jueza condenó al general retirado Jesús Armando Arias a 35 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas en 1985, luego de que el ejército recuperó el Palacio de Justicia que había sido tomado por la guerrilla nacionalista M-19, disuelta en 1990.
"Tanto el gobierno como el alto mando militar criticaron públicamente las condenas de Jesús Armando Arias Cabrales y del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, condenado en 2010 a 30 años de prisión en el mismo caso", registró Amnistía.
La confirmación de segunda instancia de la sentencia a Plazas, en febrero pasado, también fue atacada por Santos.
En marzo de 2011 fue muerta a balazos en el oriental departamento de Arauca la jueza que presidía la causa contra un oficial militar acusado de violar a una niña, violar y asesinar a otra y asesinar a los dos hermanos de ésta, recuerda el informe.
La familia de los tres hermanos fue amenazada y huyó de la región. Aunque el caso es un crimen común, asumió la defensa del militar una organización no gubernamental de abogados especializados en apoderar uniformados y que tiene sus sedes dentro de instalaciones del ejército.
"Hubo pocos progresos en el proceso de justicia y paz", dice Amnistía en referencia a un marco legal de 2005 para unos 3.000 paramilitares desmovilizados y que les exige confesar "toda la verdad" a cambio de un máximo de ocho años de prisión por delitos atroces.
Al finalizar 2011, "sólo 10 paramilitares habían sido declarados culpables en aplicación del proceso y la mayoría de ellos tenían recursos pendientes contra sus condenas", se anota el documento.
Otros presuntamente 27.000 paramilitares rasos desmovilizados nunca fueron investigados y se beneficiaron de "amnistías de facto", se agrega en el informe, a partir del aval dado en febrero de 2011 por la Corte Constitucional a la Ley 1424.
Dicha ley prevé que estos paramilitares subalternos firmen un denominado Acuerdo de Contribución Histórica a la Verdad y la Reparación, por lo cual reciben "amnistías de hecho", advierte el informe.
